Tractoreros: no me engañáis

Tractorada: el campo que presume de patrimonio y vive de la PAC​

¿Se muere de hambre el campo español o vive de la subvención? Las tractoradas que han cortado carreteras y bloqueado mercados han puesto sobre la mesa las dos versiones a la vez, y ninguna acaba de ser falsa. En la misma discusión aparecen explotaciones de 80 hectáreas con 4.000 metros de naves y medio millón de euros en maquinaria, y productores que aseguran no ganar un euro si no trabajan la tierra. La protesta agraria contra la política europea, los costes y las importaciones ha abierto una grieta que va más allá del sector: la de quién paga el campo, para qué y a cambio de qué.

¿Qué patrimonio tiene de verdad el agricultor que protesta?​

La sospecha más repetida no apunta tanto a lo que gana como a lo que ya tiene. Se describe un campo con casoplones, naves inmensas llenas de tractores de última generación, remolques de veinte tipos, todoterrenos, coches de alta gama y furgonetas destartaladas a partes iguales. A eso se suma, en el relato de un participante, un piso en la capital para cada hijo y tierras heredadas de un pariente fallecido que los herederos siguen discutiendo cinco años después. Sobre ese retrato se construye la tesis de que aquí no hay pobreza, hay morro.

La réplica que se da en el hilo es que patrimonio no es lo mismo que renta: una explotación agrícola es inmovilizado caro —maquinaria que se deprecia, naves que se mantienen, hectáreas que no rinden si nadie las trabaja— y su cuenta de resultados anual no se mide por el valor de venta de ese patrimonio. Que el balance cuadre no significa que el negocio cuadre. Ese es el nudo donde se atasca la mitad de la discusión.

Hay quien va más lejos y sostiene que el problema no es el sector, sino la gestión. Se citan el vino de Rioja y Ribera, la conserva riojana o vasca: producciones que se han organizado, han invertido en calidad y hoy generan empleo sin necesidad de pelearse con el vecino. La conclusión implícita es incómoda: si unos pueden, los demás también, aunque solo sea sobre el papel.

¿Por qué se paga a 20 céntimos la naranja que el consumidor compra a 3 euros?​

El diferencial entre el campo y la caja del supermercado es el argumento con más carga emocional de todo el asunto. En el debate se maneja la cifra de 20 céntimos al productor frente a 3 euros en el lineal. De ahí sale la receta que aparece una y otra vez: montar cooperativas de proximidad con venta directa, añadir transformación propia, controlar el canal en lugar de esperar al intermediario de siempre.

El caso concreto que se pone encima de la mesa es el de una nave abierta recientemente que despacha 5 kilos de naranjas por 3,50 euros, con un sabor que el comprador no encontraba desde hacía años. La pregunta obvia es si eso es replicable o es una anécdota simpática que no aguanta una temporada mala.

La letra pequeña aparece en cuanto alguien hace números: las cooperativas locales venden más caro que las grandes cadenas porque no tienen economías de escala. Transportar, almacenar, asumir mermas y despachar no sale gratis, y una estructura pequeña reparte esos costes entre menos kilos. El desglose completo de ese margen, partida a partida, da una cifra que sorprende a quien cree que el intermediario se lo lleva absolutamente todo.

La PAC: sin ayudas, «cualquiera de las producciones es ruinosa», según un participante​

Aquí está el hueso. Uno de los participantes sostiene que cualquiera de las producciones incluidas en la PAC arroja números negativos sin las ayudas. Si eso es cierto, el sector no vive del mercado, vive del presupuesto europeo, y la acusación de proteccionismo deja de ser un insulto para convertirse en una descripción.

El reparto de ese dinero tampoco ayuda. Se denuncia que la concentración avanza: cada vez menos manos, menos variedad de cultivo y una producción que sale fuera mientras el lineal se llena con producto de Marruecos, Sudáfrica, Perú o Argentina. Se apunta que la subvención se ha usado en más de un caso para reformar la casa antes que para mejorar la explotación. Y se recuerda, en el otro extremo, que también hay aparceros y hortelanos para los que la ayuda es la diferencia entre seguir y cerrar.

La propuesta más radical que circula consiste en retirar toda subvención y dejar que el sector se optimice por competitividad. El escollo es estratégico: dejar de producir aquí tiene consecuencias que se notan antes en la cesta de la compra que en el debate ideológico.

Soberanía alimentaria, importaciones y el problema de competir​

El segundo gran bloque del conflicto es la competencia que se percibe como desleal. Se denuncia que al productor local le suben los costes y le prohíben cultivos mientras el lineal se llena de producto importado, y que aun así tiene que competir en precio con él. La pregunta que se repite es incómoda: ¿competir con quién, con fondos de inversión globales, con multinacionales de semillas que además fijan qué se puede sembrar?

En paralelo aparece una simetría que nadie quiere mirar de frente. La industria nacional pidió durante años que se comprara lo fabricado aquí; el propio sector agrario compró durante esos mismos años lo que le salía más barato fuera. Ahora el consumidor hará exactamente lo mismo. La soberanía alimentaria es un argumento sólido en la teoría y muy frágil en la caja del supermercado.

El ruido: funcionarios, macrogranjas y afirmaciones sin pruebas​

La bronca ha saltado de sector. El mismo texto que acusa al campo de vivir del presupuesto público se ha reescrito palabra por palabra contra los empleados públicos, con casoplones, dúplex y tres viajes al año incluidos. El resultado es una guerra cruzada entre dos colectivos que se acusan mutuamente de cobrar de la teta del Estado mientras el resto mira desde la barrera.

A eso se suma el conflicto territorial. Se defiende que instalar granjas cerca del casco urbano está prohibido y que el problema real es el urbanita que se construye un chalé al lado de una explotación preexistente. Otros sostienen lo contrario con su propia experiencia: pueblos con siglos de historia donde la nave ganadera llegó después, y con el bochorno llega también el olor. También hay quien llama a la granja macrogranja y quien la llama industria y empleo, y quien desliza teorías sobre agendas internacionales que no vienen acompañadas de ninguna prueba.

Al final, esto no va de tractores. Va de quién pone el dinero, quién se lleva el margen y quién heredará la tierra cuando ya nadie quiera ararla. Si alguien localiza al agricultor medio de este país —el que no tiene 80 hectáreas, ni piso en la capital, ni camiseta reivindicativa—, que avise: llevamos toda la discusión buscándolo.