Como siga lloviendo así, la comunidad valenciana desaparecerá del mapa.

La Fiscalía pide investigar a CHJ, AEMET y la delegada del Gobierno​

Giro en la instrucción. La Fiscalía pide a la jueza de Catarroja que investigue a la delegada del Gobierno, a la CHJ y a la AEMET por la dana, y el hilo se vuelve del revés: de discutir quién avisó se ha pasado a discutir quién decidió no mirar. El fiscal entra donde la jueza no quería entrar y el tramo se llena de testimonios que apuntan al CECOPI, a Forata y a un barranco del que nadie habló.

Qué se ha sabido​

El 22 de abril el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, declara ante la jueza que «de facto» la delegada del Gobierno tomaba decisiones en el CECOPI y señala al presidente del Júcar: «Estaba allí y no dijo nada». Su comparecencia va en la línea del técnico del Centro de Coordinación que confirmó que el mensaje se empezó a planear en la pausa del CECOPI.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, reconoce ante la jueza que el Júcar no informó del desbordamiento del Poyo y que solo estuvo sobre la mesa el riesgo de Forata. Y el responsable técnico de la emergencia, José Miguel Basset, afirma que la validación del SMS «pasó por el Gobierno central» y que el presidente de la Generalitat «no es el responsable de ese plan». El vídeo del Ayuntamiento de Paiporta de las 18:42 se usa como prueba de que la localidad ya estaba anegada cuando el correo del Júcar sale a las 18:43.

La Audiencia de Valencia avala la imputación del ex número dos de Emergencias. La Inspección de Trabajo concluye que la Generalitat puso en peligro a «trabajadores y usuarios» del Metro. Un sindicato lleva al juzgado un informe con el 52,5% del personal del Centro de Coordinación de Emergencias que no fue a trabajar el 29-O. El 112 no atendió 8.290 llamadas de 19.821. La jueza rechaza imputar al jefe de climatología de la AEMET y considera «inexplicable» que el CECOPI se reuniera a las 17:00. El Gobierno niega toda la documentación a la comisión de las Cortes Valencianas. La jueza abre investigación por la filtración del audio manipulado de la AEMET. Y el CGPJ abre diligencias informativas a la jueza tras las quejas de Pradas y Argüeso.

Un estudio de la Universitat de València señala que dos cuencas al sur del Poyo, sin medidores, triplicaron las lluvias del propio Poyo en las horas críticas. El barranco de l'Horteta vuelve a desbordarse en Torrent en junio. En agosto entra un aviso naranja por lluvias y tormentas en la Comunitat, con la primera tormenta marítima del verano. Y el ex comisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel, ingresa de urgencia tras conocerse que falsificó un título universitario.

Dónde está la bronca​

El hilo se parte en dos frentes. Uno defiende que la responsabilidad de proteger y avisar es de la Generalitat y que el Poyo quedó sin vigilancia por decisión propia. Un participante lo dice sin rodeos: «La responsabilidad de protección civil es de LA GENERALITAT VALENCIANA». Otro apunta al nudo técnico: «En una emergencia la responsabilidad de ver los caudales de los barrancos son los bomberos forestales y ayuntamientos». La contrarréplica llega por el otro lado: «Si el SAIH no funciona o directamente ha dejado de existir, es responsabilidad de la CHJ remover cielo y tierra para seguir informando, porque nadie más puede saber que el SAIH no está transmitiendo datos».

La segunda bronca es sobre la jueza. Un sector sostiene que la instrucción va en una sola dirección y que Felipe VI no está imputado. Otro responde que una queja de dos imputados no es una investigación, y que presentarla como tal es retorcer el relato. Ahí se cruzan también los papeles con la filtración del audio: unos ven delito, otros simple recorte con mala fe.

La tercera pelea es la de siempre: si las obras habrían servido. «Esa cantidad de agua es imposible encauzarla, métetelo en la cabeza», zanja un forero. La otra parte responde que sin infraestructuras la comarca está condenada a repetir. Y quien defiende que el nuevo cauce habría desbordado si le llega el caudal del Poyo se apoya en la propia CHJ.

Qué cambia respecto a antes​

El tablero se ha movido. Lo que en marzo era «la jueza estrecha el cerco sobre la CHJ» es ahora un fiscal pidiendo investigar a la CHJ, la AEMET y la delegada, y una jueza a la que dos imputados han llevado al CGPJ. Varias predicciones del hilo se han cumplido por acumulación de testimonios: el CECOPI tardío, la retirada de los bomberos a las 15:00, el peso del Poyo frente a Forata. Lo que no se mueve es el calendario: la Generalitat acumula dos semanas sin remitir a la jueza lo que le pidió en junio, y en agosto vuelve a llover.

Un cálculo que circula en el hilo​

Un forero echa números para defender que la IA tendría que gestionar la emergencia: dice que su sistema automatizado lanzaba avisos cada cinco minutos a varios estamentos y sostiene que el sensor del Poyo registró el mismo caudal tres veces seguidas justo cuando se lo llevó la corriente. Frente a eso, otro recuerda que solo había un sensor de caudal en toda la maraña de barrancos y que el registro se publica con retraso de 25 a 30 minutos. La discusión sobre quién vio antes los datos sigue sin cerrarse.