Los dueños del piso Franco se rinden ante las amenazas de gloria que están recibiendo. La violencia del régimen sanchista vuelve a dar fruto.

El foco vuelve a la empresa y las cifras del alquiler chocan​

El hilo suelta el debate del dinero y vuelve a donde empezó: a la empresa propietaria. Entran de golpe un par de tuits, un vídeo y varias cifras nuevas que no cuadran con las del tramo anterior. Ya no se discute cuánto paga la inquilina, sino quién cobra, por qué ha cedido y qué se ha usado para conseguirlo.

Qué se ha sabido​

Ninguna cifra llega con documento detrás, y ahora son otras. Un participante afirma que la empresa ofreció pagar 1.600 € frente a un precio de mercado de 2.650 €, que la inquilina pagaba 500 € y que su pensión es de 1.400 €. Otro sitúa el alquiler en 480 € al mes, la pensión en 1.818 € en catorce pagas y la casa en 100 m². Un tercero se queda con los 200 € de renta y añade un cálculo: que el IBI anual de la vivienda vale más que lo que se cobra de alquiler en un año.

Fuentes, esta vez sí. Alguien cuelga un reportaje del 23 de septiembre sobre la empresa que está detrás del desahucio y lo acompaña de un «ánimo» con retintín. Otro pega el texto de la cuenta de Instagram del inquilinato de Madrid: dice que la propietaria no puede sacar en camilla a una mujer de 87 años y presentarse dos días después como su salvadora, que rechazó todas las salidas y que ahora se mueve por miedo a la presión. Y un tuit recoge a una comunicadora celebrando que la calle haya arrancado la respuesta. Se comenta poco. Se usa como bandera.

También entra un sin más presentación.

Dónde está la bronca​

Primera grieta: ¿pyme o fondo? Un participante pregunta en serio si Urbagestión es una sociedad con un patrimonio de cientos de millones o una inmobiliaria que anuncia locales en venta y alquileres. La pregunta incomoda porque la respuesta cambia el relato entero. Lo que recibe es que el hilo va cada día peor.

Segunda: la inquilina. El tramo se parte. Una parte sostiene que le ofrecieron varias opciones, que tiene hijos y décadas para haberse comprado un piso, y que los veinte años de litigios los perdió ella, no la empresa. Otra responde con el resto del país: que hay millones de españoles en situaciones peores y que este caso se lleva un foco que los demás no tienen. Una tercera voz corta hacia otro lado: la señora seguirá en el piso y el resto de inquilinos de Madrid seguirá pagando lo mismo.

Tercera grieta y es la que más se repite: cómo se ha conseguido. Vuelve el asunto de los nombres, la dirección de la oficina, el teléfono y los negocios familiares. Un participante avisa de que eso equivale a reconocer la coacción como herramienta y que el precedente queda abierto. Lo empalma otro con el caso de un colaborador mediático procesado por publicar dónde vive un cargo público: si la regla vale para uno, vale para todos.

Cuarta: los agravios de siempre, con ironía. Hay quien dice que si a esta inquilina le ocuparan el piso pasaría de víctima a verdugo en un día. Hay quien se pregunta por qué nadie salió a la calle en los miles de desahucios anteriores. Y hay quien contesta que el problema no es esta señora ni esta empresa, sino un sistema en el que comprar barato un piso con litigio sale a cuenta. En medio, un apunte que se repite: que el caso sirve de propaganda para preparar otra medida sobre vivienda que no arreglará nada.

Y una capa más de sarcasmo. Alguien ya imagina el piso cedido al Ayuntamiento acabando en manos de una familia de exiliados venezolanos, para mayor mosqueo de los que celebran la cesión. Mientras, otro resume la moraleja con la que más gente coincide: que aquí no hay país para rentistas, salvo que el rentista sea un gran fondo.

Qué cambia respecto a antes​

El tramo anterior era una pelea de cifras. Este vuelve a la empresa. Se da por hecho que la retirada llegó por presión social —nadie discute ya la causa— y la discusión se mueve a si eso es una victoria o una amenaza para el siguiente. La predicción de que todo acabaría en vía administrativa y fuera de los titulares no se ha cumplido: el caso sigue arriba y con la empresa otra vez en el centro.

Lo nuevo es que la bronca ya no es contra la propiedad. Es dentro del propio hilo. Unos creen que la cesión es un triunfo de la calle. Otros, que es el manual de lo que viene. Y queda una pregunta sin responder: si esto se ha logrado así, cuántos casos parecidos están esperando turno.