descendientes de fruta: desconectaron a la delegación del gobierno del cecopi

Una hora sin AEMET ni la CHJ en el CECOPI del 29-O​

El 29 de octubre, entre las 18:00 y las 19:00, y según el relato de Teresa Ribera, la delegación del Gobierno, la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar quedaron fuera de la reunión del CECOPI porque la pantalla se quedó en negro. Una hora de sillas vacías en la sala que coordinaba la emergencia en plena DANA, con el agua bajando ya por los barrancos de la provincia de Valencia. Nadie ha firmado el corte.

La explicación oficial habla de un fallo técnico. La lectura de quienes critican al Ejecutivo autonómico apunta a un boicot deliberado de la Generalitat Valenciana a los representantes del Gobierno central. Ninguna de las dos versiones se sostiene, de momento, sobre un peritaje, una grabación o un registro de incidencias que la haga irrebatible. En ese empate se atasca todo: sin saber quién apagó la pantalla, lo demás es conversación.

¿Por qué se habla de más de 62 correos de la CHJ?​

Porque ese fue, según el relato que circula en el debate, el canal oficial de comunicación del organismo para avisar de la crecida: más de 62 correos, no llamadas ni una alerta integrada en los teléfonos. Según ese mismo relato, la AEMET llevaba días avisando y esa misma mañana elevó la situación a Código Rojo. La UME, según esa cronología, se puso en marcha desde las 15:00 por procedimiento automático, y el CECOPI se constituyó a las 17:00.

Ese encadenado de horas es el corazón del reproche. Hay quien sostiene que Francia avisó cuatro días antes y Japón uno antes, y que aun así el aviso no llegó a tiempo a quien tenía que llegar. Enfrente pesa un argumento incómodo pero real: un correo es una comunicación formal, y también una comunicación que no despierta a nadie a las cinco de la mañana. Si el sistema se apoya en que alguien abra el email, el sistema tiene un fallo de diseño que no se arregla con más correos.

Las cuatro presas que los planes hidrológicos descartaron​

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) denunció que los nuevos planes hidrológicos eliminaron 73 proyectos hidráulicos, entre ellos la construcción de cuatro presas en la provincia de Valencia que, sostiene la entidad, además de abastecer al campo y a los ciudadanos habrían contribuido a frenar avenidas como la del 29 de octubre.

Es una afirmación con carga política evidente y con un problema de demostración igual de evidente: ninguna presa se proyecta, se aprueba y se levanta en una tarde, y menos en una cuenca con la orografía del Júcar. Pero el dato ensancha el foco más allá de la pantalla negra. La discusión sobre la DANA ya no es solo de minutos y avisos: es también de qué infraestructura se dejó de hacer en los años anteriores y quién decidió no hacerla.

La CHJ adjudica ahora las alertas que no tenía​

El detalle que más incomoda lo publica El Confidencial: el Ministerio de Transición Ecológica ha adjudicado a dedo sistemas de alerta temprana en tiempo real, lo que leído en negativo equivale a reconocer que la Confederación Hidrográfica del Júcar carecía de los sistemas necesarios para informar de la crecida de caudales con la urgencia que exigía la jornada. Que la compra sea sin concurrencia añade otra capa de incomodidad.

La paradoja cuesta de digerir. El organismo que mandaba correos es el mismo que ahora compra la herramienta que le habría evitado mandarlos. Y el ministerio que lo pilota, con Teresa Ribera al frente, aparece en el centro del fuego cruzado mientras su gestión se somete a examen público.

Garajes, Massanassa y dos versiones sin acta​

Después llegó la poscatástrofe, con su propio catálogo de polémicas. El CECOPI tuvo que publicar una orden para que se limpiaran garajes privados, un trámite que se lee como síntoma de que la coordinación iba por detrás de la realidad sobre el terreno. En Massanassa, el alcalde sostuvo que el centro educativo Lluís Vives había sido catalogado como nivel rojo; el conseller de Educación lo negó. Otra vez dos versiones, otra vez sin documento que las concilie.

Quién dimite: el pulso que tapa el fondo​

Sobre esa maraña se monta el pleito político. Una corriente exige responsabilidades para arriba y para abajo, sin mirar siglas. Otra sostiene que la culpa es exclusivamente de quien gobernaba la Generalitat ese día. La etiqueta de equidistante funciona como el insulto más eficaz de la discusión: quien reparte culpas entre administraciones queda señalado por los dos lados.

El efecto es paradójico. La petición de que se depuren responsabilidades —y de que las instrucciones emitidas durante la emergencia se publiquen y se contrasten— acaba operando como ruido que estorba ver la secuencia real: qué se sabía, quién lo sabía y en qué minuto se actuó. Mientras eso no se ordene, cada administración seguirá eligiendo la versión que le conviene.

La pantalla negra duró una hora. Las explicaciones llevan más tiempo y ninguna cuadra con la siguiente. Sigue sin peritaje del apagón, sin acta que aclare quién decidió qué en aquella sala y con una pregunta incómoda colgada de un cable que nadie quiere revisar: ¿fue un fallo técnico o fue una decisión?