Tiene Israel derecho a existir? Los sionistas compraron tierras

Comprar tierra no funda un Estado: el caso de Israel​

La propiedad judía en la Palestina bajo mandato británico se situaba, según las cifras que se repiten en este litigio, en torno al 7% de la tierra, con cerca de un tercio de la población. El plan de partición que la ONU puso sobre la mesa en 1947 asignaba al futuro Estado judío el 56% del territorio. Ese salto —de minoría propietaria a dueña de más de la mitad del mapa— es la grieta sobre la que lleva décadas discutiendo quien se acerca al asunto. Si la compra de tierras legitimara por sí sola la soberanía, cualquier comprador extranjero podría proclamar un Estado en el jardín de su casa. La discusión, sin embargo, no se agota ahí: hay quien sostiene que ese 7% nunca se demostró con escrituras y quien responde que el problema no es cuánto se compró, sino cuánto se expropió después.

¿Cuánta tierra compraron realmente los sionistas?​

La tesis de partida es que los primeros colonos judíos compraron las tierras y las repoblaron, y que ese gesto les da derecho a existir allí. Frente a eso, la objeción que recorre la discusión es que adquirir suelo en un país ajeno otorga derechos dentro de la legalidad vigente, no la potestad de mandar en él ni de expulsar a sus nacionales. El ejemplo que se lanza es el de los alemanes que compran propiedades en Mallorca: nadie espera que declaren la isla un estado independiente.

El contraargumento no es menor: la tierra, se dice, es de quien la trabaja, y el desierto floreció. Queda por verificar el punto que algunos exigen y nadie aporta: las escrituras de esas compras. La cifra que se maneja —ese 7%— procede de estimaciones sobre el reparto de la propiedad, no de un registro único.

1947: una partición con Jerusalén internacional y unión aduanera​

Conviene precisar qué aprobó la ONU. No proclamó ningún Estado: propuso dividir Palestina en dos administraciones estatales con unión económica y aduanera, manteniendo Palestina como marco común y Jerusalén como ciudad libre bajo control internacional. La resolución de la Asamblea General no era vinculante y, sobre el papel, regalaba el Negev a la parte judía sin demasiada explicación.

El reparto propuesto daba el 56% del territorio a un colectivo que era un tercio de la población y poseía alrededor del 7% del suelo. De ahí el rechazo palestino, que no pedía el 100% por capricho, sino porque consideraba el plan un despojo. Al expirar el mandato británico, el Estado de Israel se proclamó por su cuenta e inició, según el relato que domina una parte del análisis, un proceso de expulsión masiva: 750.000 palestinos desplazados y unas 700 poblaciones arrasadas. Hay quien lo llama limpieza étnica y quien lo discute; lo que no se discute es que el mapa posterior no se corresponde con el reparto de la propiedad previa.

El pulso por la antigüedad: de los filisteos al libro de 1714​

La otra gran línea del debate es quién llegó antes. Se recuerda que cananeos y filisteos —los que dan nombre a Palestina— estaban allí antes de las campañas descritas en el libro de Josué, y que tras las revueltas contra Roma los supervivientes no convertidos fueron deportados, lo que explica la Diáspora. La conquista musulmana de la región se fecha en 636-39, cuando ya no quedaban habitantes de religión judía en número relevante.

En el otro extremo se esgrime un libro en latín impreso en 1714: su autor, que dominaba hebreo, árabe y griego, viajó por la zona desde 1695 y catalogó alrededor de 2.500 lugares citados en las fuentes bíblicas y rabínicas. La conclusión que se extrae de él es que la toponimia y la población del territorio no eran árabes. La discusión sobre si eso demuestra algo sigue abierta, y a ella se suma la tesis del historiador israelí Shlomo Sand, que sostiene que el pueblo judío como tal es una construcción y que los descendientes de los antiguos judíos son los actuales palestinos. Como curiosidad, en el debe de los dos bandos también aparece un texto atribuido a Gandhi en 1938 contrario a fundar allí un Estado judío, y un párrafo entero dedicado a los decretos de expulsión de los judíos de España en 1492 —uno breve y otros mecanografiados— que nadie termina de fijar documentalmente.

Oslo 1993 y el marco que sí obliga​

Hay un punto en el que varias corrientes se cruzan sin querer: el derecho a existir del Estado de Israel, el de Palestina y la utilidad de seguir discutiendo quién pisó antes el suelo. Los Acuerdos de Oslo de 1993 los firmaron ambas partes y, según esta lectura, Israel los estaría incumpliendo; aplicarlos resolvería buena parte del contencioso. Quien no cumple lo que firma, se añade, pierde autoridad para dar lecciones.

A eso se opone un realismo incómodo: el Estado de Israel existe, con bastante éxito, y sus habitantes no se van a ir a ningún sitio; si alguien intenta echarlos, tienen medios y voluntad para impedirlo. Discutir su derecho a existir puede ser legítimo o no, pero sobre todo es inútil.

Reabrir 2.000 años de mapas: el precedente que nadie quiere​

La objeción más incómoda para el relato oficial es de coherencia: si un Estado puede justificar sus fronteras en un reino anterior a Roma, nada impide que otros reclamen Granada, Texas o California con el mismo criterio. El resultado sería un desmadre global. A eso se responde que el derecho internacional no funciona así, y que la clave no es la antigüedad sino los tratados vigentes.

La discusión lleva años sin cerrarse. Con esos mimbres, la pregunta de si Israel tiene derecho a existir se responde sola en los tribunales y no se responde en absoluto en la historia. ¿Y si la única cifra que importa fuera esa: cuánto se firmó, cuánto se cumple y quién audita?