Cruz Roja y el postureo: ¿solo vienen a hacerse la foto?

Cruz Roja: 513 millones en ayudas y el 92% en nóminas​

El debate sobre el papel de Cruz Roja en la catástrofe de la DANA se ha convertido en una auditoría improvisada de sus cuentas. Un cálculo que circula por el subforo de Economía desglosa los ingresos de la entidad en 2023 y el resultado deja poco margen a la interpretación: de los 976 millones de euros que ingresó, 513 millones procedían de subvenciones del Estado y 475 millones se fueron a gastos de personal. Es decir, el 92% de lo que recibe del erario público acaba en nóminas. La cifra, repetida hasta la saciedad en el hilo, se ha convertido en el argumento central de quienes cuestionan la gestión de la organización durante la emergencia.

El origen del malestar no es contable, sino visual. Varios mensajes describen la presencia de voluntarias con uniformes impecables, furgonetas relucientes y garrafas de agua apiladas en lo que parecía el patio de un colegio. La imagen contrasta con la de los vecinos y voluntarios anónimos que, según varios relatos, llevaban días retirando lodo sin más apoyo que sus propias manos. Ahí empezó todo.

Qué hace Cruz Roja con los 513 millones de subvenciones​

El desglose de ingresos que maneja el hilo es el siguiente: 20 millones por ventas, 221 millones por cuotas de socios, 222 millones por servicios prestados —contratos con ayuntamientos para socorrismo, gestión de albergues o puestos de socorro— y 513 millones en subvenciones estatales, un 17% más que el año anterior. Sobre esa base, el gasto de personal de 475 millones equivale a casi todo el dinero público recibido.

La interpretación de ese dato varía. Hay quien sostiene que una entidad con miles de trabajadores contratados —desde socorristas hasta personal de emergencias— tiene una estructura de costes inevitablemente intensiva en mano de obra. En contra pesa el argumento de que, si el 92% del dinero público se destina a sueldos, el margen para la acción sobre el terreno queda reducido a lo simbólico. El cálculo completo, desglosado partida a partida, da una diferencia que sorprende a quien esperaba una organización ligera y ágil.

El papel de las administraciones y los contratos públicos​

Una parte del análisis se centra en la naturaleza jurídica de la entidad. Se argumenta que Cruz Roja no es una ONG al uso, sino un organismo autónomo de la Administración, con trabajadores equiparables en régimen laboral a los de cualquier servicio público. De ahí que el 60% de sus fondos proceda de subvenciones de explotación, es decir, de impuestos. La consecuencia práctica es que su capacidad de reacción depende de la misma burocracia que lastra al resto del sector público.

Esa condición explica también por qué aparece en el centro de todas las polémicas sobre gestión de emergencias. Si el dinero es público y la estructura es administrativa, la exigencia de resultados debería ser la misma que la de cualquier servicio estatal. Los relatos que describen furgonetas limpias y personal sin tareas concretas apuntan, según esta lectura, a un problema de diseño institucional más que a una conspiración.

La vicepresidenta y el ministro: el vínculo que aviva la polémica​

El hilo incorpora un elemento que ha disparado la desconfianza: según publicaciones en redes, la vicepresidenta de la Fundación Cruz Roja sería la pareja del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. El dato, difundido a través de publicaciones en redes, se ha convertido en munición para quienes ven un conflicto de interés en la cúpula de la organización. También se menciona su nombramiento como vicepresidenta de alianzas estratégicas en una empresa tecnológica que habría recibido una inyección de 111 millones de euros.

Conviene precisar que estos vínculos se presentan como informaciones publicadas, no como hechos judicialmente acreditados. La sospecha de puerta giratoria entre lo público y lo privado es legítima como debate, pero no equivale a una condena. Aun así, la coincidencia de cargos y parentescos alimenta la tesis de que la entidad funciona como una agencia más del ecosistema político.

Voluntarios con furgoneta propia frente a estructuras millonarias​

El contraste más repetido es el de los particulares que cargaron sus vehículos y repartieron comida sin cobrar. Varios mensajes relatan que la ayuda real llegó de vecinos, autónomos y trabajadores que se organizaron por su cuenta. Frente a eso, la presencia institucional se percibe como una operación de imagen: dos voluntarias, una foto y vuelta a casa.

Esa percepción tiene un coste reputacional difícil de cuantificar. Cuando la ciudadanía comprueba que quien resuelve el problema no es la estructura subvencionada, la pregunta sobre para qué sirve esa estructura se vuelve inevitable. Y no hay campaña de comunicación que tape una furgoneta limpia en un pueblo cubierto de barro.

¿Cuánto tardará Cruz Roja en publicar el desglose de su actuación sobre el terreno? La cifra de 513 millones ya está en el aire.