Vaya bañada que le pega valeria racu a daniel lacalle ...[emoji23]

Racu y Lacalle: la calle contra la teoría del precio del alquiler​

¿Basta con invocar la oferta y la demanda para explicar por qué un alquiler se come media nómina? Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, cree que no. Al economista Daniel Lacalle, dice, «le falta un poco de calle»: mucha teoría de la oferta y la demanda y poca realidad de los millones de personas que firman un contrato cada año. La frase, difundida por la cuenta Spanish Revolution, reabrió la pelea de siempre: quién tiene la culpa de que la vivienda esté por las nubes.

Sobre si la intervención fue un repaso o un ridículo, el veredicto está lejos de ser unánime. Ahí empieza lo interesante.

Qué dijo Valeria Racu sobre Lacalle​

El vídeo que originó la polémica se apoya en una frase corta, «al señor Lacalle le falta un poco de calle», puesta en boca de la portavoz del Inquilinato madrileño. La escena la sitúa confrontando el argumentario del economista: mientras él despliega la teoría económica de oferta y demanda, ella apela a la realidad cruda de los inquilinos. El clip no desarrolla propuestas ni cifras propias; es un choque de marcos, no un intercambio de datos.

Y ese es, precisamente, el reproche que llega desde el otro lado: mucha emoción y ninguna respuesta técnica. Bañada, dicen unos. Repaso, replican otros.

Los precios los fija la oferta y la demanda, le guste o no​

El contraargumento más repetido no niega el drama, niega el diagnóstico. Los precios se forman según la oferta y la demanda, y el resultado podrá ser discutible, pero no es un capricho del casero. Si hay más gente buscando piso que pisos disponibles, el precio sube: no hay consigna política que lo frene, solo construcción donde hace falta y seguridad jurídica para quien alquila.

La comparación con el supermercado aparece enseguida. La comida es todavía más imprescindible y, aun así, las cadenas se pelean por abaratar la cesta y atraer clientes. La conclusión que se extrae: la vivienda no sube por su carácter esencial, sube por la escasez. Nadie discute que alimentarse sea un derecho más básico que dormir bajo techo.

Por qué la alimentación desmonta el «derecho a la vivienda»​

La objeción es recurrente: si la vivienda es un derecho básico que no debería ser objeto de especulación, ¿por qué se acepta que la alimentación, el agua, la higiene o los tratamientos médicos se comercien? Nadie exige que los agricultores cultiven a pérdida ni que las farmacias regalen el antibiótico. Aplicar la etiqueta de derecho no suspende la economía; la pregunta real es cómo se garantiza sin romperla.

Enfrente queda el argumento físico: la vivienda ocupa un suelo que no se multiplica, es un bien escaso y eso da poder al propietario. La réplica llega rápido: el suelo no es escaso, se hace escaso, y se puede compartir construyendo en más alturas. Donde unos ven un límite natural, otros ven una prohibición administrativa. Y así llevamos décadas.

El suelo, los impuestos y las 330.000 viviendas que faltan​

Aquí la discusión deja la filosofía y entra en la aritmética, que es donde el relato oficial se rompe. El cálculo que circula: se necesitan unas 330.000 viviendas al año, se construyen 110.000 y la población crece en 500.000 personas. El desfase es de manual. Y de cada obra nueva, alrededor del 22% del coste son impuestos, mientras entre suelo e impuestos se puede ir la mitad del precio final.

A eso se suma la factura política. Hay quien cifra el coste de la estructura pública en 140.000 millones anuales, con el presidente en 80.000 euros oficiales, más de 1.600 asesores y 85 millones asociados a la maquinaria de Moncloa, y contabiliza 63 subidas de impuestos desde 2018 sin un solo recorte del gasto político. El cálculo completo, desglosado partida a partida, da un resultado que incomoda a los dos bandos.

Los ejemplos concretos sirven de munición para todas las trincheras. La urbanización de El Pocero en Seseña levantó 5.000 de las 13.000 viviendas previstas en mitad de un secarral. Unos lo citan como prueba de que el problema es burocrático; otros, como advertencia de lo que ocurre cuando se construye sin planificación. Como contraste histórico se recuerda que hubo una época en la que se levantaron 3,5 millones de viviendas sociales. Hoy el contador marca cero.

Demanda migratoria: el factor que se nombra a medias​

Una parte del análisis sostiene que el tensionamiento del mercado responde en buena medida al aumento de población, y señala que ese factor se omite en el relato oficial. Quien lo plantea lo presenta como el elemento que nadie quiere nombrar. Enfrente, la explicación estructural insiste en la oferta: se construye poco y el suelo edificable está racionado por decisión administrativa, no por falta de espacio. Las dos cosas no son excluyentes, pero cada bando usa solo la mitad que le conviene.

La propuesta que lo cambiaría todo en seis meses​

Circula una medida sencilla y discutida: retirar la ayuda de 200 euros al inquilino, de modo que en unos seis meses los alquileres bajen en la misma cuantía. También aparece otra idea que suena a paradoja: frenar la construcción de vivienda nueva hasta que esté ocupado todo el stock vacío. Si el problema es la oferta, bloquearla es el remedio más eficaz para que el precio siga subiendo.

El diagnóstico sigue abierto y los dos relatos llevan meses sin tocarse. Lo único seguro es que quien renueve su contrato este año sabrá más de macroeconomía que muchos manuales. Y no precisamente por vocación.