Un policía nacional retirado, al borde de la gloria en Brasil tras sufrir cinco ictus: "El Gobierno de España nos ha dejado tirados"

Un policía retirado, cinco ictus y un avión que no llega​

¿Qué tiene que pasar para que un español enfermo en el extranjero vuelva a casa en un avión medicalizado? José Santos lleva con la respuesta en el aire desde el 10 de julio de 2023. Ese día sufrió el primero de cinco ictus, todos hemorrágicos, mientras pasaba unos días en Brasil con su mujer y su hijo. Tenía billete de vuelta a Madrid para el 27 de julio. Nunca lo usó. Hoy está encamado en Calas Novas-Goiás, no habla, no se mueve y respira con oxígeno.

Los hechos: cinco ictus y un billete de vuelta que nunca se tomó​

El caso lo relata su esposa, Jailma Pacheco, que atiende a su marido prácticamente sola desde hace meses. José Santos tiene 66 años y arrastra un cuadro que los médicos brasileños describen con el pulmón derecho comprometido: EPOC, neumonía crónica, enfisema pulmonar, cardiopatía y atelectasia pulmonar. También es hipertenso y necesita oxígeno de forma continua. «Solo necesitamos regresar a nuestro hogar y poder llevar a mi esposo con vida a casa», resume su mujer.

Antes de esto fue policía. Empezó a trabajar con 16 años, debutó en 1984 como policía de patrulla y cerró su carrera en la comisaría general de Madrid. 38 años de servicio que terminaron con su retirada en 2022. Un año después, el viaje familiar a Brasil —de donde es originaria su esposa— se torció para siempre: la salida fue el 17 de junio de 2023 y el regreso estaba previsto para el 27 de julio. El primer ictus lo cambió todo. Vinieron cuatro más, todos hemorrágicos.

¿Por qué Muface no cubre este caso?​

Aquí empieza el problema económico. Muface solo cubre la asistencia si el desplazamiento es en Europa, y Brasil queda fuera. La familia reconoce que Santos no contrató un seguro de viaje adicional: «En su momento se lo comenté, pero claro, nunca crees que te va a pasar algo así», explica Pacheco. Su hijo y ella sí tenían cobertura propia. El sistema público brasileño, por su parte, no cubre el tratamiento específico que él necesita.

La respuesta que la familia dice haber recibido de la Administración es una frase corta y sin matices: que no hay presupuesto y que se tendría que haber hecho un seguro. Con ese punto de partida, la repatriación en avión ambulancia se ha convertido en una gestión que se prolonga sin fecha de salida.

¿Cuánto cuesta el seguro que habría evitado el problema?​

Es la pregunta que vertebra toda la discusión y la que más números enfrenta. Hay quien sostiene que un suplemento de apenas 80 euros sobre un viaje de 3.000 o 4.000 euros habría bastado para incluir un traslado medicalizado, y que quien puede pagarse unas vacaciones al otro lado del Atlántico puede pagarse el extra. La comparación se repite: el coste del billete frente al de la póliza.

En contra pesa un argumento menos vistoso: la cobertura real depende de la letra pequeña, del tipo de póliza y de qué aseguradora responde. Se mencionan productos con nombres comerciales que incluirían avión medicalizado y otros más baratos que solo cubren gastos básicos. La discusión, en el fondo, no es sobre seguros: es sobre quién asume el riesgo cuando el que enferma es un empleado público retirado.

El precedente que se cita y la petición de explicaciones a Exteriores​

Parte del análisis recurre a un episodio anterior: la repatriación de otro español enfermo desde Asia, que salió adelante después de que la familia lograra activar algún resorte dentro de la Administración. De ahí nace la exigencia de que Exteriores aclare en qué supuestos la embajada asume los costes de una repatriación de urgencia. Sin ese protocolo publicado, cada caso depende de a quién se consiga mover.

Y esa falta de criterio, se argumenta, genera un efecto perverso: si el precedente existe, otros intentarán reclamar lo mismo. Lo que en términos técnicos es una laguna administrativa, en la práctica se convierte en una lotería según la capacidad de presión de cada familia.

La burocracia que también bloquea la vuelta​

El traslado no es solo cuestión de dinero. Los médicos brasileños firmaron un documento que acredita la incapacidad de Santos, pero su reconocimiento por la Administración española exige una traducción jurada que cuesta tiempo y dinero. Mientras, las cuentas bancarias de la familia están bloqueadas en España.

A la espera se suma el desempleo: Pacheco trabajaba para una compañía informática en teletrabajo y fue despedida al poco de empezar la enfermedad de su marido. En Brasil no puede cobrar la prestación por desempleo. El cuidado diario recae en ella: bañarle, moverle, sentarle, llevarle al baño. Su hijo, de 17 años, tiene un desvío de la columna y no puede ayudarla; ella acumula tres operaciones de columna y cuatro clavos. «Algunos días no tengo ni dinero para comer», asegura.

Una campaña de recaudación como último recurso​

Ante la falta de respuesta institucional, se ha difundido una campaña de donaciones con un objetivo de 200.000 euros para costear el traslado. Que una familia tenga que financiar por crowdfunding lo que no cubre ni el seguro ni el Estado es, en sí mismo, el resumen de todo el asunto.

Si el criterio administrativo se aplica al pie de la letra, el problema no fue la enfermedad: fue contraerla en el país equivocado. La letra pequeña del viaje ya estaba escrita. El resto lo escribieron cinco ictus.