España construye menos vivienda que hace 30 años
En 2014 España tenía 46.512.199 habitantes. En 2023, 48.196.693. Un millón setecientos mil más. Y sin embargo, el gráfico que Marc Vidal ha publicado en X muestra una curva de obra nueva que se desploma desde 1992 y que hoy sigue muy por debajo de los niveles de hace tres décadas. La conclusión del analista es directa: «Se construye menos que hace 30 años». El dato no es una opinión: es una evidencia estadística que choca con la subida imparable de precios y con la escasez de inmuebles que denuncian los informes sobre vivienda pública.
La paradoja es que el exceso del periodo 2000-2007 —aquel boom que dejó un stock sobre dimensionado— se ha convertido en el argumento perfecto para no volver a construir. Pero el desequilibrio actual es el contrario: falta oferta, y la demanda presiona. El resultado es un mercado tensionado donde el precio no cede y donde la obra nueva no llega.
Por qué España no construye vivienda pública desde 2011
El economista Sergio Nasarre lo resume sin rodeos: «En España lleva sin construirse vivienda pública desde el año 2011». La OCDE sitúa a España a la cola de Europa en alquiler social, solo por delante de Portugal. El porcentaje de vivienda pública sobre el stock total es uno de los más bajos del continente. Y mientras tanto, el gasto en pensiones se lleva la parte del león del presupuesto, porque —como se apunta en el análisis— resulta electoralmente más rentable subir las pensiones que promover vivienda protegida.
La falta de vivienda pública no es un accidente. Es una decisión política sostenida en el tiempo. Y tiene consecuencias: sin parque público, el mercado privado absorbe toda la presión de la demanda, y los precios hacen el resto.
El cálculo que descoloca: más población, menos ladrillo
Los números que se manejan en el análisis son tozudos. Entre 1993 y 2023, la población nacional se redujo ligeramente (de 38,6 a 36,8 millones), mientras que la extranjera pasó de 790.000 a casi 12 millones. El total: de 39,4 a 48,8 millones de habitantes. Es decir, España ha sumado más de nueve millones de personas en tres décadas, pero construye menos vivienda que entonces.
Hay quien sostiene que la solución pasa por liberar suelo y eliminar impuestos a la construcción. Otros apuntan a que el problema es de demanda: si entran 723.000 inmigrantes en un año —cifra que se cita en el análisis—, en algún sitio tendrán que vivir. Y no hay suficientes casas. La ecuación oferta-demanda no falla: si la demanda crece y la oferta no, el precio sube.
La trampa de los plazos: cuatro años para ver una sola casa
Aunque mañana se decidiera construir a destajo, los resultados no se verían hasta dentro de cuatro años. Entre la adjudicación del suelo, el proyecto, los permisos, la obra y la legalización, el proceso es un laberinto administrativo que desespera a cualquier promotor. Y para entonces, la demanda habrá seguido creciendo.
El análisis más pesimista calcula que en esos cuatro años se pueden acumular otros dos millones de personas. El más optimista confía en que la presión migratoria se modere. Ninguno de los dos escenarios resuelve el problema de fondo: un país que necesita vivienda y que no la construye.
Quién tiene la culpa: el relato oficial y sus grietas
Las explicaciones oficiales apuntan a los propietarios privados, a los fondos de inversión, a la especulación. Pero hay otra lectura: la Ley de Vivienda, al favorecer la ocupación y limitar la rentabilidad del alquiler, ha reducido la oferta disponible. Los pequeños propietarios retiran sus pisos del mercado. Los grandes fondos compran a precio de saldo. Y el Estado, que podría actuar como avalista o promotor, mira para otro lado.
El resultado es un círculo vicioso: menos oferta, precios más altos, más dificultad para acceder a una vivienda. Y mientras tanto, la construcción de obra nueva sigue estancada. El gráfico de Marc Vidal no es una anécdota: es el retrato de un país que ha dejado de construir su futuro.