Un grupo de mujeres protesta en Molina de Segura para recuperar la Concejalía de Igualdad eliminada por PP y Vox.

Protesta en Molina de Segura por la Concejalía de Igualdad​

¿Qué se ahorra un ayuntamiento cuando suprime su Concejalía de Igualdad? En Molina de Segura, un grupo de mujeres ha salido a la calle para exigir que se recupere la que el gobierno local de PP y Vox ha eliminado. La escena ha reabierto el pleito de siempre: servicio público para unos, estructura clientelar para otros. Y de fondo, una pregunta que casi nadie contesta con cifras: si desaparece el área, ¿baja la factura del contribuyente?

Qué se ha suprimido y quién protesta​

El objeto de la protesta es concreto: la Concejalía de Igualdad del ayuntamiento, suprimida por la coalición de PP y Vox que gobierna el municipio. Las manifestantes piden que vuelva. No hay mucho más que eso: un grupo de vecinas, una pancarta y una consigna repetida frente al consistorio.

El episodio funciona, sin embargo, como lupa de un asunto mayor. Suprimir un área de Igualdad no es un gesto simbólico: es una decisión de gasto. La discusión, por tanto, no es si la igualdad importa, sino qué se compra exactamente con ese dinero. Hay quien sostiene, además, que a la protesta no acudieron hombres porque no se les dejó; es una suposición que quien la formula no respalda con nada.

¿Cuánto cuesta mantener una concejalía de Igualdad​

Existe un diagnóstico muy repetido: estas áreas se habrían convertido en chiringuitos, estructuras que viven de la subvención antes que del servicio. Se enumeran actividades —senderismo con camisetas para la ocasión, excursiones, jornadas— y se pregunta qué queda de todo eso cuando termina el calendario de actos.

El reproche tiene una parte verificable y otra que no. Verificable es que toda concejalía consume presupuesto, personal y contratos menores. Lo que nunca aparece es la cifra: cuánto cuesta, cuánto se ahorra al cerrarla y a dónde va el dinero que supuestamente sobra. Esa hoja de cálculo, desglosada partida a partida, es justo la que no llega nunca al titular.

Quitar la concejalía no baja los impuestos​

Hay un razonamiento que atraviesa el asunto entero y no depende del color político. En palabras de un participante en la discusión, el dinero no vuelve al bolsillo de nadie: la misma presión fiscal seguiría financiando la misma administración y lo único que cambia es a qué se dedica. La recaudación de hoy es la subvención de mañana, y el turno de gobierno decide con qué se paga.

De ahí sale una consecuencia incómoda para propios y ajenos. Si el ahorro no se traduce en menos gasto, lo que se dirime es qué servicios existen y cuáles no, no cuánto paga el vecino. Con el añadido, apuntado en la misma discusión, de que el calendario municipal se llena de toros y vaquillas mientras desaparece una obra de teatro sobre diversidad.

Consentimiento, presunción de inocencia y el relato del Ministerio​

En la parte más ríspida se mezclan las competencias municipales con el marco legal estatal. Aparece el argumento de que el discurso de poner el consentimiento en el centro choca con la presunción de inocencia y con el derecho de defensa, y de que el resultado es un terreno donde el testimonio de la denunciante no se puede cuestionar.

Conviene separar planos. Una concejalía de Igualdad gestiona programas, no instruye causas. Pero el clima político que rodea a esas políticas, y a quienes las suprimen, se mide en la calle. Ahí la protesta adquiere sentido: no es solo un área administrativa, es una bandera de bando.

Un referéndum en el pueblo y el cálculo electoral​

Entre las salidas propuestas ya circula una: que se vote en el municipio si se recupera o no el área. Es un modo de esquivar el reproche de que cada parte solo respeta el resultado cuando le favorece y, de paso, trasladar el coste político a la urna.

Mientras tanto, el subtexto es electoral. Se da por hecho, casi nunca con datos, qué votó quién y con qué intención, y esa suposición se usa como argumento a favor y en contra de la protesta. La sospecha tiene poca base comprobada y mucho rendimiento retórico: sirve para deslegitimar al manifestante sin discutir el gasto.

Tres crímenes y el argumento de que se desvía la atención​

En el punto más áspero se cita un mensaje que señala que los tres asesinatos registrados en esos días ocurrieron en municipios que sí tienen concejalía de Igualdad, y reprocha que se culpe a la supresión de esas áreas para desviar la atención del fracaso de esas políticas. Es una pieza de confrontación, no una conclusión estadística: con tres casos no se demuestra nada sobre la eficacia de un departamento municipal.

Y sin embargo señala algo cierto: la discusión está llena de correlaciones presentadas como causas. Suprimir un área no mata; crearla no salva. Lo que hace todo presupuesto es elegir, y esa elección se puede defender con números o con consignas.

Así que la protesta de Molina de Segura seguirá siendo, según quien mire, la defensa de un servicio o el último acto de un chiringuito que se resiste a cerrar. Con suerte, alguien pondrá encima de la mesa la factura: cuánto costaba mantenerla, cuánto se ahorra al cerrarla y en qué se gasta ahora ese dinero. Si la cifra no aparece, será porque no conviene a ninguno de los dos bandos.