Estimado funcivago que te crees intocable y el más listo de la clase...

La subida del 2% al empleado público que no llega al bolsillo​

Un forero cuenta que un profesor de primaria se ha jubilado a los 60 años con el cien por cien de su sueldo y que su mujer, también docente, lo hará el año que viene, con 59. La escena circula como ejemplo de lo que una parte de la sociedad considera el último reducto del primer mundo laboral en España: la plaza pública en propiedad. Sobre esa plaza se ha montado una discusión áspera, la de si es un privilegio blindado o una cadena con la correa cada vez más corta. El desencadenante inmediato, la subida del 2% a los empleados públicos, que coincidió con los días previos al cobro de la paga extra.

La reacción mayoritaria no fue de agradecimiento. Fue de cálculo.

¿Por qué un 2% de subida salarial no equivale a un 2% más en nómina?​

Porque el IRPF es progresivo y los tramos siguen sin deflactarse. El salto de tramo se come parte del incremento, de modo que el porcentaje que figura en el acuerdo no es el que aterriza en la cuenta. Sobre la mesa hay dos referencias incómodas: la inflación acumulada desde el arranque de la crisis de precios, que según el cálculo que se maneja en el hilo alcanza ya el 20% en España y supera el 30% en energía y alimentación desde 2020, y el dato del INE que se cita en la conversación, un 3,6% en unos meses.

La corrección técnica también aparece, y es obligada: ganar más en bruto siempre deja más en neto, porque el tramo nuevo solo grava la parte del sueldo que supera el umbral. Lo que sí puede caer es el neto por hora cuando el aumento viene de echar más horas. La distancia entre las dos lecturas —más dinero en total, menos por unidad de esfuerzo— explica buena parte del enfado.

En el foro la idea se resume así: el sistema está montado para que funcionarios y jubilados cobren y no va a reventar. El complemento es que, si revienta, los primeros en notarlo serán los de la privada.

El 45% del empleado público consume psicofármacos a diario​

El dato llegó de la mano del sindicato CSIF y se ha convertido en el más citado de toda la polémica: el 45% de los empleados públicos consume a diario ansiolíticos, antidepresivos o somníferos. Desglosado, los ansiolíticos los usan el 66% de los encuestados, los antidepresivos el 43,6% y los somníferos el 32,1%. El 76% asegura que el trabajo influye en ese consumo. Por frecuencia, el 51% los toma a diario, el 13% varias veces por semana y el 21% alguna vez al mes.

El contrapunto también se ha formulado: la muestra está muy feminizada, el colectivo incluye médicos y enfermeras con acceso y conocimiento de fármacos, y las mujeres consumen más psicofármacos en cualquier grupo profesional. Con esos mimbres, atribuir el consumo a la condición de empleado público es un salto que el sondeo no sostiene.

Pensiones, deuda y la apuesta por 2030​

La sostenibilidad se discute con la pirámide de población delante. En los próximos 10 y 15 años se jubila un volumen enorme de trabajadores y queda poca gente en activo para sostenerlos, con sueldos bajos en su mayoría y con los perfiles más preparados buscando salida fuera. Hay quien sostiene que Europa ya ha señalado que las pensiones, tal como están, son insostenibles. Según el cálculo que se cita en el hilo, la Seguridad Social se endeuda en miles de millones cada año, ha duplicado su deuda desde 2020 y arrastra 120.000 millones.

De ahí salen los dos escenarios que se manejan: recortes salvajes o subidas de impuestos igual de salvajes. Y una fecha que circula como apuesta para el colapso, 2030, con el lema de moda como banda sonora: no tendrás nada y serás feliz.

¿Se puede despedir a un funcionario en Europa?​

Grecia aprobó despidos de funcionarios a instancias de la troika. Italia arrinconó el acto de nombramiento con la entrada del convenio colectivo y contempla la rescisión unilateral del empleador. Francia ha reabierto el debate sobre permitir el despido. La plaza española aparece así como uno de los últimos blindajes del continente, con el matiz de que estabilidad y rigidez no son lo mismo: fuera de aquí también existe la primera.

La plaza como cadena y como lista de reclutamiento​

Aguantar la plaza no sale gratis, según la tesis que recorre el descontento: la mayoría de quienes la ocupan no tendría ahorros para vivir meses por debajo del radar, va al día, con hipotecas y tarjetas, y esa supuesta seguridad es justo lo que ata. La misma tesis sostiene que esa dependencia convierte al empleado público en la masa más fácil de movilizar cuando haga falta gente: bastaría un decreto que ligara veinte días de ausencia injustificada a la suspensión de empleo y sueldo.

Emigrar o quedarse: las dos salidas que se defienden​

«España es un sistema diseñado por y para funcionarios y jubilados. Es así. No va a reventar», resume una postura frecuente entre quienes ya hicieron las maletas. Hay quien sostiene, además, que el porcentaje de subida pactado no compensa la pérdida acumulada y que la única jugada racional es salir.

El otro camino se defiende con menos épica. Es el de quien se sacó la plaza después de años de turnos, noches, fines de semana y desplazamientos, y ahora cobra sin sobresaltos. En la pública están, dicen, los salarios y las condiciones del primer mundo. También hay quien se marchó a la privada fuera de España, a una universidad con buenas condiciones, y lo cuenta como decisión personal más que como cruzada.

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Con un 45% de la plantilla que declara consumir psicofármacos a diario, según CSIF, y una fecha de caducidad que cada cual coloca donde le conviene, la pregunta ya no es si el sistema aguanta. Es cuánto aguanta quien lo sostiene.