trincemos tiene la solución al problema de la vivienda: "prohibir la compra de vivienda si no es para residir y bajar los alquileres un 40% por ley"

Podemos quiere bajar el alquiler un 40% por ley​

¿De verdad se puede fijar por decreto el precio de la vivienda? La propuesta que ha circulado estos días es de las que no dejan indiferente: Podemos plantea prohibir la compra de vivienda si no es para residir y bajar los alquileres un 40% por ley, condicionando su apoyo a los presupuestos a que estas medidas salgan adelante. El primer comentario que provoca la ocurrencia es casi inevitable: si se puede bajar un 40%, ¿por qué no un 80? La pregunta no es inocente. Resume la sospecha de que el número es más un gesto político que un cálculo económico.

A partir de ahí, el asunto se convierte en un pulso entre dos relatos que no se escuchan. Uno sostiene que el mercado del alquiler está secuestrado por rentistas que extraen rentas del trabajo ajeno. El otro responde que intervenir el precio es la forma más rápida de que desaparezca la oferta. Y en medio, un dato que nadie discute: el precio del alquiler lleva años subiendo y ninguna ley lo ha frenado.

Qué propone exactamente el partido morado​

La medida estrella tiene dos patas. La primera, reservar la compra de vivienda a quien vaya a residir en ella, lo que en la práctica dejaría fuera a fondos, sociedades e inversores particulares que compran para alquilar. La segunda, fijar por ley una rebaja del 40% en los alquileres. Ambas se plantean como condición para apoyar los presupuestos, lo que convierte la propuesta en moneda de cambio parlamentaria.

El argumento de fondo es que la vivienda no es un activo financiero sino un derecho. Quien lo defiende señala que el alquiler se ha convertido en un mecanismo de extracción de rentas: el propietario no produce nada, solo cobra por tener. Bajo esa lógica, prohibir la compra no residencial y topar el precio no sería una agresión al mercado, sino la retirada de un privilegio.

El problema es que la propuesta no distingue entre el pequeño propietario que alquila el piso que heredó y el fondo que compra edificios enteros. Y ahí empieza el ruido.

El argumento que más se repite contra la medida​

La objeción más citada no es ideológica, es aritmética. Si el alquiler se fija por debajo del coste de mantener el inmueble, muchos propietarios dejarán de alquilar: lo reservarán para sus hijos, lo dejarán cerrado o lo venderán. Menos oferta con la misma demanda empuja el precio en la dirección contraria a la deseada. Es el clásico efecto perverso de todo control de precios.

Hay un ejemplo que se repite en la discusión y que ilustra el problema. Un comprador con dos casas y 500.000 euros en el banco quiere adquirir un tercer inmueble como inversión. La ley se lo prohíbe. El inquilino que habría alquilado ese piso se queda sin opción: no puede comprarlo y ya no puede alquilarlo. La prohibición protege al arrendatario de un arrendador que nunca llegará a existir.

El sector de la construcción añade su propia cuenta: intervenir el alquiler y la compra a la vez manda a la ruina un sector y al paro a un millón de trabajadores, según el cálculo que circula. No es una cifra verificable, pero marca el tono del miedo empresarial.

El problema de raíz y la escasez de suelo​

Aquí aparece el diagnóstico que casi nadie discute, aunque cada bando lo use a su favor. Se habla de escasez artificial creada por la ley del suelo: los ayuntamientos no liberan terreno, la burocracia bloquea promociones y el resultado es que se construye menos de lo que se demanda. Si el problema es la falta de oferta, prohibir comprar y bajar precios por decreto no lo resuelve: lo agrava.

La alternativa que se plantea desde el otro lado es la contraria: eliminar burocracia, obligar a los ayuntamientos a facilitar suelo disponible y reducir impuestos a quien compra primera vivienda. Es decir, atacar el coste de producción en lugar del precio final. Menos vistoso, mucho más lento, y sin titular de portada.

Mientras tanto, el inquilino sigue esperando. Y el propietario, mirando la puerta.

¿Por qué no se ha hecho antes si es tan fácil?​

La pregunta que descoloca a los defensores de la medida es sencilla: si bajar el alquiler un 40% por ley funciona, ¿por qué no se aplicó cuando el partido que lo propone estaba en el gobierno? Durante ese periodo, el precio de la vivienda siguió desbocado y la propuesta no llegó a ejecutarse. Ese detalle alimenta la tesis de que se trata de una bandera electoral más que de un plan de gobierno.

La respuesta habitual es que gobernar en coalición limita. Cierto. Pero también lo es que la ley de vivienda ya aprobada no ha impedido que los precios sigan subiendo en las zonas tensionadas. Los datos disponibles apuntan a subidas de dos dígitos en muchas ciudades desde que se aprobó la norma. La herramienta existe; el efecto, de momento, no se ve.

Quién gana y quién pierde con el anuncio​

La propuesta tiene un destinatario claro: el votante que paga alquiler y no puede comprar. Para él, el mensaje es que hay un culpable identificable y una solución sencilla. Es populismo de libro, en el sentido técnico: una medida simple para un problema complejo, con un enemigo bien definido.

El coste político es otro. El propietario pequeño, ese que alquila un piso para complementar una pensión, se siente señalado como parásito. Y el inversor extranjero o institucional ya ha empezado a mirar hacia otro lado antes de que la norma se apruebe. La expectativa de intervención, por sí sola, mueve capital.

Al final, la pregunta que queda en el aire no es si se puede bajar un 40% por ley. Es si alguien cree de verdad que el precio de algo se fija en el BOE y no en la relación entre lo que hay y lo que se necesita. Con estos mimbres, el cesto lo va a seguir pagando el mismo.