Neofeudalismo, fondos de inversión comprando pisos con "alquiler social" en Cantabria

Cantabria: vecinos de Hermanos Calderón piden al Ayuntamiento comprar sus pisos​

Los vecinos de la calle Hermanos Calderón han pedido al Ayuntamiento que compre las viviendas que ocupan. La petición no es un capricho: de fondo late la sospecha, según se deduce en el debate, de que La Caixa se ha desprendido de esos pisos a favor de un fondo de inversión, atraído por un alquiler bajo. Es el mecanismo que algunos ya llaman neofeudalismo inmobiliario, y que convierte al casero particular en un actor irrelevante frente al gran tenedor.

Qué pide el vecindario y qué se deduce de la operación​

La reclamación vecinal es simple: que el consistorio se quede con los inmuebles antes de que cambien de manos. Sobre el vendedor, la información publicada apunta a una entidad financiera y, después, a un fondo especializado en comprar carteras de vivienda con inquilinos dentro. La cadena se lee al revés de como la contaría un folleto: el alquiler barato no es un lastre, es el reclamo. Cuanto más bajo el precio, más cómodo el paquete y más margen para quien compra por lotes. Nadie ha confirmado oficialmente la operación.

Por qué el particular solvente se queda fuera del mercado​

El circuito lo describe así uno de los participantes en el debate: los pleitos largos, las reparaciones acumuladas y la inseguridad jurídica hacen que un propietario individual no toque determinados inmuebles ni con un palo. El gran tenedor sí. Compra en bloque, con descuento, y después sube rentas o se deshace de los activos problemáticos. La suma de esos costes, contada paso a paso, desanima a cualquiera.

Una parte del argumento culpa a la sobrerregulación de haber dejado el terreno abonado para esa concentración. Otra pone el foco en que los fondos no compiten construyendo, compiten acaparando lo que ya existe, y eso encarece el acceso de las familias.

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Qué propuso Vox y qué rechazó el Congreso​

La formación ha defendido una política de vivienda basada en el control de fronteras, la remigración y la protección del inquilino y comprador nacional. Su moción para implantar un régimen fiscal disuasorio sobre los compradores extranjeros fue desestimada: el PP se abstuvo y el resto de grupos votó en contra. El texto buscaba priorizar a los ciudadanos españoles en el acceso a la vivienda social y a las ayudas habitacionales.

Desde una de las posiciones del debate se subraya que esa batería de medidas no toca el grifo por el que entran los grandes tenedores, y que a los fondos y a las personas jurídicas no se les pone freno. La vía que se propone desde esas mismas posiciones es limitarles el acceso a promover y construir —generar oferta— pero no a adquirir la existente, que es donde compiten directamente con las familias. Otros avisan de que la etiqueta de «social» acabó asociada a impagos y a una gestión carísima, lo que expulsa al pequeño propietario y deja la puerta abierta al que tiene abogados.

El agujero que sigue sin taparse​

Y ahí se atasca todo. No hay manera de echar al fondo de la vivienda ya construida sin tocar a la vez al casero de toda la vida, y ninguna fuerza política ha explicado todavía cómo se hace. Mientras el debate sigue en ese punto, la cartera cambia de manos.