El gobierno amenaza la intervención de repsol

Repsol, Cepsa y las eléctricas congelan sus inversiones en España por el impuesto energético​

El impuesto que nació como temporal se ha vuelto permanente. Y la respuesta del capital no se ha hecho esperar: Repsol, Cepsa y las grandes eléctricas han paralizado sus inversiones en España. El argumento que circula es que el Gobierno necesita recaudar cada vez más para cuadrar las cuentas con Bruselas, y que el sector energético es la vaca a ordeñar. El resultado es una parálisis inversora que afecta a refinerías, redes y proyectos industriales de largo plazo.

La paradoja es que el mismo Ejecutivo que dice defender la soberanía energética está empujando a sus mayores operadores a mirar hacia otras capitales europeas. Países Bajos, Irlanda, Portugal o Italia aparecen en la conversación como destinos plausibles para trasladar la sede social, siguiendo la estela de Ferrovial. No es una amenaza retórica: es una operación legal, barata y cada vez más frecuente.

El impuesto temporal que se quedó para siempre​

El gravamen a las energéticas se diseñó como una medida excepcional para amortiguar el golpe de los precios de la electricidad y los carburantes. Su vigencia tenía fecha de caducidad. Esa fecha se ha ido prorrogando hasta que la excepcionalidad se ha convertido en estructura fiscal. El sector lo interpreta como una señal inequívoca: en España, lo provisional dura.

La lógica recaudatoria tiene una explicación incómoda. El Gobierno necesita ingresos crecientes para cumplir con los objetivos de déficit que marca la Unión Europea. Cuando el margen de subida de impuestos generales se agota políticamente, se recurre a los sectores con beneficios visibles. Las energéticas cumplen el requisito: facturan mucho, tienen presencia pública y no generan simpatía electoral.

Hay quien sostiene que el impuesto es una simple cuestión de justicia redistributiva. En contra pesa un argumento más prosaico: si el objetivo era recaudar, gravar la inversión productiva es la forma más rápida de matar la gallina. Las refinerías no se trasladan como una oficina. Pero las oficinas sí se trasladan, y con ellas la facturación.

¿Por qué las empresas pueden cambiar de sede sin dejar de operar en España?​

Cambiar la sede social no implica perder las propiedades ni abandonar el negocio. Ferrovial lo demostró hace año y medio: mantiene su infraestructura en España, sigue operando con normalidad y ha visto cómo sus acciones se revalorizaban un 25% en la Bolsa de Madrid desde junio de 2023. El objetivo declarado era cotizar en Estados Unidos. El efecto colateral fue dejar de tributar bajo el marco español para determinadas operaciones.

La asimetría es el punto que más irrita al sector. Una empresa francesa, portuguesa o alemana puede operar en España sin pagar el impuesto creado por este Gobierno. Una empresa con sede legal en España sí lo paga. Es decir, la medida penaliza precisamente a las que mantienen su domicilio fiscal en el país. La consecuencia lógica es que el incentivo para quedarse se reduce cada trimestre.

El traslado de sede no es una bala de plata. Si el Gobierno decide expropiar o intervenir, la sede en Ámsterdam no protege el activo físico. Lo que sí permite es litigar directamente en organismos internacionales, fuera del circuito judicial español. Esa es la ventaja real que buscan las compañías: no pagar menos, sino tener un árbitro distinto.

La sombra de la intervención y el fantasma venezolano​

La palabra intervención ha entrado en el vocabulario económico con una naturalidad preocupante. En Galicia hay quien exige que el Gobierno central intervenga la planta de Alcoa en Lugo. En Asturias se flirtea con intervenir ArcelorMittal. La tentación intervencionista no distingue siglas: cuando el problema es grande, la solución que se propone es siempre la misma.

El precedente que sobrevuela la conversación es Venezuela. Allí, recuerdan algunos, se expropiaron activos energéticos con el mismo argumento de soberanía y justicia social. El resultado no fue una industria nacional fuerte, sino una compañía petrolera descapitalizada y un país que pasó de exportador a importador. La comparación es incómoda, pero el paralelismo institucional es evidente.

El detalle que descoloca es quién está al frente de Repsol. Un directivo vinculado al PNV, señalan algunos, lo que complica el relato de que el Gobierno central pueda hacer y deshacer a su antojo. La política energética española es un tablero donde conviven el Ejecutivo, las comunidades autónomas con competencias fiscales y los intereses internacionales del accionariado.

Quién paga la factura: el contribuyente de a pie​

El argumento más repetido en la conversación es que la factura final la acaba pagando el ciudadano. Si las empresas trasladan sede, la recaudación cae. Si no la trasladan, el impuesto se repercute en precios o se compensa con menos inversión. En cualquiera de los escenarios, el consumidor español sale perdiendo.

La estructura de propiedad añade una capa de ironía. El principal accionista de Repsol es BlackRock, seguido de JP Morgan. Es decir, los grandes fondos internacionales son los primeros interesados en que la compañía opere con seguridad jurídica. Si el Gobierno español presiona a Repsol, presiona indirectamente a los fondos que sostienen buena parte del sistema financiero global.

El marco europeo limita el margen de maniobra. España está en una unión de libre comercio con moneda única, banco central compartido y libre circulación de bienes, servicios y personas. Eso significa que las empresas pueden marcharse sin coste y los trabajadores cualificados también. La diferencia con otros experimentos históricos es que aquí la puerta de salida está abierta y es barata.

El resultado: un país que se parece cada vez más a una reserva económica​

La tesis que gana peso es que España se está sudamericanizando. No por un golpe de estado, sino por acumulación de decisiones: impuestos que expulsan capital, intervencionismo que ahuyenta inversión, y una clase política que prefiere recaudar hoy a crecer mañana. El resultado sería un erial económico dentro de la Unión Europea, con los trabajadores más cualificados emigrando y las empresas facturando desde Holanda o Irlanda.

La pregunta que queda en el aire no es si las empresas pueden irse. Es si alguien en el Gobierno ha calculado cuánto cuesta que se queden. Porque cada trimestre que pasa, la respuesta del mercado es más clara: el precio de la seguridad jurídica española sube, y no precisamente a favor del contribuyente.