Los decretos de vivienda que pueden decidir la fecha electoral
¿Puede una votación sobre dos decretos de vivienda fijar la fecha de las próximas
elecciones generales? Es el escenario que se está barajando en el entorno del Gobierno: los decretos forman parte del acuerdo para formar Gobierno, el voto queda en manos de Junts y sobre la mesa hay una hipótesis que se repite en los análisis. Si las derechas votan no, el descontento por el precio del alquiler se traslada a la calle y el Ejecutivo convoca elecciones con un lema: que «el pueblo decida sobre los fondos buitre».
El 29 de noviembre como fecha de referencia
Las informaciones que se manejan apuntan en esa dirección.
Un medio digital recoge el temor dentro del PSOE a un adelanto electoral al 29 de noviembre si caen los decretos de vivienda, y otro diario titula que el presidente ha ordenado revisar el programa de vivienda del partido para
orientarlo hacia las movilizaciones. Ni una cosa ni la otra son una convocatoria: son señales. La lectura escéptica señala lo obvio —nadie disuelve lo que controla— y la lectura interesada añade lo contrario: a veces la mejor forma de controlar la agenda es dejar que la escriba la calle.
Dos caminos y el mismo final: volver a votar
La tesis que circula describe dos rutas. En la primera, la derecha tumba los decretos, se multiplican las protestas contra quienes «favorecen a los fondos buitre en lugar de a los inquilinos» y, con la temperatura de la calle alta, llega la disolución. En la segunda, Junts aprueba. Entonces, según esa tesis, la oferta de alquiler se contrae, los precios suben y el Gobierno saca un texto todavía más duro contra los propietarios, con la misma secuencia: tensión, culpa ajena y urnas. El problema de cualquier escenario así es el de siempre: los efectos sobre el alquiler se cobran en meses, las elecciones en semanas.
¿Por qué Sumar y la antigua IU están en el centro del asunto?
Hay una versión que desplaza el foco del Palacio a la izquierda del PSOE. Según ese análisis, el giro más duro en vivienda no lo provoca el Gobierno, sino el espacio de Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Compromís, que se juega la supervivencia:
hay quien les atribuye seis diputados en las próximas generales y las encuestas que se manejan, según un cálculo que circula entre los participantes, les dan siete u ocho a repartir entre todas las marcas. La conclusión de esa corriente es que se está ante el último coletazo antes de ser absorbidos.
¿A quién beneficia el precio del alquiler?
El escepticismo recorre el asunto de lado a lado. Una parte sostiene que el Estado gana mucho dinero con la vivienda vía impuestos y que la regulación le sirve para tener a la población sujeta, de modo que ningún partido del arco tiene incentivos reales para arreglar el mercado. Otra rechaza de plano el marco de los fondos buitre: los caseros, se argumenta, son propietarios particulares. Y una tercera advierte de que el PP, si llega, consolidará buena parte de lo aprobado.
Con estos mimbres, la única certeza es que el inquilino seguirá pagando la factura mientras se decide quién la cobra. Y que un 29 de noviembre, si llega, lo sabremos por los mismos que ahora dicen no saberlo.