Los dueños del piso Franco se rinden ante las amenazas de gloria que están recibiendo. La violencia del régimen sanchista vuelve a dar fruto.

El hilo pasa de las amenazas a la lista de espera social​

Con la empresa ya fuera, el hilo suelta las amenazas y agarra otra cosa: el dinero. Cuánto se paga, quién lo paga y por dónde entra la vivienda. Alguien cuelga un vídeo. Y a partir de ahí, cuarenta mensajes que ya no discuten si la inquilina vuelve a casa, sino a costa de quién.

Qué se ha sabido​

Cifras, ninguna con enlace. La que más circula es 1.650: un participante afirma que ese plan —pagar esa renta y quedarse— ya se le había ofrecido antes a la inquilina, y espera que el programa no sea «lo mismo». Otro sostiene que el alquiler se fue a más de 2.000 y después bajó a 1.600, con 400 a su cargo, y remacha que eso no debería ser legal. Un tercero habla de una subida de golpe de más de 1.000 euros a una pensionista. Falta la fuente, falta el contrato y falta la fecha: no hay ninguna.

También hay quien se sitúa en el otro lado del mostrador. Dice que no podrá vivir en ese piso por 400 al mes, pero que sí puede ser accionista del fondo inmobiliario. Y un participante pregunta, en serio, si el alquiler social del que se habla era el de 1.600.

El vídeo entra sin aviso: . Se cuelga y sirve de munición para las dos orillas.

Dos relatos personales. Uno cuenta un caso parecido —una señora de 90 años a la calle y una hija que acabó pactando la compra del piso— y matiza que no era igual: no había renta antigua de por medio y el dueño anterior se había endeudado hasta el embargo del edificio. Otro se presenta como empresario que cierra contratos de cientos de miles de euros con vaqueros de 11 y camisetas de 3, y dice que con vivienda no negocia.

El tramo abre además con una broma que se repite tres veces en tres mensajes distintos: casarse con la inquilina y heredar el piso. Nunca pasa de ahí.

Y aparece el bulo. Un participante da por hecho que el PSOE contrató a narcotraficantes para eliminar a jueces que no piensan como ellos. No aporta ningún respaldo. Se suelta como si fuera el dato del día.

Dónde está la bronca​

Primer choque: el precio. Una orilla sostiene que el alquiler debe subir según la zona y los ingresos, y a la vez reconoce que la retirada es buena noticia: «Se puede seguir pensando igual y reconocer que es una buena noticia que no echen a una octogenaria a la calle». La respuesta llega por otro flanco: el problema no es el dueño de turno, sino un sistema que permite comprar barato un piso con litigio y esperar. Y una tercera voz corta por lo sano: que le suban más de 1.000 euros a una pensionista no tiene nada que ver con los miles de desahucios que no salen en ningún sitio.

Segundo choque, y ocupa media página: la lista de espera. Un participante recuerda que ningún final de este asunto contemplaba a la inquilina en la calle —si no, la jueza no habría firmado— y avisa de lo que viene: que la propiedad ceda el piso al Ayuntamiento y el Ayuntamiento la cuele saltándose la lista del alquiler social. Otro lo empalma: la empresa se lava la cara y se asegura una situación jurídica y económica mucho mejor, porque lo que no pague ella lo pagarán los demás. Y alguno da por hecho que esa lista la llenarán solicitantes con más puntos que la inquilina. De ahí sale la duda que nadie resuelve: si entra en el programa, ¿con qué puntos comparece?

Tercer choque: qué hizo retroceder a la empresa. Reaparece la pelea de la página anterior, con un argumento nuevo. Un participante niega las amenazas y pone otra explicación: después de esto, nadie le alquilaría ese piso a nadie. No miedo: mercado. La orilla contraria no le replica a eso; se va a otra cosa.

Y el acoso, ahora del revés. Un usuario vaticina que cuando el acosado sea de izquierdas se denunciará el acoso como intolerancia de la derecha. Otro avisa de que hay mensajes monitorizados y que alguno llorará lo suyo.

Los insultos siguen, y en los dos sentidos, así que no se reproducen. Hay mensajes que van a por los propietarios por su origen —uno cruza del todo la línea con una salida antisemita— y mensajes que piden mano dura contra quien especula con vivienda. También hay quien da por hecho que todo estaba preparado desde arriba, sin más prueba que la sospecha. Se cuenta; no se copia.

Qué cambia respecto a antes​

Cambia el eje. La pregunta ya no es por qué cedió la empresa, sino quién paga la renta que salga de ahí y por delante de quién entra la vivienda en el programa. Lo de las amenazas queda como argumento de una orilla y como negación de la otra, y ahí se atasca. Entra un frente nuevo, el de la lista de espera, y entra el vídeo. Lo que no entra es un solo enlace, una cifra oficial o una fecha. Se sigue discutiendo con números sueltos.