Os traigo la Nutri a los odia langostos,Compra casa en Movera(Zaramena) por 150000€ y ahora tiene que derruirla

150.000 euros por un chalé sin papeles que ya tiene orden de derribo​

¿Se puede vender legalmente una casa que no figura en el registro de la propiedad? En Movera, en las afueras de Zaragoza, la respuesta le ha costado a una vecina 150.000 euros y una carta de demolición. Compró un chalé, lo pagó y días después recibió una comunicación del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza: el suelo está calificado como huerto, la vivienda se levantó sin permiso y hay que tirarla. El sueño de la casa con jardín llegó después del confinamiento, cuando esta mujer y su familia vivían apretados en 70 metros cuadrados. Terminó en querella por estafa.

Cómo se vende una casa que no tiene escritura​

El anuncio decía: «Venta de una casa chalé terreno rústico 900 metros en Movera». Circulaba en tres portales —idealista, milanuncios y pisos.com— y ella lo vio en septiembre de 2020. La finca tiene 900 metros y en los registros figura como finca rústica o huerto familiar. No había licencia de obras ni escritura, y era imposible que la hubiera: la parcela está declarada desde 2007 como Suelo No Urbanizable Especial de Protección del Ecosistema Productivo Agrario. Sobre ese papel, el consistorio solo contempla el derribo.

¿Por qué el precio bajó 25.000 euros de golpe?​

El precio de salida eran 175.000 euros. La compradora advirtió de que no podía afrontarlo sin financiación bancaria, y ningún banco concede una hipoteca sobre una casa sin escrituras. Los vendedores rebajaron entonces a 150.000 y se firmó sin entidad de por medio. Antes había entregado 3.000 euros en concepto de reserva. Visto en frío, la secuencia tiene su lógica: sin hipoteca la operación se cierra en días y nadie pregunta demasiado. Visto en caliente, huele.

La nota simple lo decía y aun así se firmó​

Antes de firmar nada, la interesada exigió ver la nota simple de la propiedad. El documento decía: «Rústica. Huerto familiar de regadío en término de Urdán». Ella replicó que debía haber un error, que estaba reservando un chalé. Le contestaron, según su versión, que esa era la nota oficial y que la vivienda estaba en una situación de alegalidad que pronto se subsanaría. Confió en el asesor inmobiliario. Lo que entonces no sabía, según su relato, es que el comercial que tramitó la operación era hermano de la vendedora. El Ayuntamiento cobra el IBI de la casa desde 2006.

¿Por qué la Audiencia archivó la querella por estafa?​

La querella acabó archivada. El Juzgado de Instrucción 4 de Zaragoza la cerró el 25 de julio, y la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, tras analizar los informes de la Fiscalía y de los abogados Javier Osés, Bartolomé Arranz y Ainhoa Zoco, tampoco apreció delito en el proceder de los vendedores. El razonamiento: no se les puede imputar engaño cuando facilitaron a la compradora la nota simple del registro. Dicho de otro modo, el papel que la ley considera protección suficiente estaba sobre la mesa.

¿Qué le queda ahora a la compradora?​

Le quedan dos vías. La contencioso-administrativa, donde su abogada, Ana Guzmán, intentará acreditar que ha prescrito el derecho del consistorio a restablecer la legalidad urbanística: la casa paga IBI desde 2006 y de ahí tira el argumento. Y la civil. «Nos han vetado la vía penal», resume la letrada, que insiste en que a esta mujer le podría haber pasado a cualquiera porque no todo el mundo está preparado para gestionar una compraventa inmobiliaria. El archivo, dice, fue un golpe muy duro.

El problema no es este chalé: son los miles que están igual​

En el trasfondo hay un fenómeno mucho mayor. Se sostiene que hay decenas o incluso centenares de miles de construcciones alegales en España, asimiladas a fuera de ordenación, con todo prescrito y en pie desde hace décadas sin que nadie las derribe; hay quien añade que en zonas como Andalucía la mayoría de casas de campo estarían en esa situación y que los ayuntamientos llevan un par de años poniéndose las pilas para regularizarlas. La pregunta incómoda es por qué se actúa contra esta y no contra las demás.

Desde el lado del comprador se recuerda que las señales estaban ahí: la nota registral, la imposibilidad de hipoteca, el precio por debajo de mercado. Desde el lado de la venta se replica lo contrario: que se informó de la alegalidad y se bajó el precio, y que quien compró asumió el riesgo. Lo que nadie discute es que el derribo es la peor noticia posible para quien acaba de pagar.

La casa existe, paga IBI desde 2006 y alguien la ha vendido por 150.000 euros. Solo hay un pequeño inconveniente: para el registro es un huerto y para el ayuntamiento, un error que hay que demoler.