Boom; cierran 3 plantas de citricos en Castellón en un mes, ( aprox 2000 personas se quedan sin trabajo)

Cítricos: 1.220 empleos y una deuda de 21 millones según el hilo​

En el hilo se enlazan varios cierres de plantas de cítricos, entre ellos uno en Almazora. El detalle del caso del que se habla no describe un despido al uso, sino una estructura que se apaga sola: de las 1.220 personas que, según el mensaje inicial, dependían de la actividad, solo veinte tenían contrato fijo. Las otras 1.200 eran eventuales. No hay en el material una cifra del empleo total sumado de todos los cierres.

El hilo lo presenta como un goteo que se repite cada temporada y que se ha aguantado durante años con la esperanza de que la campaña siguiente fuera mejor. Ahora la campaña, sencillamente, no llega.

Un negocio que da trabajo entre seis y nueve meses al año​

Según los mensajes del hilo, la actividad citrícola es estacional por definición, y eso ordena toda la vida laboral de la comarca. La campaña de la naranja ocupa a los trabajadores entre seis y nueve meses; el resto del año se cobra prestación, se busca otra cosa o se espera. La frase que se escucha en la puerta de las naves cuando termina la temporada —«me he apuntado al paro»— no es una broma: es la continuación lógica de un contrato eventual que se renueva cada año.

Ese esquema hace que el impacto sea mayor que el que sugiere el titular. Quien pierde un empleo indefinido pierde un salario; quien pierde una plaza eventual vuelve a la cola de la prestación. Y hay un detalle que casi nunca entra en los balances: según un participante, el grueso de la plantilla que trabaja en las líneas de procesado son mujeres. Cuando cierra una nave, el golpe se reparte de forma muy desigual, aunque nadie lo ponga en el titular.

De 9 a 21 millones de deuda en dos años, según un cálculo que circula​

El dato que más incomoda no es el empleo, es el balance. La reconstrucción de las cuentas que circula entre quienes siguen el sector sostiene que esta cooperativa arrancó su actividad en 2021 con 9 millones de euros en préstamos y que dos años después acumulaba 21 millones. Más del doble en una actividad estacional de naranjas. Veintiún millones para un negocio que factura unas pocas semanas al año es una cifra difícil de cuadrar sin explicaciones que, de momento, nadie ha dado por escrito.

Con veinte contratos fijos sobre 1.220 trabajadores, la sospecha de colocación aparece rápido en cualquier conversación sobre el cierre. Conviene separarla de los hechos: nadie ha demostrado irregularidad alguna, y una proporción semejante de temporales es más propia de un modelo productivo que de una nómina. Lo que sí se desprende del caso es que, cuando una estructura así se hunde, el problema no desaparece: se queda en el banco, en el ICO y en las naves vacías.

Sequía, aranceles y fruta que entra de fuera​

El sector lleva años con la soga al cuello por causas que se suman, según los mensajes del hilo. La sequía recorta la cosecha y encarece el riego. A eso se añade una competencia importada —de Sudáfrica, de Marruecos o del cono sur—. Una queja recurrente entre participantes es que parte de esa fruta se trata con materias activas que aquí están prohibidas.

El agua levanta ampollas aparte. Hay quien sostiene que la falta de infraestructuras hidráulicas, y el rechazo político a determinados trasvases, ha condenado a comarcas enteras a producir con la mitad del grifo. Es una discusión vieja, con culpables repartidos por comunidades, y sigue abierta.

Por qué una cooperativa no puede hacer lo que hace una empresa​

La forma jurídica pesa más de lo que parece. Según los mensajes del hilo, una cooperativa agraria solo puede comercializar la producción de sus socios, de modo que no puede llenar la nave con naranja comprada fuera cuando la cosecha propia falla. Una sociedad mercantil sí. De ahí la paradoja que se repite en el litoral mediterráneo: hay centrales hortofrutícolas que traen fruta de terceros países, trabajan los doce meses y no despiden a nadie en octubre.

A eso se suma el tamaño. La mayoría de las cooperativas españolas son pequeñas, sin estructura comercial ni capacidad para negociar precios con las grandes cadenas de distribución. Análisis de suelo, control de calidad, previsión de mercado: todo se externaliza y el agricultor acaba aceptando lo que le pongan delante, porque la alternativa es dejar la fruta en el árbol. Con ese punto de partida, cualquier temporada mala es la última.

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Quedan 1.220 personas mirando al calendario y una cifra que, según el cálculo que circula, nadie termina de encajar: 21 millones de euros de deuda acumulados en veinticuatro meses de vida. Si eso ocurre en un negocio de naranjas, algo falla antes de la primera helada.