¿Qué opinan sobre el libertarismo? ¿Existen libertarios en España?

Libertarismo: del libre mercado al artículo 128 de la Constitución​

¿Existen libertarios en España? La pregunta, lanzada en un foro de economía, ha derivado en una pelea de casi tres años sobre qué es el liberalismo y si alguien lo practica de verdad. La respuesta corta: casi nadie se pone de acuerdo. La larga incluye a Rothbard, Hayek, Mises y Ron Paul en el mismo párrafo que el artículo 128 de la Constitución española, ese que subordina toda la riqueza del país al interés general. El resultado es un choque entre quienes creen que el libre mercado reduce obstáculos para todos y quienes sostienen que solo sirve para que unos pocos vivan bien mientras la mayoría aguanta.

Qué es el libertarismo según quien lo defiende​

El planteamiento inicial es de manual: libertad individual máxima, Estado mínimo, derechos naturales inherentes. Se citan Locke, Adam Smith y Rousseau como inspiradores, y a Rothbard, Hayek, Mises y Ron Paul como desarrolladores contemporáneos. Los pilares que se enumeran son la libertad de expresión como bien más fundamental, el principio de no agresión, la autosuficiencia individual y el voluntarismo. Sobre el papel, suena a reducción de impuestos, eliminación de regulaciones y acuerdos voluntarios entre individuos.

La primera respuesta que recibe el planteamiento no es un matiz: es un «todo una mentira, ni los propios liberales quieren libre mercado». Y a partir de ahí, el tono sube.

La acusación recurrente: esto ya lo llamaban fascismo​

Una de las corrientes más repetidas sostiene que lo que hoy se llama liberalismo o libertarismo antes se llamaba fascismo, y que el objetivo real es poner las reglas del juego a favor de una élite. El argumento se completa con una propuesta concreta: el Estado debe tener poder para redistribuir riqueza y generar servicios públicos. No hay matices en esa intervención, y tampoco en la que responde que el liberalismo, cuando no le salen las cuentas, financia al fascismo para imponer privilegios por la fuerza.

Frente a eso, aparece la réplica más articulada del debate: fascismo y libertarismo son por definición opuestos. El fascismo sería la colusión de los poderes estatal y económico para subyugar al pueblo; el libertarismo, precisamente, combatiría esa aparición promoviendo la limitación del poder estatal. Quien financia al fascismo para mantener privilegios por la fuerza, se argumenta, no es liberal. Otra cosa es que existan falsos liberales que solo quieren libertad para sí.

El artículo 128 que zanja la discusión​

Aquí el debate deja de ser teórico y se convierte en constitucional. Un participante recurre al artículo 128 de la Constitución española, que subordina toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, al interés general, y que reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. La respuesta no se hace esperar: el bien común es secundario frente a los derechos individuales, y solo puede primar en casos de excepción. El contraargumento es que el título I de la Constitución, el de los derechos fundamentales, está por encima, y que el artículo 128 no es la norma suprema.

La discusión se enreda con los países nórdicos. Se afirma que son proteccionistas y que sus convenios sectoriales son más fuertes que el estatuto de los trabajadores, con el ejemplo de un intento empresarial de saltárselos que habría fracasado. La réplica: un Estado puede ser liberal y proteccionista hacia el exterior, y los países escandinavos participan de todos los mercados imaginables. Nadie cede.

Singapur, China y la tercera vía que nadie define​

En otro tramo del intercambio se cuela una comparación que descoloca: se prefiere una supuesta tercera vía franquista que China y Singapur habrían demostrado como mejor sistema. La respuesta llega con datos: Singapur es uno de los países con mayor libertad económica del mundo, con un gasto público del 15% del PIB, frente al 33% de China y el 47% de España. Y es una democracia representativa. Equiparar Singapur con China, se concluye, no tiene sentido.

El intercambio se cierra con un intento de bajar el tono que no funciona: «yo creo que no estás bien de la cabeza, la verdad. Vamos a dejarlo».

La sospecha sobre los que se llaman liberales​

Otra línea de crítica apunta directamente a los nombres propios del liberalismo mediático español. Se sostiene que los que hoy se dicen liberales no lo son en un 99% de los casos, que el origen de la palabra es español y nada tiene que ver con lo que venden determinados tertulianos, y se califica a alguno de los más citados de hipócrita. El argumento de fondo: cobran de lo público mientras predican libre mercado.

La respuesta a esa crítica no se hace esperar: si alguien cobra de lo público y predica libertad para sí pero esclavitud para los demás, no es liberal, es un aprovechado. Y de esos, se añade, hay en todas las cuerdas.

El derecho natural que unos ven y otros niegan​

El tramo final del intercambio se va a la filosofía del derecho. ¿Tú no crees tener un derecho natural a tu propia vida? ¿Te lo da el Estado? La respuesta es tajante: la naturaleza no da derechos, da obligaciones. Un derecho es algo adquirido, que te da un Estado, una tribu o un colectivo que regula el entorno en el que se nace. Para que sea derecho, tiene que darlo alguien externo por definición. Lo que unos llaman derecho natural, otros lo llaman derecho dependiente de un Estado.

Y en medio de todo eso, una definición que resume el escepticismo: no hay derechos naturales, lo que hay son deseos naturales. Desear vivir, desear poseer algo, desear hacer o pensar sin que te coaccionen. Que otros reconozcan ese deseo y lo respeten y protejan es, ciertamente, un deseo más.

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Al final, la pregunta inicial sigue sin respuesta. Existen libertarios en España, sí, pero cada uno tiene su propia definición de lo que eso significa, y ninguno parece dispuesto a aceptar la del vecino. El libre mercado, mientras tanto, sigue esperando a que alguien se ponga de acuerdo sobre qué es.