Un kinki come proteínas pone en jaque a la guardia civil

Cinco agentes, un solo individuo y la reducción que se viraliza​

Un individuo sin armas. Cinco agentes alrededor. Uno de los intervinientes en el suelo. Y una grabación que se empeña en demostrar que la escena no termina de resolverse como debiera. El material que ha convertido una intervención policial en Valencia en un pequeño terremoto de opinión pone en el centro de la diana a la Guardia Civil y a la Policía Local, y no tanto por lo que hicieron como por lo que, a juicio de quien lo difunde, dejaron de hacer.

El mensaje que lo detona no admite matices: un solo sospechoso, sin arma alguna, y varios agentes que no logran reducirlo después de que un compañero quede fuera de combate. El autor de la denuncia sentencia que, con un compañero en el suelo, la respuesta debía haber sido otra: arramblar con él, experto en artes marciales o no. De fondo, la presencia de dos agentes femeninas que, según esas imágenes, no intervienen. Ese detalle acaba siendo el hilo del que se tira en todo lo que viene después.

¿Por qué varios agentes no reducen a un solo agresor?​

La respuesta menos ruidosa —y por eso la más incómoda— es jurídica. Toda intervención debe someterse a tres principios encadenados: oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Traducido: no basta con ser más; hay que usar la fuerza adecuada, en el momento adecuado y con la intensidad mínima. Y ahí entra todo el catálogo de medios, con las armas incapacitantes al frente.

«Las medidas de fuerza que usa un agente... debe tener los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, además de ser adecuado al ordenamiento jurídico y ser lo menos lesivo posible», resume quien dice conocer el detalle del procedimiento. El problema es que la proporcionalidad convierte cada decisión en un cálculo de segundos. Un golpe de más abre un expediente disciplinario; uno de menos, deja a un compañero en el suelo esperando refuerzos que no llegan a tiempo.

La presunción de veracidad del agente —su testimonio pesa más que el del detenido en buena parte del procedimiento— aparece en el hilo como un arma de doble filo. Protege al profesional, sí, pero multiplica la desconfianza de una ciudadanía que ya mira cada vídeo con la ceja levantada. Y ese es exactamente el combustible que alimenta este tipo de polémicas.

El físico policial y la polémica de las cuotas​

El foco se desplaza rápido hacia la preparación. Una parte del análisis sostiene que un cuerpo armado no debería depender de que cada agente se forme por su cuenta: entrar en una profesión física implica mantener un mínimo y entrenar técnicas que, ojalá, nunca hagan falta.

«No es necesario ser una roca, ni ser un experto en mil artes marciales, basta con tener un buen físico, por lo menos un minimo, y entrenar ciertas artes marciales para tener una buena base», apunta quien defiende esa vía. El matiz no es menor: se discute si la administración exige o no ese nivel, o si lo deja al voluntarismo individual.

La segunda polémica, más gruesa, ataca de lleno a la composición de las plantillas. Hay quien atribuye la escena a la incorporación de mujeres mediante cuotas y a una supuesta rebaja del listón físico. El reproche, que circula con insistencia y sin pruebas, es un clásico del género: se generaliza desde un caso grabado a todo un sistema de selección. Conviene separar el debate sobre los criterios de acceso —legítimo— de la conclusión precipitada que lo convierte en causa del vídeo. Nadie ha demostrado ese vínculo. Y sin embargo domina la conversación.

¿Se paga bien o mal a la Guardia Civil?​

En medio del ruido, aparece el dinero. Se repite la cifra de un agente que cobra en torno a 2.000 euros en 14 pagas, y hay quien eleva esa cifra hasta los 2.500 para recordar que, incompetente o no, la nómina llega puntual. El argumento enlaza con la equiparación salarial pactada con el Estado años atrás y con una queja recurrente: se subió el sueldo a los cuerpos, pero no la exigencia ni la rendición de cuentas.

La comparación entre lo subido desde 2008 y el sueldo de la privada queda planteada en el hilo, sin que nadie llegue a cerrarla con una cifra. Aquí convive la crítica de derechas —pagan por incompetentes— con la de izquierdas —mejor pagados para reprimir—. Las dos caben en el mismo comentario, y a veces en la misma frase.

El giro político: mascarillas, multas y desconfianza​

Hacia el final, el motivo inicial se difumina y el asunto se convierte en otra cosa: un ajuste de cuentas con la institución entera. Emerge el reproche de que estos agentes solo se muestran implacables con quien no llevaba mascarilla o con quien tenía un papel caducado, y se atemperan cuando el que se resiste planta cara. La crítica al uso de la fuerza se mezcla con la crítica a la autoridad en abstracto.

También aparece el argumento de que la escena no puede juzgarse sin saber qué llevó al individuo hasta ahí. Si alguien sostiene que el delincuente es el Estado, el vídeo cambia de bando. Es la versión más ideológica de una discusión que empezó siendo técnica y acaba siendo un termómetro del descrédito institucional.

Con el caso sin sentencia y el vídeo circulando, la pregunta ya no es quién tenía razón sobre el asfalto. Es si el cuerpo está preparado para la próxima vez que la escena se repita ante una cámara. ¿Y si esa vez nadie la graba a tiempo?