Ahora en la 1: "abrieron las compuertas del pantano de forata sin avisar a nadie bajando 1.200.000 litros por segundo provocaron una gran ola se llevó

Forata soltó agua con la cuenca ya anegada y sin aviso previo, según las versiones​

Un pantano no abre compuertas por gusto. Cuando el agua entra más rápido de la que puede salir, a la presa solo le quedan dos salidas: soltar caudal o romperse. En Forata, sobre el río Magro, según el hilo, alguien eligió lo primero. El volumen desembalsado, que en las discusiones se maneja en litros y metros cúbicos por segundo para intentar hacerlo imaginable, explica por qué el desembalse se convirtió, según las versiones que circulan, en una segunda riada sobre una comarca ya inundada.

La polémica no es hidráulica. Es de reloj y de teléfono. Quien defiende la maniobra argumenta que no abrir habría sido peor: el colapso de la presa habría multiplicado el desastre aguas abajo. Quien la ataca pone el foco en otra parte: que se ejecutó de noche y sin aviso previo a los municipios de la ribera.

¿Por qué se abren las compuertas de un embalse en plena crecida?​

El criterio técnico es tozudo. Si una presa recibe un caudal muy superior al que puede desaguar por sus órganos habituales, el nivel sube hasta el aliviadero y, en el peor escenario, se produce el rebosamiento o el fallo estructural. Los organismos de cuenca trabajan con protocolos que no esperan a que nadie valide la decisión estéticamente: si las previsiones apuntan a registros muy elevados en la cabecera, se desagua y se asume que habrá afecciones río abajo.

Ese es el argumento central de quienes defienden la apertura. También el más fácil de formular y el más difícil de rebatir sin datos internos. Lo que no resuelve ese razonamiento es la pregunta siguiente: ¿cuándo exactamente había que abrir, y con qué antelación se comunicó a los ayuntamientos y a la población.

La acusación: desembalses nocturnos sin comunicación​

Es aquí donde, según varias intervenciones del hilo, el relato oficial empieza a tener agujeros. Varias intervenciones sostienen que los desembalses se produjeron de madrugada, cuando muchos municipios ya estaban anegados y los servicios de emergencia trabajaban a ciegas. La queja no es que se abriera, sino que se abriera sin que nadie lo dijera antes.

Del otro lado hay quien plantea un dilema explícito, el clásico del tren y las dos vías: avisar a la población y provocar una huida masiva por carreteras cortadas, o no avisar y dejar que el agua siguiera su curso. Un escenario incómodo que, conviene subrayarlo, se plantea como hipótesis, no como hecho acreditado.

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Quién responde: la CHJ, AEMET y la Generalitat​

El mapa de responsabilidades es el capítulo más disputado. La Confederación Hidrográfica del Júcar depende del ministerio de Transición Ecológica, y por tanto del Gobierno central. La Generalitat valenciana tiene las competencias de emergencias. La AEMET emite los avisos meteorológicos. En medio de ese triángulo, cada administración tiene una excusa perfecta y ninguna asume el mando.

Hay quien señala directamente a la presidenta de AEMET y a la ministra de Transición Ecológica por no haber comparecido públicamente en los días posteriores. Otras voces apuntan a la Generalitat y a su presidente por no haber activado los protocolos con la antelación necesaria. Y sobre todo el conjunto planea una sospecha: que las llamadas entre administraciones existen y no se han publicado.

Las primeras querellas ya están en los tribunales. Una organización ha presentado acciones ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno y el ministro del Interior, y ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano contra el presidente de la Generalitat, por presunta omisión del deber de socorro. Todo ello, subrayemos, en fase de admisión y sin ninguna resolución judicial.

Las obras que llevaban 15 años bloqueadas​

Debajo del debate sobre la presa hay otro más antiguo: lo que no se construyó. El barranco del Poyo, uno de los cauces que se desbordó con más virulencia, tenía pendientes actuaciones de defensa contra inundaciones desde hacía más de una década, según un mensaje del hilo que cita un informe. El argumento que se repite es que esas obras no tienen rédito político, que están en municipios que no llaman la atención de nadie hasta que llega el agua.

Se añaden dos capítulos más. Según se sostiene en el hilo, en 2004 se descartó la construcción de una presa que habría protegido a más de una decena de las localidades afectadas. Y en años recientes, la legislación de protección de la huerta valenciana ha bloqueado, según varios participantes, soluciones que unirían el cauce del Poyo con el nuevo cauce del Turia. Quien defiende esas obras sostiene que la discusión no es económica —costarían una fracción de los miles de millones que se manejan en ayudas—, sino de prioridades y de permisos.

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Que un cauce se conecte con otro para repartir el agua en una crecida es una idea que cabe en una servilleta. Que se pueda hacer depende de una maraña normativa que convierte cada trámite en un laberinto. Los datos técnicos sobre la capacidad real de la presa de Forata, en cambio, no están encima de la mesa.

Quien los tenga y los publique moverá el debate entero. Hasta entonces, la pregunta sigue abierta: ¿cuántos minutos de aviso se ahorraron y a cambio de qué?