Lo de ibiza sigue su curso: 1.000 euros por una habitación

Ibiza: 1.000 euros por una habitación y 105.434 casas vacías​

Hay un aparcamiento en Ibiza, junto a la zona de Es Gorg, donde cada noche duermen decenas de trabajadores en caravanas y furgonetas. A menos de cinco minutos en coche, la cola para entrar en la discoteca Lío exige un gasto mínimo de 270 euros por persona. El hombre que atiende este reportaje —37 años, mantenimiento en una villa de lujo, entre 1.500 y 1.800 euros al mes con contrato en regla— perdió su casa en febrero cuando le subieron el alquiler. Ahora pide 900 o 1.000 euros por una habitación, más fianzas que suman entre 4.000 y 5.000 euros. No los tiene. Se compró una caravana.

El caso no es una excepción pintoresca. Es la consecuencia de un mercado que se ha desbocado en una isla con 652.123 viviendas totales, de las que 105.434 están vacías según el censo de población y viviendas de 2021 publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Eso supone el 16,17% del parque inmobiliario. Las cifras superan con holgura las 70.000 que manejaban los políticos en sus declaraciones. La estadística del valor tasado de la vivienda libre sitúa el metro cuadrado más caro de España en Santa Eulària des Riu, a 5.194 euros, seguido de la ciudad de Ibiza con 4.624. San Sebastián queda en 4.378, Madrid en 4.015 y Barcelona en 3.767. En 2010, ese mismo metro cuadrado en Santa Eulària costaba 2.291 euros y en Ibiza 1.297.

El precio de una habitación compartida en Ibiza​

El mercado del alquiler se mueve por redes de mensajería que se actualizan al minuto. Hay habitaciones a 1.000 euros más un mes de fianza, camas en habitación compartida a 550 euros al mes y habitaciones para parejas en casas de campo compartidas a 1.500 euros. Un piso de una habitación en el paseo de Ses Figueretes, junto al mar, que el año pasado costaba 800 euros, ahora se alquila a 2.500. La dueña de la inmobiliaria lo explica sin rodeos: solo se alquilará de mayo a septiembre, pero le compensa.

La isla recibió más de 3.385.000 turistas el año pasado, 300.000 más que el ejercicio anterior, según el Instituto Balear de Estadística, sobre una población empadronada de casi 160.000 habitantes. La tensión entre esos dos números explica por qué un celador interino del hospital, un camarero y una oficinista comparten el mismo aparcamiento al volver del trabajo. También explica que los funcionarios huyan y que los hospitales transformen alas para habilitar habitaciones con las que retener a los médicos.

¿Por qué sube el precio de la vivienda en Ibiza si hay 105.434 casas vacías?​

Porque una parte de ese stock no está en condiciones de habitarlo. Es el argumento que más peso tiene entre quienes conocen el parque inmobiliario: muchas de esas viviendas vacías necesitan reformas que los propietarios —a menudo herederos de varias generaciones— no están dispuestos a asumir. La estadística cuenta ladrillos, no pisos listos para entrar a vivir.

Sobre esa base actúan otros factores. La inseguridad jurídica que rodea al alquiler desincentiva sacar vivienda al mercado: si el inquilino deja de pagar o destroza el piso, el propietario se ve atrapado en un procedimiento lento. Hay quien sostiene que ese es el verdadero cuello de botella, por encima de cualquier otro. Y hay quien añade la presión demográfica: la isla atrae trabajadores temporales y residentes nuevos cada temporada, mientras el suelo disponible es el que es.

El resultado es una escalada que algunos comparan con la de otras plazas caras. En Suiza, un salario de 5.000 euros mensuales se queda en poco más de 1.000 después de pagar 4.000 de alquiler y 1.000 de comida. En Londres ocurre algo parecido. La diferencia es que allí nadie discute el precio: se acepta que quien quiera vivir en el centro comparta piso o se marche.

Quién debe pagar el alojamiento de los trabajadores​

Aquí empieza el desacuerdo de fondo. Una corriente defiende que el empresario asuma el coste de alojar a su plantilla, igual que asume la materia prima o la electricidad. El negocio factura caro —un beach club con champán de tres litros servido desde el hombro, croquetas de fin de año, paellas a precio de oro— y tiene margen para hacerlo. Otra corriente responde que eso equivale a socializar gastos y privatizar beneficios: si el Estado construye vivienda pública para trabajadores temporales, el contribuyente subvenciona al hostelero.

En medio quedan los trabajadores públicos. Un celador, una enfermera, un médico. Para ellos se propone vivienda pública temporal, casas-cuartel dentro o fuera de hospitales y colegios, con la condición de abandonarla al terminar la temporada o el destino. El problema es el mantenimiento: esas viviendas quedan vacías diez meses al año y alguien paga la amortización.

El cálculo completo, desglosado partida a partida entre lo que cuesta construir, mantener y ceder esas viviendas frente a lo que cuesta no tener personal sanitario, da un resultado que sorprende a quien lo hace. Pero eso es otro artículo.

La comparación con otras islas y con la España vaciada​

Hay quien sugiere que los trabajadores se muden a Menorca o a otra isla más barata, con el argumento de que el desplazamiento no sería mayor que el de quien vive en Alcobendas o en Azuqueca de Henares y trabaja en Madrid. El símil tiene trampa: entre islas hay mar, y el mar no se cruza en cercanías.

También se oye el argumento de que Ibiza debería tener un régimen propio, con competencias sobre fronteras, impuestos y residencia, al estilo de Mónaco. Con esa autonomía, se sostiene, se pagarían 3.000 euros a un camarero y se le daría permiso de residencia temporal con alojamiento, obligándole a marcharse al acabar la temporada si deja de cumplir las condiciones. Es una hipótesis sin recorrido institucional, pero mide bien la frustración de una parte de la isla.

Frente a eso, la respuesta más repetida es la más simple: oferta y demanda. Ibiza es atractiva para mucha gente, igual que lo es un ático frente a Central Park. Quien no pueda pagarlo, que no vaya. El problema de ese razonamiento es que la isla necesita camareros, celadores y mantas de villa para funcionar. Y esos no aparecen si el alojamiento se come el sueldo.

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Lo que nadie discute es el dato que cierra el círculo: 105.434 viviendas vacías sobre 652.123. Ni el 16,17% del parque. Ni los 5.194 euros por metro cuadrado de Santa Eulària. Si esas casas siguen vacías y esos precios siguen subiendo, la pregunta deja de ser quién tiene la culpa y pasa a ser quién queda para servir las copas.