Cero dimisiones tras el desastre: ¿cómo se explica esto?

DANA de Valencia: nadie dimite y el cálculo electoral manda​

La catástrofe de la DANA en Valencia dejó cientos de muertos y una pregunta que recorre cada conversación: ¿por qué no dimite nadie? El planteamiento inicial es demoledor: un desastre predecible, con tiempo sobrado para avisar, más de 200 muertos evitables y cero responsabilidades políticas. En cualquier país civilizado, sostiene ese diagnóstico, ya habría habido docenas de dimisiones y ceses. La respuesta corta es que dimitir no está en el manual. La respuesta larga tiene que ver con urnas, investiduras y una administración diseñada para que la culpa se diluya entre departamentos.

Qué pasó y por qué se exigen dimisiones​

El punto de partida es una gestión que se describe como un fallo clamoroso en cadena: diferentes administraciones, departamentos, funcionarios y cargos políticos. La alerta llegó tarde, el protocolo se incumplió y la coordinación brilló por su ausencia. Hay quien distingue entre responsabilidad política —quién estaba de viaje, quién comiendo, quién ni se sabía dónde estaba— y responsabilidad penal, la de los departamentos que incumplieron su propia normativa. Esa distinción importa porque marca la diferencia entre un cese y un banquillo.

La cifra que sobrevuela todo el asunto es la de víctimas. Se habla de más de 200 muertos evitables, de cientos de personas ahogándose mientras la alerta no llegaba. Y frente a eso, la paradoja que subrayan muchos: dimite un cargo por tocar el culo a una chica y no dimite nadie por matar a centenares de personas. La comparación es brutal, pero resume el estándar de exigencia que se percibe.

El cálculo electoral que blinda al presidente autonómico​

La explicación más repetida no es técnica, es aritmética. Si el presidente de la Generalitat dimitiera, no habría votos para una investidura: Vox no la apoyaría y habría que ir a elecciones autonómicas. El PP se arruinaría, Vox sacaría el doble y parte del electorado rural votaría a la izquierda para castigar al PP. Desde la dirección nacional no queda más remedio que aguantar al señalado o entregar la autonomía. Todo maquiavélico, resumen algunos. Es la razón por la que ningún presidente dimite: hay que hacer una investidura y nadie la apoyaría.

A eso se suma una estructura territorial que reparte la culpa hasta hacerla desaparecer. Las autonomías, se argumenta, son una forma cojonuda de que nadie tenga la responsabilidad última. Cuando el fallo es en cadena, cada eslabón puede señalar al siguiente. El primero que dimita carga con todas las culpas, independientemente de quién tenga más culpa. Y en un sistema donde la culpa es un recurso escaso, nadie lo regala.

La costumbre de no dimitir: del COVID a la DANA​

El patrón no es nuevo. Nadie dimitió por el COVID, así que imagínate por esto. La costumbre se instala: cuando no dimitir deja de tener coste, no dimite nadie. Esté imputado, haya hecho una gestión pésima o lo cojan trincando directamente, da igual. La impunidad política se convierte en norma no escrita y el cese se sustituye por la comisión de investigación. Esas comisiones extraen siempre las mismas conclusiones: fallaron algunos protocolos, un fenómeno así sucede cada 1500 años, hemos aprendido de los errores, no se puede achacar la culpa a nadie y se trabaja ya en un proyecto de presa que evitará lo inevitable.

La prensa, en este relato, también juega su papel. Se informa de que el malo es un presentador y la culpa es del cambio climático. La responsabilidad se disuelve en el clima, en el protocolo, en la fatalidad. Mientras, los señalados estaban de finde: uno en París, otro en Colombia, otra en Brasil, otro con la querida, otra que ni sabía que existía un sistema de alertas por móvil y es la directora de emergencias. Otros una hora discutiendo si enviaban la alerta en valenciano o en castellano y que el texto no fuera muy alarmista.

Las urnas como único tribunal​

La previsión más repetida es que más pronto que tarde dimitirán los señalados y el perro enviará a Teresa Ribera a Bruselas si puede. Pero las responsabilidades no se dirimirán en los tribunales, sino en las urnas. Y ahí entra la memoria de pez: esto se olvidará en un par de meses, igual hasta antes, y a otra cosa. La borregada, se dice, tiene memoria de pez.

Hay quien va más allá y pide cárcel, no dimisiones: lo que deberíamos exigir son penas de cárcel. Y hay quien sospecha algo peor que la negligencia: una dejadez criminal del Gobierno central para empeorar las cosas y desalojar al PP de Valencia. Esa hipótesis no está respaldada por pruebas y circula como sospecha, no como hecho. Lo que sí es un hecho es que la manifestación posterior apuntó en la misma dirección de exigir responsabilidades.

El blindaje administrativo y la pregunta sin respuesta​

El trasfondo es la perversión del derecho administrativo y la partidocracia: el Estado tiene poder sobre los ciudadanos y hace y deshace a su antojo. Ante las responsabilidades legales, los cargos están blindados; si son funcionarios o administraciones, la culpa recae sobre la administración, nunca sobre la persona. Es el mecanismo que convierte la dimisión en un verbo extranjero. En España, dimitir es un verbo ruso, ironizan.

Así que la pregunta sigue sin respuesta. Se piden dimisiones, se piden cárcel, se pide que alguien pague. Pero el sistema está diseñado para que nadie pague. Y mientras tanto, la comisión de investigación ya tiene sus conclusiones escritas.