12000 euros por una denuncia falsa: ¿es suficiente?

12.000 euros por 18 meses de cárcel: el precio de un error judicial​

¿Cuánto vale un año y medio de libertad? 12.000 euros. Es la cantidad que, según la información difundida sobre el caso, se ha fijado como indemnización para un hombre de Castellón que pasó 18 meses en prisión preventiva y resultó absuelto después del juicio. La acusación que lo llevó al módulo: abusos a una adolescente en Vinaròs. La cifra, publicada por medios como El Periódico Mediterráneo, se ha convertido en el centro de la polémica.

No es un asunto menor. Hablamos del precio que el Estado pone a un error propio y de si ese precio sirve para algo parecido a reparar. A la vista de las cuentas, no.

El cálculo que duele: 666 euros por cada mes encerrado​

Un año y medio son 18 meses. La división se hizo rápido: 12.000 euros entre 18 meses salen a 666,6 euros por mes de encierro. La referencia usada para comparar fue el salario mínimo interprofesional, cifrado en 1.080 euros en 14 pagas. Trabajar por el SMI, con vacaciones, vida social y derecho a salir a la calle, sale más rentable.

Los matices llegaron después. Frente a quienes descontaban de la cifra el abogado de oficio, el procurador y las tasas, se apuntó que las indemnizaciones por sentencia no pagan IRPF y que, al mediar absolución, tampoco se cargan costas. El importe llegaría limpio a su destinatario. Limpio de impuestos y cargado con año y medio a cuestas.

¿Qué indemniza el Estado por una prisión preventiva?​

No existe un baremo automático. La reparación depende de que se reconozca el daño, y los antecedentes no invitan al optimismo. El caso de Dolores Vázquez, señalada por el crimen de Rocío Wanninkhof y después absuelta, se ha citado como espejo: según se recuerda, pasó un tiempo similar en prisión preventiva y no vio un euro, con el Tribunal Supremo denegando la indemnización. Meter a un inocente entre rejas sale barato.

Hay más ejemplos traídos a colación. La prisión preventiva alargada durante meses sin sentencia firme ha dejado de parecer una anomalía para convertirse en estampa familiar, incluso en causas con enorme exposición mediática. Y si eso ocurre con quien tiene recursos para pelear, la pregunta que flota es qué pasará con quien no los tiene.

La preventiva como excepción que se aplica como norma​

La Ley de Enjuiciamiento Criminal la configura como medida de último recurso: riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva. Así se ha recordado al hilo del caso, donde se sostiene que en la práctica basta una denuncia para que alguien duerma en preventiva. De ahí saltó la conversación a los tribunales especializados y a la sospecha de que existen varas de medir distintas según quién se siente en el banquillo. Es una sospecha repetida, difícil de demostrar con estadísticas y fácil de alimentar con cada caso que se publica.

Doce mil euros, el precio de un utilitario​

Entre las comparaciones domésticas que circularon, una se quedó: la indemnización da para un coche sencillo, ejemplificado con un Dacia Sandero. No es un cálculo jurídico, es otra forma de decir que la cantidad no compra 18 meses de vida. Otra parte de las reacciones fue en dirección contraria: que era demasiado dinero por un error que comete cualquiera, incluida la jueza.

Conviene separar planos. La magistrada que decretó el ingreso no ha sido señalada por ningún pronunciamiento firme; las críticas a su decisión son opiniones, no resoluciones. Y la denunciante no consta condenada por denuncia falsa, por mucho que una parte de los comentarios lo diera por hecho y reclamara que respondiera del daño.

Cuando la indignación pide venganza​

Una parte de las reacciones cruzó la línea. Hubo quien planteó respuestas al margen de la ley, con castigos físicos contra la denunciante y la jueza y propuestas explícitas de venganza. Son posturas sin recorrido jurídico y con consecuencias penales para quien las ejecute. Indignarse por un error judicial es legítimo; el ajuste de cuentas por mano propia no es una política pública.

En el fondo queda la pregunta que nadie responde con un número: cuánto debería costar. Hay quien pide multiplicar la cifra por diez. Hay quien exige que iguale, como mínimo, lo que el absuelto habría cobrado trabajando. Y quien recuerda que ninguna cantidad devuelve el tiempo, por mucho que el sistema presuma de garantías: más vale dejar libres a cien culpables que encerrar a un inocente, dice el principio. La práctica, a veces, dice otra cosa. Un relato personal recogido al calor del caso describe a un hombre que pasó seis meses en preventiva por una acusación que su entorno logró desmontar con una grabación, y que no volvió a recuperar su vida anterior.

Con 666 euros por mes de encierro como tarifa oficial, el sistema ya tiene su eslogan: si algún día te toca, saldrás con lo justo para un coche y una disculpa.