España encara una subida de hasta 45 céntimos por litro en el precio del combustible por los derechos de emisión

El nuevo mercado de emisiones añadirá hasta 45 céntimos al litro en 2027​

España se prepara para un encarecimiento del combustible de entre 15 y 45 céntimos por litro. El responsable no es un impuesto nuevo ni una subida del IVA: es el RCDE2, el régimen europeo de comercio de derechos de emisión que a partir de enero de 2027 extiende al transporte por carretera y a los edificios una obligación que ya pesa sobre la industria eléctrica, la aviación comercial y el transporte marítimo. Bruselas quiere recortar un 62 % de las emisiones respecto a 2005 antes de 2030. El camino elegido pasa por encarecer el litro.

El mecanismo no recae sobre el usuario final, sino sobre distribuidoras y comercializadoras de carburantes, que deberán comprar derechos en función de sus ventas. Ese coste se traslada al surtidor. El Ministerio para la Transición Ecológica confirma que el esquema abarcará el transporte por carretera y los edificios residenciales y comerciales, mientras la Comisión Europea lo describe como una herramienta esencial para la neutralidad climática de mitad de siglo.

Cuánto sube el combustible por los derechos de emisión​

Las estimaciones del sector hablan de un incremento de entre 25 y 45 céntimos por litro, lo que equivale a una subida del 15 % al 30 % con los precios actuales. Las empresas distribuidoras sitúan la horquilla algo más abajo, entre 15 y 25 céntimos. La diferencia entre ambas cifras no es un matiz: son miles de millones de euros de coste agregado para la economía española.

El Banco de España ya ha incorporado el efecto a sus proyecciones. Según sus cálculos, la entrada en vigor del RCDE2 añadirá siete décimas a la inflación en 2027, que pasaría del 1,7 % previsto al 2,4 %. Hay quien mira esa cifra con incredulidad: un alza del 25 % en el combustible que se traduce en apenas siete décimas de IPC. El transporte pesa poco en la cesta, pero su capacidad de arrastre es enorme: el 95 % de las mercancías en España viaja por carretera. Cada céntimo del gasóleo se convierte en céntimos de todo lo demás.

Quién paga realmente el RCDE2​

Los edificios también entran en el paquete. El encarecimiento del gasóleo de calefacción o del gas natural golpeará directamente a los hogares, en un contexto de gasto energético ya tensionado. En la práctica, el efecto se parece a una subida de impuestos, con una diferencia incómoda: no hay mecanismos de compensación directa para consumidores particulares. Las asociaciones de consumidores temen un repunte adicional en la factura energética doméstica.

Entre transportistas y sectores afectados cunde la frustración por lo que consideran falta de firmeza del Gobierno en la negociación. España, por su dependencia del camión, aparece en todas las quinielas como uno de los países más perjudicados. Las patronales piden ayudas o compensaciones que amortigüen el golpe, mientras Bruselas ya ha urgido a España a transponer la directiva comunitaria bajo amenaza de sanción.

De dónde sale el dinero de los derechos de emisión​

Una de las preguntas que recorre cualquier conversación sobre el RCDE2 es a dónde va el dinero. Los derechos se pagan a un mercado, pero el destino final de los ingresos y su empleo concreto rara vez se detalla con precisión. Es la parte del mecanismo que menos se explica y la que más desconfianza genera.

A eso se suma el argumento de la eficacia. La UE lleva décadas recortando emisiones mientras las globales se han duplicado. La pregunta que sobrevuela el asunto es de qué sirve que España encarezca el litro si otros países emiten mucho más. El debate sobre la fuga de carbono —que la producción se desplace a donde contaminar es más barato— no aparece en la letra pequeña de la directiva.

Qué pasará con el precio del gasóleo y la gasolina en 2027​

El calendario es firme: enero de 2027. La directiva está aprobada dentro del paquete Fit for 55 y la Comisión no contempla marcha atrás. El reto de fondo será equilibrar la lucha contra el cambio climático con la competitividad económica y la protección de consumidores y empresas ante un alza que amenaza con extenderse a toda la economía.

La predicción más razonable, con reservas: el litro subirá, la inflación acusará el golpe y el transporte por carretera seguirá siendo la columna vertebral de la logística española. Si el mecanismo funciona como promete Bruselas, las emisiones bajarán. Si no, el contribuyente habrá pagado la factura de todos modos.