Pregunta: ¿Cuál es el motivo por el cual se está provocando deliberadamente la crisis de la vivienda en España?

Crisis de vivienda: el atasco que a todos conviene​

Un piso de 60 metros cuadrados en una gran ciudad española puede superar los 1.500 euros de alquiler. No es una cifra de folleto inmobiliario: es lo que se paga, y lo que se cobra, en un mercado donde la oferta se ha estrangulado mientras la demanda sigue creciendo. La pregunta que recorre los foros económicos desde hace meses no es cuánto ha subido, sino por qué nadie con poder para desatascarlo parece tener prisa. La respuesta que emerge del análisis colectivo es incómoda: el atasco es el negocio.

Quién gana con que no se construya​

El primer sospechoso es el suelo. La mayor parte de las bolsas de terreno edificable está en manos privadas: entidades financieras, fondos de inversión y la Sareb. Esos terrenos se retienen durante años, incluso décadas, hasta que el precio alcanza máximos. No es casualidad que Madrid se llene de grúas cuando el ciclo aprieta. El suelo no se libera por vocación social, se libera cuando la rentabilidad justifica mover ficha.

El segundo es el crédito. Hay quien sostiene que la vivienda tiene que mantener un valor contable alto porque una parte significativa de la deuda se sustenta en ella. Si los precios cayeran, las garantías se tambalearían y las renovaciones de pólizas se complicarían. Es el mismo mecanismo que se activaría si el BCE dejara de comprar deuda: un equilibrio que se sostiene mientras nadie mire debajo de la alfombra.

El propietario que no puede permitirse bajar el precio​

La tercera pata es el pequeño propietario. Un rentista con cuatro pisos alquilados que ingresa varios miles de euros al mes es, para Hacienda, una fuente de recaudación estable. Para el inquilino, un problema. Para el mercado, un eslabón que no se mueve porque no le conviene. La presión fiscal sobre el alquiler y la inseguridad jurídica empujan a muchos a retirar la vivienda del mercado o a subir el precio para compensar riesgos percibidos.

El resultado es un círculo que se retroalimenta: menos oferta, precios más altos, más presión para intervenir, más inseguridad para el propietario, menos oferta todavía. La ley de la selva con reglamento.

La teoría del caos controlado​

Frente a la hipótesis de la conspiración ordenada, gana peso una explicación menos épica: los gobernantes son unos payasos. La idea, formulada con retranca en el debate, es que no hay un plan maestro sino una sucesión de decisiones cortoplacistas, intereses electorales y burocracia que se acumulan hasta producir un desastre que nadie diseñó pero del que muchos se benefician.

Hay quien apunta a un objetivo más siniestro: mantener a la población pobre, dependiente y entretenida. Un país de propietarios es un país de gente difícil de manipular. Un país de inquilinos crónicos es un país de votantes agradecidos. La vivienda como herramienta de control social, no como derecho.

La ley del suelo que nadie toca​

Una de las propuestas más repetidas es la liberalización del suelo rústico. Si se permitiera construir en parcelas no urbanizables sin protección especial, con una ley estatal que reparcelara terrenos de 500 a 1.000 metros cuadrados, una casa básica de 60 metros podría levantarse por unos 30.000 euros. El solar, según ubicación, por menos de 20.000. La vivienda pasaría a valer una fracción de lo que vale hoy.

El obstáculo no es técnico, es político y financiero. Si el suelo se liberalizara, los bancos dejarían de prestar con las garantías actuales y el chollo se acabaría. La ley del suelo de Aznar y el consenso posterior sobre la restricción del suelo urbanizable son, para muchos analistas, la raíz del problema. Nadie la toca porque nadie quiere que se toque.

---

La crisis de vivienda no viene de hace cinco años. En los noventa ya era difícil alquilar y comprar. En los dos mil se normalizó compartir piso. En los diez, el casting para entrar en un zulo sobrepagado. En los veinte, el caos. Cada década ha sido un peldaño más abajo en la misma escalera. Y el último dato descoloca: mientras el discurso oficial habla de acceso a la vivienda, el mercado se comporta como si el objetivo fuera exactamente el contrario.