Todo el mundo la estaba esperando, nadie sabía lo que había hecho, el abandono era total...teresa ribera apareció

Ribera, Mazón y la DANA: dos ausencias y una catástrofe​

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, compareció en la cadena SER para afirmar que se hicieron «hasta cuatro llamadas» para localizar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la DANA. Lo dijo semanas después de la tragedia, cuando ya nadie esperaba una explicación y cuando su nombre sonaba para un puesto en la Comisión Europea. La pregunta que sobrevuela el asunto no es retórica: ¿dónde estaba cada uno mientras los barrancos bajaban como ríos?

El relato oficial se ha movido por fases. Primero, el negacionismo climático como causa única. Después, la culpa repartida entre administraciones. Ahora, la acusación cruzada entre dos gobiernos que se señalan mutuamente mientras los datos de la catástrofe siguen sin cuadrar. 219 fallecidos y 86 desaparecidos eran las últimas cifras que manejaba el material cuando se escribió esto. Una barbaridad, en palabras textuales. Y ninguna dimisión.

¿Quién avisó a quién y cuándo?​

La Confederación Hidrográfica del Júcar convocó una reunión la mañana del día de autos con la Delegación del Gobierno, AEMET, Guardia Civil, Policía, UME, Adif, Renfe y Demarcación de Carreteras. Sin nadie de la Generalitat. Ese detalle, repetido en el material, sostiene una de las tesis más incómodas: que el seguimiento de la DANA se hizo desde Madrid y que la Generalitat quedó fuera del circuito de decisión.

Frente a eso, la consellera responsable de Emergencias de la Generalitat admitió que desconocía que podía enviar un mensaje de alerta a los móviles. Un técnico se lo comunicó el propio martes, a las 20 horas, según su propio testimonio. El mecanismo se llama ES-Alert y existía desde el año anterior. La alerta masiva llegó tarde. Muy tarde.

La UME, por su parte, fue solicitada a las 15:40. Hubo tres intentos fallidos de la delegada del Gobierno y una cuarta llamada que la consejera autorizó. Solo para Utiel. El resto de municipios anegados esperaron sin que nadie diera la orden.

El barranco del Poyo y la pregunta que nadie contesta​

Hay un hilo argumental que recorre todo el material: por qué el barranco del Poyo no tenía ni la más mínima obra para evitar inundaciones. Y por qué se derogó el plan hidrológico nacional que contemplaba las infraestructuras que habrían minimizado el desastre. Esa es, para una parte de los intervinientes, la única pregunta relevante. Todo lo demás sería una forma de engañar a la gente.

La respuesta institucional no ha llegado. Ni del Ministerio de Transición Ecológica ni de la Generalitat. Mientras tanto, el foco se desplaza a la cumbre del clima y a un plan europeo que, con la excusa de luchar contra el cambio climático, establecería métodos administrativos basados en la sanción y la prohibición, según la lectura crítica que circula. Ni una palabra sobre reformas en las cuencas hidrográficas.

La ley dice una cosa y los gobiernos dicen otra​

La ley de emergencia permite al Gobierno central asumir la dirección cuando la emergencia afecta a varias comunidades autónomas o por su dimensión lo requiere. Ese artículo se cita en el material como prueba de que Marlaska podía haber coordinado desde el primer minuto. Catedráticos de Derecho Constitucional lo respaldan: la competencia estatal prevalece y la legislación deposita en Interior la coordinación con la Generalitat.

La otra lectura es la contraria. Protección Civil es una competencia repartida entre varias administraciones. Quien emite alarmas y toma decisiones es el centro de emergencias, no el Ministerio de Transición Ecológica. Las confederaciones hidrográficas y AEMET dan avisos; los centros de emergencia deciden. Si esos centros fallan, la responsabilidad es suya.

Lo que nadie discute es que todos los organismos con poder de actuación dependían del Gobierno central: Policía Nacional, Guardia Civil, UME, Ejército, AEMET, CHJ, Adif, Carreteras. Todos. Y todos estaban reunidos con la Delegación del Gobierno mientras la Generalitat no estaba invitada.

El viaje a Brasil y la agenda europea​

La directora de Emergencias viajó a Brasil el día que estalló la DANA. Su perfil, según el material: licenciada en derecho, funcionaria, miembro del PSOE, sin experiencia previa en rescates, defensa, infraestructuras ni clima. Estaba a cargo de la dirección de Protección Civil, solo por debajo de Marlaska. Con los avisos de AEMET sobre la mesa, decidió largarse del país.

Teresa Ribera, mientras tanto, estaba en Bruselas. El secretario de Estado, en Colombia. Trece días después, seguía sin saberse qué hizo la ministra entre el aviso rojo de AEMET y su comparecencia radiofónica. Su examen ante el Parlamento Europeo se retrasó y la Eurocámara decidió votar las vicepresidencias en bloque. El PP anunció que votaría en contra.

El relato de los muertos ocultos y otras cortinas de humo​

Una parte del material dedica esfuerzo a desmontar lo que considera un patrón repetido: cada vez que hay una catástrofe, se patrocina la creencia de que se ocultan miles de muertos. Ya pasó con la pandemia, sostienen. Ahora, con la DANA. La cifra oficial es la que es, y quienes la cuestionan sin pruebas están alimentando un relato que no se sostiene.

La respuesta a esa acusación es igual de dura: durante la pandemia se contó la verdad, y esta vez no habrá silencio. El intercambio de reproches ha ido enterrando el asunto central. Que es, simple y llanamente, que ningún responsable ha dimitido. Ni en Madrid ni en Valencia. Los dos son del mismo bando, dice una intervención. Y por eso nadie se va.

Lo que queda por saber​

La cronología de las llamadas entre administraciones sigue incompleta. La Generalitat sostiene que no recibió el aviso a tiempo. El Gobierno central sostiene que hizo cuatro intentos para localizar a Mazón. Ninguna de las dos versiones ha sido verificada de forma independiente con documentación pública.

El nombramiento de Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea sigue su curso, con el PP votando en contra y la Eurocámara reorganizando el calendario. La declaración del Nivel 3 de Emergencia, que Mazón podía haber solicitado y no solicitó, queda como el gran interrogante técnico sin resolver.

Con estos mimbres, lo razonable sería esperar una comisión de investigación con acceso a los registros de llamadas. No hay convocada. Y sin registros, cada parte seguirá contando su versión. La única cifra que no admite interpretación es la de víctimas. Esa no se puede retrasar, ni votar en bloque, ni atribuir al adversario.