¡Importante! Último comunicado de Liberum. Gobierno a punto de ceder todos nuestros datos a la UE y OMS. Documentación para negar consentimiento

LIBERUM difunde plantillas para negar la cesión de datos sanitarios​

Un ciudadano imprime un escrito, lo firma, se persona en el registro de su consejería de salud y exige copia sellada con la fecha de entrada. Ese gesto, multiplicado por miles, es el que busca la asociación LIBERUM, que el 29 de agosto de 2023 publicó un comunicado con modelos de documento en PDF y Word para que cualquiera deniegue por anticipado el consentimiento a la cesión de sus datos sanitarios a países de la Unión Europea.

El planteamiento es tajante. La asociación sostiene que Bruselas pretende acceder a todos los datos sanitarios de los ciudadanos y que el Gobierno de España ha creado una agencia para gestionarlos y compartirlos con el resto de Estados miembro, algo que identifica sin matices con la identidad digital. Según su relato, el proceso arrancará en cuatro comunidades autónomas y después se extenderá al resto.

Qué pide exactamente el comunicado​

El texto anima a denegar el consentimiento a que cualquier administración —central o autonómica— «ceda, venda o cualesquiera de las formas que se les ocurra» entregue datos sanitarios a países extranjeros sin permiso expreso. La tesis de fondo es que no habrá aviso previo: lo lógico, admiten, sería solicitar el consentimiento expreso, pero sostienen que se hará por defecto y sin comunicárselo a nadie.

De ahí la premura. Quien no presente su negativa por adelantado, avisan, verá cómo sus datos salen hacia el resto de socios europeos sin que se le pregunte. El objetivo declarado es el efecto acumulativo: miles de escritos idénticos obligarían a replantear el procedimiento.

Dónde se presenta el escrito​

La propia asociación detalla las vías. La primera es Redsara, el registro electrónico común de la Administración. La segunda, el registro autonómico que corresponda, dirigido al Ministerio de Sanidad y a la consejería de salud de cada comunidad. Quien prefiera el papel tiene dos opciones: entregarlo en persona en el registro de su área de salud o en un ayuntamiento, o enviarlo por burofax. En todos los casos se insiste en una cosa: exigir copia con el sello de entrada.

En el hilo se recomienda llamar antes a la consejería para preguntar cuál es el registro concreto. Y se apunta que una conocida presentó su escrito un año antes de la publicación del comunicado, lo que sugiere que el procedimiento lleva tiempo circulando por canales cerrados.

¿Se pueden ceder datos sanitarios sin permiso del paciente?​

Aquí es donde el relato se parte. Frente a la tesis de la entrega por defecto, una parte del análisis jurídico recuerda que la normativa de protección de datos actúa como muro: solo el propio interesado puede ceder sus datos personales, y ninguna administración puede traspasarlos a un tercero sin su consentimiento. Se cita como obstáculo insalvable la LOPD.

En el lado opuesto, hay quien replica que las cautelas legales no han frenado nada en los últimos años. Se menciona que estos procedimientos se formalizan con letra pequeña al renovar el DNI o al firmar cualquier trámite, y que la mayoría de la gente firma sin leer. La comparación que se esgrime es la del consentimiento sanitario: en España se puede donar órganos de un fallecido si este no dejó constancia previa en contra, un ejemplo de que el silencio juega a favor de la entrega.

La vía legal que existe más allá de la plantilla​

La ruta que se propone desde una óptica jurídica es distinta y más pautada. Primero se solicita ejercer el derecho de oposición a la entrega de datos sanitarios a países o entidades extranjeras. Si en un mes no hay respuesta o esta no es satisfactoria, el paso siguiente es la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su registro electrónico. Es el camino reglado, más lento que el burofax, pero con respaldo administrativo.

La discusión derivó también hacia el marco normativo citado en el intercambio. Varios mensajes intentan localizar el reglamento europeo sobre el espacio de datos sanitarios y aterrizan en su lugar en el Reglamento (UE) 2023/607, de 15 de marzo de 2023, que en realidad modifica las normas sobre productos sanitarios y diagnóstico in vitro por el impacto de la pandemia. El despiste revela lo fácil que es confundir el reglamento de productos sanitarios con el que regula el intercambio de datos clínicos.

El escepticismo de fondo​

No todo el mundo compra el marco. Una corriente sostiene que los datos ya están cedidos desde hace décadas, en cada casilla que nadie lee, y que la plantilla llega tarde: el paripé se cerró hace tiempo. Otra va más lejos y califica la iniciativa de distracción, argumentando que la solución real no es un escrito administrativo sino asumir que habrá que operar al margen del sistema.

También hay quien plantea un riesgo distinto: que firmar la negativa acabe generando listas de disidentes. Y quien recuerda que, en la práctica, la tarjeta sanitaria europea no siempre funciona como promete el folleto, con traslados entre comunidades que ya generan roces en ventanilla.