Sánchez dice que la deuda de los catalanes la paguemos todos

La propuesta de quita de deuda catalana divide el debate fiscal​

La condonación de parte de los setenta mil millones de deuda de Cataluña con el Fondo de Liquididad Autonómica no es un ajuste contable. Es un rediseño político del pacto territorial que expone, de golpe, las grietas de un sistema de financiación que ya no se sostiene por sí mismo. El mecanismo barajado por el PSC y avalado por el Ejecutivo pasa por aplicar un coeficiente de condonación que, en teoría, podría extenderse a otras comunidades. La matemática es brutal si se traslada a la base imponible nacional: cada ciudadano fuera de Cataluña asumiría un coste directo de mil setecientos cincuenta euros, lo que se traduce en siete mil euros por familia media. El debate no gira en torno a la solidaridad, sino a la eficiencia y a la legitimidad del gasto público.

La matemática de la condonación y el impacto per cápita​

El FLA no es un fondo de rescate, es un instrumento de liquidez que se convierte, con el tiempo, en deuda estructural. La Generalitat adeuda al Estado una cifra que ronda los setenta mil millones, un volumen que ha crecido exponencialmente durante la última década. Si se aplica la condonación propuesta, el impacto se distribuye sobre la población española, pero la carga recae desproporcionadamente en las regiones que ya operan con déficits propios. Los críticos del modelo señalan que la administración catalana acumula un déficit anual que supera los quince mil millones, una cifra que, a cinco años de amortización, exige un esfuerzo fiscal sin precedentes en las regiones no concertadas. La ironía es que, mientras se debate la condonación, el gasto en infraestructura administrativa y medios públicos autonómicos, como la televisión TV3, consume mil millones anuales. El dinero no aparece de la nada. Se traslada.

El modelo de caja común frente al concierto económico​

La comparación con el Concierto Económico vasco y el Convenio navarro es inevitable, pero también insuficiente. El sistema actual permite que las regiones más ricas gestionen sus recursos con mayor autonomía, mientras que el resto opera bajo una caja común donde la solidaridad es obligatoria. Quienes argumentan que pagar a otras comunidades es un acto de robo forzado, ignoran una realidad contable sencilla: los impuestos no los pagan los territorios, sino las personas y las empresas. La desigualdad en la recaudación no anula la obligación de financiar servicios públicos universales, pero sí plantea una pregunta incómoda sobre la rentabilidad de la inversión pública. Si una región gasta más de lo que genera y el Estado absorbe el diferencial, el modelo deja de ser solidario para convertirse en un mecanismo de transferencia que desincentiva la eficiencia fiscal. La demanda de un régimen fiscal idéntico al vasco o navarro choca con la realidad demográfica y económica: no todas las regiones tienen la misma base imponible ni la misma estructura productiva.

Rescates, aplazamientos y la sombra de 2011​

El FLA no es un invento reciente. Su activación en 2011, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, marcó un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la Generalitat. Desde entonces, la deuda autonómica ha crecido de forma exponencial, alimentada por la expansión del aparato administrativo y el gasto en infraestructuras de dudoso rendimiento económico. La condonación propuesta no borra el pasado, sino que lo traslada al futuro. Los mercados no ignoran que una deuda no pagada se aplaza, no se elimina. La viabilidad fiscal de cualquier comunidad depende de su capacidad para generar riqueza, no de la generosidad de sus vecinos. Cuando el Estado asume el pago de los desajustes estructurales de una región, envía una señal clara: el riesgo moral se internaliza. Y cuando el riesgo moral se internaliza, la disciplina fiscal desaparece.

Control presupuestario o referéndum territorial​

Ante la impotencia del sistema actual, surgen propuestas radicales: un referéndum vinculante sobre el modelo de financiación o la imposición de un control presupuestario que centralice el visto bueno de cada euro público en Cataluña. La primera opción choca con la rigidez constitucional y el miedo a la fragmentación del Estado. La segunda, con la autonomía regional y los tribunales. Lo que sí queda claro es que la negociación política ha sustituido a la disciplina fiscal. Cuando la estabilidad del Gobierno se mide con el apoyo de formaciones independentistas, el presupuesto deja de ser un documento técnico para convertirse en una moneda de cambio. La condonación de deuda es, en esencia, un pago por mantener el statu quo. Un precio que, si se paga sin reformas estructurales, solo encarece la próxima crisis.

El precio de la gobernabilidad y el riesgo moral​

El contexto político actual no es un telón de fondo, es el motor de la propuesta. El Ejecutivo baraja esta medida para asegurar el apoyo parlamentario de Junts y ERC, un cálculo que traslada el coste fiscal a la ciudadanía a cambio de estabilidad institucional. La narrativa de "parar a la extrema derecha" justifica, en la lógica del Gobierno, cualquier concesión. Pero la economía no perdona las incoherencias. Cuando se condona deuda sin un plan de ajuste estructural, se premia la mala gestión y se castiga la disciplina fiscal. El coeficiente de condonación, si se abre a otras comunidades, no resolvería el problema de fondo: la falta de correlación entre gasto y recaudación. Al contrario, lo normalizaría. La historia económica reciente demuestra que las deudas que se aplazan hasta el infinito no desaparecen, se refinancian. Y cuando el refinanciamiento deja de ser viable, el ajuste llega con violencia. La pregunta no es si se puede pagar, sino si se debe pagar. Porque pagar sin condiciones es, en última instancia, subvencionar el incumplimiento.

La condonación de deuda catalana no es un error contable, sino una decisión política que prioriza la gobernabilidad sobre la sostenibilidad. Si el pacto territorial se mantiene sin reformas estructurales, la próxima crisis no llegará por falta de liquidez, sino por falta de legitimidad. El sistema seguirá funcionando, pero el coste de mantenerlo en pie ya no lo pagará solo quien lo rompió.