El funcionario que llega al día 21 sin un duro en Ibiza
Pablo cobra
1.400 euros netos al mes y trabaja para el Servicio Público de
Empleo Estatal en San Antonio de Portmany, en Ibiza. Hay meses en los que el día 21 ya no le queda nada. «Es, de largo, el peor destino al que te pueden mandar en España», resume. La habitación que alquila le cuesta 500 euros en invierno y puede llegar a
1.100 en verano. Su complemento salarial son
76 euros, cuando en Ceuta y Melilla puede ser casi nueve veces mayor. Dejó atrás mujer e hijo para aceptar la plaza: «Ya no soy clase media, sino baja, a veces no tengo ni para aceite».
La cerveza, por cierto, a seis euros.
¿Por qué el sueldo de un funcionario no da para vivir en Baleares o Cataluña?
No es un caso suelto. Varios miles de empleados de la Administración General del Estado intentan esquivar los destinos más caros, empezando por Barcelona, Madrid, País Vasco y Baleares, porque el nivel de vida se come la nómina. Donde la vivienda se dispara, la cantidad que en Soria o Zamora permite vivir solo se queda en nada, como apunta un participante del debate.
Ahí está la trampa del relato.
Nivel de vida alto no significa pan más caro ni gasolina distinta: significa una habitación a precio de hipoteca. Contra eso, un complemento de 76 euros no discute nada. Y hubo un tiempo en que sí existía una compensación por insularidad que podía rondar el
40% del salario, según sostiene un participante del debate.
Plazas de funcionario que quedan desiertas: 13 en Baleares y 10 en Tarragona
El último concurso del SEPE dejó el
100% de las plazas desiertas en varias regiones. En Baleares no se presentó nadie a las 13 vacantes. En Tarragona, nadie a las 10. En Girona no se cubrió ninguna de las ocho disponibles y en Barcelona solo cuatro de las 37. En Ávila, Burgos, Cuenca, Navarra, Segovia o Soria el número de plazas ofertadas es muy bajo.
El patrón invita a una lectura: cuanto más caro el destino, más difícil cubrirlo.
Cataluña, la comunidad de paso donde el Estado paga menos que la Generalitat
En Cataluña concurre un factor añadido. La Generalitat y los ayuntamientos retribuyen mejor a sus trabajadores: entre
300 y 400 euros más al mes en algunos casos. Esa diferencia inclina la balanza de cualquier opositor con arraigo y explica por qué la plantilla estatal queda tan delgada. En Girona hay 963 funcionarios y 185 laborales. En Tarragona, 958 y 145. En Lérida, 643 y 111. En Barcelona, 7.596 funcionarios y 1.724 laborales para toda una provincia.
«Lo primero que te pregunta la gente que llega es cuándo sale el primer concurso para poder marcharse», dice un coordinador sindical del sector, que calcula que de cada diez nuevos ocho ya se han marchado al año siguiente. Otro empleado, llegado desde León, encontró por 500 euros «una cochera reformada» en un pueblo gerundense. Hace años que el Estado dejó de compensar las jubilaciones con nuevas contrataciones, y las sillas vacías se notan en comarcas enteras: en la Cerdanya o el Ripollés, con 300.000 habitantes, la administración general tiene ya un papel casi testimonial.
¿Por qué se descarta que el problema sea político o idiomático?
Se ha intentado relacionar el abandono de estos destinos con el procés o con la lengua. Quienes trabajan allí lo niegan: la situación se repite en comunidades donde no concurre ninguna de las dos cosas y el motivo de fondo es el coste de la vida. Cataluña siempre fue territorio de paso, sostienen, porque hay pocos opositores propios y quien se presenta prefiere la administración autonómica o local, mejor remunerada y con más arraigo.
El argumento de «que se pasen a la privada»
La respuesta más repetida desde fuera es la de siempre: si no gusta, que se marchen a la privada. El contraste no siempre sostiene la broma, según algunos participantes: un administrativo del sector privado parte de un salario base y solo mejora con perfiles muy específicos o idiomas. Lo que sí cambia el cálculo es la fiscalidad: con retenciones que en algunos casos alcanzan el
33%, según los propios afectados, la nómina neta se aleja todavía más del alquiler.
Tráfico abre en Ibiza solo lunes y miércoles por falta de personal
El problema deja de ser una queja salarial cuando toca el servicio. CCOO alertó del «cierre parcial» de la oficina de la Dirección General de Tráfico en Ibiza, que pasó a abrir dos días a la semana —lunes y miércoles— con una plantilla de tres trabajadores. Menos días de atención al público.
El cálculo no necesita adornos: 76 euros de complemento no cubren ni una noche de habitación en agosto. Y mientras los concursos sigan saliendo con plazas desiertas, el Estado seguirá mandando gente a sitios donde su nómina no llega a fin de mes.