Urgente !! Llego a España el comunismo ( tema muy serio )

Expropiar pisos en la costa: el plan que alarma a los dueños​

El Estado se queda con la propiedad de los apartamentos situados en dominio público marítimo-terrestre y el dueño pasa a ser un simple concesionario. Esa es la propuesta que ha encendido el debate: la Administración tendrá la última palabra para cualquier cambio en la vivienda, y el propietario deberá pedir permiso incluso para traspasarla, hipotecarla o reformarla. La noticia, publicada por elEconomista, ha hecho saltar todas las alarmas entre quienes compraron un piso en primera línea de playa con papeles aparentemente en regla.

La pregunta que recorre los comentarios no es ideológica, es contable. ¿Qué pasa si la casa tiene una hipoteca viva? ¿Quién paga el IBI durante los años de cesión? ¿Y el mantenimiento, la comunidad de vecinos, el cristal roto? Son las dudas que nadie aclara y que convierten una medida presentada como ambiental en un problema patrimonial de primer orden.

Qué se plantea exactamente con los pisos en dominio público​

El mecanismo es el de siempre: la ley de costas declara que el terreno es dominio público y la construcción pasa a ser una concesión administrativa. El propietario conserva el uso, pero pierde la titularidad. Eso significa que no puede vender libremente, ni hipotecar, ni tocar la estructura sin autorización. El Estado se reserva además el derecho de tanteo en cualquier traspaso.

Hay quien recuerda que esto no es nuevo. La Ley de Costas de los años ochenta ya provocó un terremoto similar: propietarios con escritura registrada descubrieron que su posesión estaba en dominio público. El Tribunal Supremo consideró correcta la interpretación de que no existe retroactividad y que las construcciones afectadas pasan a dominio público. Cuatro décadas después, el patrón se repite.

La diferencia es el contexto. Entonces se discutía si el mar podía comerse una casa; ahora se discute si el Estado puede quedarse con ella sin pagar lo que vale. El argumento oficial es proteger la costa. El argumento de los afectados es que les expropian sin compensación real.

El cálculo que nadie quiere hacer: hipoteca, IBI y comunidad​

Una de las preguntas más repetidas es qué ocurre con la hipoteca cuando el banco descubre que la garantía ya no es del deudor. Si el inmueble deja de ser propiedad del hipotecado, la entidad podría exigir la cancelación anticipada del préstamo. Nadie lo ha respondido con claridad.

A eso se suman los gastos ordinarios. Durante los años de cesión, ¿sigue pagando el propietario el IBI como si fuera suyo? ¿Quién asume el mantenimiento del edificio? ¿Y las derramas de la comunidad? El propietario despojado de la titularidad pero obligado a sostener los costes es la cuadratura del círculo que nadie ha resuelto.

El escenario que más inquieta es el de quien compró con 30 o 35 años un apartamento en la costa y a los 65 descubre que no puede venderlo ni dejarlo en herencia. Los herederos se quedan con una concesión, no con un activo. El cálculo completo, partida a partida, da una pérdida patrimonial que sorprende.

«No es comunismo, es la lógica del Estado»​

Las posturas se dividen. Una corriente sostiene que la medida es razonable si va acompañada de compensación económica para quien compró de buena fe y con todo en orden. Otra responde que el Estado no debe expropiar bajo ninguna excusa, porque si se acepta con la costa, mañana se aceptará con cualquier otra cosa.

Hay quien va más lejos y sitúa el problema en el propio diseño institucional: el Estado actúa así porque puede, y la única salida sería una revolución de valores que devuelva la soberanía a las asambleas locales. Suena utópico, pero el argumento tiene una lógica interna que conviene no descartar de un manotazo.

En el lado opuesto, varios defienden que las construcciones en zona ilegal no deberían haber existido nunca y que la costa sin playas es un problema económico de primer orden. Se puede ver el efecto en numerosas zonas costeras: la urbanización descontrolada y la modificación de cauces impiden que las playas se regeneren tras los temporales.

La costa como activo económico, no como paisaje​

El turismo de sol y playa es la primera industria del litoral. Si la línea de costa retrocede, retrocede el negocio. Ese es el argumento que algunos esgrimen para justificar la intervención pública, aunque la ejecución sea torpe y el damnificado sea siempre el mismo: el propietario de a pie.

La sospecha de trato desigual planea sobre todo el asunto. Se pregunta por qué no se empieza por otras propiedades, por qué no se expropian primero las construcciones en cañadas reales o los cortijos olivareros. La respuesta oficial no llega.

Y mientras tanto, el mercado mira hacia otro lado. Si el suelo en primera línea deja de ser propiedad plena, su valor cae. Si cae, cae también la garantía bancaria. Si cae la garantía, el crédito se encarece. La cadena es larga y nadie ha calculado dónde se rompe.

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El punto exacto donde el análisis se atasca es la compensación. Nadie ha dicho cuánto, a quién ni con qué dinero. Hasta que eso se aclare, la expropiación de pisos en la costa seguirá siendo una amenaza sin precio conocido.