Tasas de delitos segun el ine distinguiendo españoles, jovenlandeses y sudamericanos

El INE desglosa los delitos por origen y el dato incomoda​

Un gráfico con la tasa de delitos por cada 100.000 personas en 2023, diferenciando entre españoles, americanos y africanos, desató una cascada de reacciones que va mucho más allá del dato en sí. La estadística, difundida a partir de los registros del Instituto Nacional de Estadística, muestra una brecha pronunciada entre colectivos. Y ahí empieza el problema: qué mide exactamente ese número, a quién incluye y qué se deja fuera.

El dato circuló con la etiqueta de «escándalo» y la petición expresa de que se hiciera llegar a determinados partidos. En pocas horas, la conversación derivó hacia dos trincheras: quienes lo leen como prueba definitiva de un problema de seguridad asociado a la inmigración y quienes sostienen que la cifra, tal cual, no explica nada sin desagregar edad, renta y situación laboral.

Qué mide realmente la tasa de delitos por nacionalidad​

El primer escollo es metodológico. La estadística cruza detenciones o infracciones con nacionalidad, pero no con edad ni con nivel de renta. Una parte del análisis lo señaló de inmediato: los españoles de las residencias de mayores difícilmente delinquen, y esa franja de población, muy numerosa, diluye la tasa del grupo autóctono. Sin control de edad, cualquier comparación entre colectivos con pirámides demográficas distintas sale sesgada.

Hay quien añade un segundo filtro: dentro de la categoría «españoles» entran nacionalizados y nacidos en España de origen extranjero, lo que mezcla culturas y orígenes bajo una misma etiqueta. La propuesta que circula es desglosar aún más —magrebíes, África subsahariana, asiáticos, pakistaníes— y separar también por tipo de delito. Con ese nivel de detalle, sostienen, las diferencias se agrandarían en determinadas categorías.

El tercer frente es la comparación internacional. Los estudios sobre inmigración y delincuencia en Estados Unidos, citados con enlace a organismos de investigación y a un trabajo que cubre 150 años de datos, apuntan en dirección contraria: los inmigrantes delinquen menos que la población nativa y contribuyen a bajar la tasa global. Ese contraste, lejos de zanjar el asunto, lo complica.

La precariedad como variable y el contraejemplo alemán​

La segunda línea de fricción es socioeconómica. Se argumenta que la precariedad del mercado laboral español —salarios bajos frente a un coste de vivienda desproporcionado— empuja a la exclusión y, con ella, a la delincuencia. La comparación con la emigración española a Alemania en los años sesenta y setenta es recurrente: se llegaba con contrato, sindicatos fuertes y un alquiler que absorbía una fracción pequeña del salario.

La contraargumentación es directa: si la precariedad fuera la causa principal, todos los colectivos migrantes sometidos a condiciones similares delinquirían igual. Y no ocurre. Hay grupos que llegan con capital inicial, red familiar y plan económico, y su conflicto con la ley es de otra naturaleza. La miseria de la posguerra española, con delincuencia casi nula, se usa como contraejemplo de que pobreza y delito no van siempre de la mano.

La batalla por la narrativa: prohibir el dato​

En el trasfondo aparece una discusión política: si la estadística resulta incómoda, la salida puede ser dejar de producirla. Se menciona el caso francés, donde la legislación limita los recuentos por origen étnico, y se especula con que esa sea la vía para que no exista prueba estadística del fenómeno. Es la hipótesis que más recorrido tuvo en la parte final de la conversación.

Mientras tanto, el dato base sigue siendo el mismo: el 77% de los criminales registrados en España son nacidos en España, según la primera respuesta que aparece al buscar estadísticas de criminalidad por nacionalidad. La paradoja es evidente: la misma fuente que se usa para señalar a unos sirve para exculpar a otros, según cómo se lea.

El problema de la probabilidad condicionada​

El nudo estadístico está en distinguir frecuencia absoluta de probabilidad condicionada. Que la mayoría de los delitos los cometa población autóctona es compatible con que la tasa por habitante sea más alta en un colectivo minoritario. Son dos lecturas del mismo registro y ninguna es falsa por separado. El malentendido, sin embargo, alimenta la discusión.

A esto se suma un sesgo de exposición: los delitos cometidos por migrantes tienen más probabilidad de acabar en detención y de generar registro estadístico, mientras que parte de la criminalidad autóctona se resuelve por otras vías. La cifra no es un espejo perfecto de la realidad, es un subproducto administrativo.

¿Cuánto de la brecha es cultura, cuánto es edad, cuánto es renta y cuánto es sesgo de registro? Nadie en la conversación logró separar las cuatro variables. Y sin esa separación, el gráfico seguirá sirviendo para lo que sirve: para confirmar a cada uno lo que ya pensaba.