Llamada a filas: desertar, huir a Portugal o buscar la baja médica
La pregunta no necesita decreto ni fecha; basta con imaginarla. Mañana llega el papel de una movilización obligatoria y ¿qué hace usted? Puesto el escenario, las respuestas se reparten entre tres salidas —marcharse, negarse o cumplir— y una cuarta que no figura en ningún manual de instrucción: cambiar de bando. El inventario de partida es todo menos heroico.
Las Fuerzas Armadas españolas reúnen 120.000 efectivos, de los que solo 70.000 son tropa, y el Ejército cuenta con dos divisiones completas operativas. Con esa base, una hipotética llamada a filas dejaría de ser un tema de sobremesa y pasaría a ser aritmética pura.
¿Cuántos soldados y con qué arsenal?
El material con el que se contaría tampoco invita al optimismo.
España dispone de 45 misiles Taurus, una cifra que, según los cálculos que se manejan, no daría ni para una mañana de conflicto abierto. La comparación de costes es todavía más incómoda: lanzar un misil de largo alcance sale por
5 millones de euros, mientras que el misil de crucero ruso equivalente no llega a
400.000. Al otro lado, la producción de munición rusa multiplica por diez la europea, la aviación y la armada alemana no alcanzan el 30% de operatividad y el país al que se supone que se planta cara acumula 6.500 cabezas nucleares.
Hay quien sostiene que ese desequilibrio industrial es precisamente lo que haría inviable enviar españoles al frente. Y hay quien replica con la otra mitad del dato: un ejército con miles de ojivas atómicas lleva meses atascado en una guerra de terreno llano contra un país que no figura entre las potencias militares. Las dos lecturas conviven sin reconciliarse.
Portugal, el monte y los vuelos que no figuran en la lista
La primera reacción mayoritaria no es militar, es logística. Irse antes de que llegue el papel.
Puede salir por Portugal y coger el vuelo allí, apunta una de las fórmulas más repetidas, con la ventaja de que el trayecto se hace por carretera y sin aduana visible. Otros prefieren no cruzar ninguna frontera: desaparecer en cualquiera de los bosques del país, en la España vacía, en una casa de campo con agua y huerto. También aparecen destinos con conocidos previos —Ecuador, Paraguay— y el argumento de que quien emigra a un país menos dependiente de la energía y las materias primas escasas no supone ninguna pérdida estratégica para nadie.
La idea de fondo es la misma en todos los casos: que la obligación se diluye cuando desaparece el cuerpo al que reclamar. Y una frase resume mejor que ninguna el cálculo: de la cárcel se sale; de una trinchera extranjera, no.
¿Quién tendría la puerta abierta a la exención?
Aquí el razonamiento se vuelve más cínico y, a juicio de muchos, más realista. La baja médica aparece como la respuesta más obvia y la menos heroica: quien no supera el reconocimiento queda fuera, y se especula con que la cifra de personas con problemas de salud acreditados podría moverse en el entorno del millón. A eso se suman los funcionarios declarados esenciales, los empleados de empresas estratégicas y quienes, simplemente, tienen recursos para pagar un soborno o un abogado.
Una parte de la conversación sostiene que ese sería el verdadero filtro: no la aptitud física, sino la posición en la estructura. Los sectores con menos renta y menos contactos llenarían los camiones; las élites, en el mejor de los casos, se pasearían por el extranjero en coche de lujo. También se especula con cupos territoriales reducidos para comunidades con peso político y con un uso discrecional de los datos personales a la hora de confeccionar las listas.
El pueblo como fortaleza
El escenario que más inquieta no es individual, sino colectivo. Si la autoridad intentara reclutar puerta a puerta en un municipio pequeño, el resultado, según varias de las hipótesis que circulan, sería el vacío absoluto: nadie ha visto nada, no hay testigos, no hay listas. La referencia histórica que aparece es Casas Viejas, y el cálculo que la acompaña es demográfico: si algo así ocurriera en 50 o 60 pueblos el primer día, no habría efectivos suficientes para repetirlo.
Los números, esta vez, están del lado del argumento. Una fuerza armada de 120.000 personas, con 70.000 de tropa y buena parte en funciones técnicas, no tiene capacidad de ocupar medio país y sostener un frente a la vez. La desobediencia en masa, el apagón administrativo y la simple pasividad organizada bastarían para que la llamada a filas se quedara en un montón de cartas sin respuesta.
Hacia dónde apuntaría el fusil
Queda la salida menos confesable y la que más veces se insinúa: aceptar el uniforme —o mejor, el
chopo— y decidir después. Un arma en la mano es un arma en la mano, y en ese escenario la lista de objetivos cambia de orden. Una parte del argumento sitúa al enemigo oficial en un segundo plano y pone por delante a los responsables políticos y militares de la movilización, o directamente la opción de pasarse al otro lado con la información y el equipo puestos.
No hace falta compartir esa lógica para reconocer que describe un problema de legitimidad, no de logística. Quien no se siente representado por la causa que se le pide defender no combate por ella: cumple, deserta o espera el momento.
Con una salvedad que sería la primera en quedar retratada en la cartilla militar. El recluta medio descrito en todo este escenario no es un joven en forma: tiene 45 años, fascitis plantar, miopía y un diagnóstico probable de ansiedad crónica.
Conmigo no contéis, viene a decir esa mitad del país. Y no por convicción ideológica, sino porque sencillamente no está para ello.