Programa […] se burla de los españoles y apoya la usura rentista

Alquiler a 968 € y sueldo joven a 1.055 €: la cuenta que no cierra​

Según un cálculo que circula en el debate, el precio medio del alquiler se ha disparado hasta los 968 euros tras una subida histórica del 40,7%, mientras el salario medio de los menores de 30 años apenas alcanza los 1.055 euros, un 6,10% más que el año anterior. La suma de suministros básicos añade otros 163 euros mensuales. Con esas cifras sobre la mesa, la edad media de emancipación en España se habría estirado hasta los 30,4 años. La brecha entre lo que cuesta un techo y lo que ingresa quien lo necesita no es un problema de percepción: es aritmética.

El asunto saltó a la conversación pública cuando una colaboradora de televisión reconoció que el problema es «gravísimo» y, acto seguido, dedicó su intervención a atacar a quienes habían salido a manifestarse. Ese giro —diagnóstico dramático, desprecio al manifestante— resume una parte del tono con que se discute la vivienda en España. Y abre una pregunta incómoda: ¿a quién beneficia que el foco esté en el inquilino que protesta y no en el precio que paga?

¿Por qué sube el alquiler si hay más inquilinos que nunca?​

La explicación más repetida en foros económicos apunta a un doble efecto. Por un lado, la oferta se retrae: parte del parque de alquiler sale del mercado cuando el propietario percibe más riesgo. Por otro, quien sigue alquilando traslada esa prima de riesgo al precio. El argumento, formulado con crudeza, es que el aumento del riesgo percibido —impagos, desperfectos, cambios legales— empuja a muchos pequeños propietarios a retirar su vivienda.

Los datos globales no desmienten esa tensión. Entre 2015 y 2024 los precios del alquiler han subido un **54% en Estados Unidos**, un **32% en China** y cerca de un **15% en la UE**, según el material que circula en el debate. No es un fenómeno español: es una plaga internacional. Ciudades antes asequibles se han encarecido hasta rozar niveles insostenibles, y las políticas desplegadas para aumentar la oferta y regular los alquileres han tenido, hasta ahora, un impacto limitado.

El tope al alquiler y sus agujeros legales​

La ley que topa los alquileres en zonas tensionadas no es la panacea que algunos vendieron. Los topes se aplican únicamente a viviendas que no hayan sido alquiladas en los últimos cinco años o a las que salgan por primera vez al mercado. Una vivienda que ya estuvo alquilada en ese periodo puede mantener el precio de su último contrato, sin subir más. Traducido: el tope no rebaja lo que ya estaba por las nubes.

Esa arquitectura legal deja fuera a buena parte del parque existente y explica por qué la medida no ha frenado la escalada. Hay quien sostiene que el problema no es la falta de regulación sino la falta de ladrillo: sin un parque público suficiente —y construirlo llevaría lustros—, cualquier tope se queda corto. El cálculo más optimista asume que la oferta reaccionará; el escenario pesimista parte de que el pequeño propietario seguirá saliendo del mercado.

«Ni este gobierno ni el que venga van a terminar con la propiedad privada»​

La discusión derivó pronto en un choque de trincheras. Una corriente sostiene que el objetivo real de cierta izquierda no es que los grandes fondos rebajen sus alquileres por ley, sino quitarle el piso al que tiene dos o tres para dárselo al que no tiene ninguno. El argumento añade que con los grandes tenedores poco se puede hacer y que el foco puesto en el pequeño propietario —con sueldos medios declarados de 40.000 a 45.000 euros anuales— es una cortina de humo.

Enfrente, otra corriente responde que los partidos que gobiernan con el sello de la derecha son los representantes de los grandes rentistas y promotores, y que el PSOE se somete de hecho a lo que digan esos mismos actores aunque de palabra diga otra cosa. Mientras esos tres pilares sostengan la batuta, concluyen, la vivienda en España seguirá siendo más un bien de inversión que un derecho de la ciudadanía.

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Hay un detalle histórico que suele descolocar a los defensores más ardientes del mercado libre de alquileres: durante el franquismo se congelaron los alquileres y se convirtieron los contratos en indefinidos y heredables, con rentas antiguas que pasaban de padres a hijos. Quien lo recuerda en una discusión sobre vivienda suele recibir dos reacciones: el silencio o el patatús. La memoria selectiva del intervencionismo funciona así.

¿Se puede culpar al inquilino que protesta?​

No. Y sin embargo, parte del relato público ha deslizado que quienes se manifiestan son un grupo de privilegiados disfrazados de víctimas. La respuesta más común en los foros de economía es que un supuesto preocupado por el precio de la vivienda que dedica su tiempo a sabotear legalmente la construcción de más casas no está preocupado por el precio: está preocupado por otra cosa. La contradicción, cuando menos, invita a preguntar qué se propone en lugar de construir.

El argumento de la oferta tiene su propia trampa. Si los pequeños propietarios salen del mercado, todo el que no tenga un piso en propiedad y pretenda alquilar uno lo tendrá muy difícil. Construir un parque suficiente llevaría varios lustros. Y mientras tanto, el propietario que queda —cada vez más informado— selecciona a sus inquilinos con criterios que excluyen a los perfiles que percibe como vulnerables.

El punto exacto donde el análisis se atasca​

Con estos diferenciales —968 euros de alquiler frente a 1.055 de salario joven, más 163 de suministros—, la emancipación a los 30,4 años debería ser el gran tema de campaña. No lo es. La discusión se ha instalado en la trinchera: unos señalan al rentista, otros al okupa, otros al gobierno, otros al que protesta. Nadie ha presentado todavía un cálculo que cuadre la cuenta. Y sin esa cuenta, el próximo año el alquiler volverá a subir y el salario joven, con suerte, un 6,10%.