Canarias suspende las clases por calor extremo en pleno octubre
El Gobierno de Canarias ha decidido suspender las clases en todos los centros educativos no universitarios del Archipiélago para el miércoles 11 y el viernes 13 de octubre. El jueves 12, festivo nacional, queda fuera del calendario. La razón: once días consecutivos de temperaturas anómalas, alerta máxima por riesgo de incendios y una previsión que anticipa que el mercurio
vuelve a subir aún más. El consejero de Educación, Poli Suárez, lo ha justificado apelando a la «prioridad y seguridad» de los menores, y ha reconocido que «la situación en muchos centros ya es insostenible».
La medida llega después de jornadas en las que los propios centros han reportado desmayos, pequeñas hemorragias nasales y una dependencia extrema de las botellas de agua. En el IES Magallanes, en San Isidro (Tenerife), el sindicato estudiantil convocó una huelga para los mayores de 14 años. En el CEIP Llano de las Naciones, en San Miguel de Abona, las profesoras han recurrido a esprays de agua para refrescar a los alumnos y a turnos para ir al supermercado a comprar agua fría. La infraestructura, admiten desde los centros, no está preparada para esto.
¿Por qué se suspenden las clases con 32 grados y no con 40?
Aquí empieza el primer choque. Una parte del análisis sostiene que 32 grados en Canarias no son comparables a 32 grados en la Península: la humedad, la ausencia de sombras y la acumulación de alumnos por aula —cerca de 30 en algunos casos— convierten el calor en un problema de salud pública. La otra corriente, mayoritaria en el tono del debate, responde con sorna: «si hay 32 grados en Tenerife y 34 en Las Palmas, eso es un verano fresquito aquí donde vivo». El argumento de fondo es que suspender la actividad lectiva por temperaturas que en otras regiones se soportan sin drama abre un precedente difícil de cerrar.
El consejero ha anunciado que su departamento trabaja con Sanidad y Emergencias en un protocolo de altas temperaturas,
inexistente hasta ahora en Canarias, y ha dejado en manos de las universidades la decisión de sumarse o no a la suspensión. Es decir: la medida se toma sin marco previo, a golpe de previsión meteorológica.
El puente que algunos señalan
La suspensión cae en miércoles y viernes, con el jueves festivo en medio. El calendario resultante es un bloque de cinco días sin clase. Ese detalle ha alimentado la lectura más cínica: la de que el calor es la excusa y el puente, el objetivo. «Justo cuando faltan menos de 48 horas para que sea FESTIVO NACIONAL», resume una de las intervenciones más repetidas. Otra lo llama directamente «i+D+I: indolencia + dejadez + inapetencia».
Frente a esa tesis, el argumento sanitario se apoya en los episodios ya documentados en los centros: desvanecimientos, hemorragias leves, obras sin terminar y patios sin sombra. No es una ola de calor de manual, pero el cuerpo docente lleva días improvisando soluciones de emergencia.
El aire acondicionado que no llega y la calefacción que sobra
Uno de los puntos donde el debate se vuelve más incómodo es el de las infraestructuras. La queja recurrente: los colegios españoles están equipados con calefactores para inviernos suaves, pero carecen de climatización para veranos que ya no lo son. «Todos los putos colegios con calefactores, pero casi ninguno con un jodido aire acondicionado», resume una intervención que ha cosechado respaldo. En Canarias, con una media invernal que rara vez justifica la calefacción, el desequilibrio es todavía más llamativo.
La pregunta que sobrevuela es de dónde sale el dinero. Hay quien compara el gasto en climatización escolar con otras partidas públicas y concluye que no es un problema de recursos, sino de prioridades. La respuesta oficial, de momento, es un protocolo en construcción y dos días de cierre.
Del calor al clima: el marco que todo lo envuelve
El trasfondo del asunto es el
cambio climático, y ahí el debate se parte en dos aguas. Una corriente lo asume como contexto inevitable: «estos casos, mucho me temo, han venido para quedarse», en palabras del propio consejero. Otra lo despacha con ironía: «en 1276 ya pasó algo igual», «es para ponernos más impuestos». La discusión deriva entonces hacia el terreno fiscal y hacia quién paga la factura de la adaptación.
La anécdota que resume el absurdo: un participante recuerda que en septiembre de 1997 ya hacía «un sol de carallo» en las islas, y que entonces nadie hablaba de calentamiento. La respuesta, medio en broma, es que la capa de ozono y los desodorantes en espray tenían la culpa. El humor no oculta el problema de fondo: la adaptación de la infraestructura pública a un clima que ya no es el del siglo pasado.
¿Cuántos días de clase se pueden perder antes de que el protocolo deje de ser una promesa y se convierta en una partida presupuestaria? La respuesta, a la fecha de esta discusión, sigue sin estar escrita.