San Francisco: cuando robar sale gratis, el comercio se marcha
San Francisco ha pasado de
873.000 habitantes en 2020 a 808.000 en 2022. Al mismo tiempo, supermercados y tiendas de proximidad han ido echando el cierre por barrios enteros. El coste del hurto impune y el de un
alquiler comercial alto han hecho que muchas cadenas, sencillamente, dejen de ver negocio. La ciudad que fue escaparate del desarrollo tecnológico se queda sin dónde comprar.
¿Por qué cierran los supermercados de proximidad?
La cadena de causa y efecto que más se repite tiene que ver con la impunidad del robo menor. Las empresas
instruyen a sus empleados y vigilantes para no intervenir ante un hurto: si el empleado obstaculiza físicamente al ladrón y este resulta herido en el forcejeo, la demanda puede caer sobre el establecimiento. La policía maneja una cifra que redondea el problema:
menos del 3% de los robos denunciados acaban en juicio. Traducido: la probabilidad de que robar en una tienda tenga consecuencia jurídica es muy baja.
El margen de un supermercado de barrio no absorbe eso. Una cadena grande puede asumir pérdidas temporales en un punto concreto; un comercio pequeño no tiene esa red. Y a la cuenta del robo se suman los
alquileres inasumibles. Hay quien sostiene que algunos propietarios no tienen ningún interés en que el local siga abierto, porque el activo vale más por revalorización del suelo que por la renta que produce.
La ley que convierte el hurto en un coste de explotación
El marco legal es la pieza que más se cita. Una norma conocida por el nombre —paradójico, según las lecturas críticas— de
Ley de Vecindarios y Escuelas Seguros reduciría las consecuencias penales de los hurtos por debajo de cierto umbral y habría despenalizado de facto el robo menor. Bajo ese paraguas, el hurto deja de ser un delito con castigo previsible y pasa a ser un coste operativo más, como la factura de la luz.
Con ese panorama, el cierre de establecimientos no es una decisión ideológica del comercio. Es aritmética.
Cinco décadas de gobiernos demócratas y 34 años como ciudad santuario
Los datos de contexto apuntan a una continuidad política larga. Desde
1968 todos los alcaldes de San Francisco han sido demócratas. Desde
1989 la ciudad tiene estatus de ciudad santuario: sus funcionarios no colaboran con las autoridades federales de inmigración.
La relación entre esa continuidad política y el cierre del comercio es donde el debate se rompe. Para una parte del análisis, el desastre es consecuencia directa de las políticas progresistas: más impuestos, más regulación, menos castigo efectivo al delito. Para otra, esas políticas son solo el decorado y el verdadero motor está en manos de propietarios e inversores que se benefician del desorden.
La despoblación: 873.000 a 808.000
La cifra que mide el fenómeno no es la del comercio, es la del padrón. La ciudad ha perdido población en los últimos años y hay quien lee esa caída como adelanto de un ciclo: primero se va la buena gente, después los negocios, después los que quedan. Texas ha captado parte de ese flujo empresarial.
También hay quien recuerda la tesis de
Freakonomics sobre la relación entre la legalización del aborto y la caída de la criminalidad en los años noventa. La tesis no es pacífica —se apoya en las estimaciones de Levitt y Dubner, con material del NBER y de la Universidad de Chicago— pero da una idea de la capa de complejidad que el debate admite.
El pronóstico: ¿el próximo Detroit?
La comparación con Detroit aparece en el análisis como advertencia. Detroit es el símbolo histórico de la ciudad que pierde población, industria y servicios en espiral. Quienes trasladan el símil a San Francisco sostienen que el camino es el mismo con causas distintas: el coste de vida, la impunidad del hurto y la pérdida de servicios básicos.
No es una tesis unánime. También hay lecturas que recuerdan que San Francisco sigue siendo un polo tecnológico de referencia y que los anuncios de mudanza de empresas conviven con la llegada de otras. En ese pulso, el dato duro es el padrón y la foto del comercio cerrado.
El punto exacto donde el análisis se atasca es el precio de la vivienda. Si la ciudad pierde residentes y cierra comercios, la lógica económica básica dictaría una corrección del metro cuadrado. No la hay en la magnitud esperada. Los pisos siguen entre los más caros del país. Nadie cierra ese círculo: cómo conviven la despoblación, el cierre comercial y unos precios inmobiliarios intocables.