El TSJM devuelve el caso al juzgado y exige investigar los hechos
La denuncia está registrada, tiene fecha y un tribunal superior acaba de ordenar que se mueva. Quién dice la verdad sobre lo ocurrido la noche del 4 de septiembre de 2021 sigue, en cambio, sin respuesta. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha devuelto al Juzgado de Instrucción número 32 las diligencias que afectan al diputado socialista en la Asamblea de Madrid Javier Guardiola y ha ordenado a la jueza investigar la denuncia por agresión sexual que una compañera de partido le interpuso. El auto lleva fecha del 5 de septiembre. La primera diligencia, según las fuentes jurídicas consultadas, es citar a la denunciante —del entorno de las Juventudes Socialistas de Madrid y que trabaja para el PSOE— para que ratifique el relato que puso en manos de la Policía Nacional en abril.
El TSJM reprocha a la jueza no haber practicado ni una averiguación
El tribunal no entra en el fondo. Le da la vuelta al procedimiento. El 25 de julio la jueza había remitido el caso al TSJM porque Guardiola, como diputado en la Asamblea, es
aforado, y la Sala rechazó esa exposición razonada. El argumento del auto es seco: la magistrada se limitó a «recoger las afirmaciones vertidas por la denunciante», de las que tuvo conocimiento por remisión del atestado policial, «sin realizar la más mínima averiguación de los hechos denunciados». Traducido: no se hizo nada y ahora toca hacerlo. Solo si aparecen indicios y el diputado debe declarar como investigado volvería el asunto al TSJM, único competente para proceder contra él.
La cronología: de una terraza en Méndez Álvaro al juzgado
Los hechos que se investigan se sitúan, presuntamente, el 4 de septiembre de 2021. La mujer relata que atravesaba una mala época y que ingirió de golpe nueve pastillas de Lorazepan. Lo contó por teléfono a un amigo que estaba con Guardiola, al que ella conocía desde hacía aproximadamente un año, y quedó con ambos en una terraza de la zona de Méndez Álvaro. Los dos la convencieron para ir a Urgencias, adonde acudió acompañada únicamente del diputado. El psiquiatra le pidió que se quedara en observación; ella se negó. El médico insistió en que al menos estuviera en compañía de alguien.
A partir de ahí el relato se vuelve fragmentario, y así lo recoge la propia denuncia. La mujer dice tener
flashes: recuerda tocamientos y un acto de naturaleza sexual en el domicilio del diputado, sin poder reconstruir el resto de la noche. La denuncia no llegó hasta el 21 de abril de 2023, año y medio después. Entre medias, según su versión, habló con dos amigas, el político habría difundido que aquello era mentira y ella estuvo en tratamientos psicológicos y psiquiátricos. En febrero de 2023 una compañera de trabajo le pasó el teléfono de una experta en violencia de género; al contarle que «con Javier habían pasado cositas», esta respondió que eso era una violación. Ahí volvió a terapia y decidió denunciar.
La versión del diputado: «denuncia falsa» y un grupo hostil en el partido
Guardiola lo niega todo y lo hace por escrito. Su defensa presentó dos escritos al juzgado en junio en los que califica los hechos como una «denuncia falsa» y una «extorsión política» alentada por un «grupo hostil» dentro del partido que, para acabar con su carrera, se habría aprovechado de la «fragilidad mental» de la denunciante y de la «superioridad laboral» que ese entorno ejerce sobre ella. Sostiene que no ha tenido contacto sexual con la denunciante ni ese día ni en ningún otro.
El perfil del personaje tampoco ayuda a bajar el tono. Guardiola fue reelegido diputado autonómico el 28 de mayo y encara su tercera legislatura consecutiva con acta en la Asamblea, donde ostenta la portavocía de Juventud del Grupo Socialista. Sobre sus titulaciones —Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por una universidad privada, Administración y Dirección de Empresas por la Rey Juan Carlos— y el coste de una de ellas, cifrado en casi 40.000 euros, un comentario del hilo extrae la ironía del defensor de la enseñanza pública formado en la privada; el material de la noticia no confirma esos datos académicos.
¿Sobreseer una denuncia equivale a probar que es falsa?
No. Y esa distinción vertebra buena parte de la discusión. Como recuerda un participante en el debate, una denuncia sobreseída es una denuncia que no reúne indicios suficientes para sostener un procedimiento penal; no acredita que la acusación fuera inventada ni que exista condena por acusación falsa. El mismo participante sostiene que la mayoría de las denuncias por violencia de género que se archivan lo hacen por falta de pruebas, lo que, lejos de demostrar que la presunción de inocencia haya desaparecido, confirma que hay que probar la acusación.
De ahí el cruce de cifras que circula: si las denuncias falsas son un porcentaje ínfimo del total, resulta llamativo —se argumenta— que tantas acaben salpicando a cargos políticos. El contraargumento es igual de simple: un archivo no es una mentira probada, y presentarlo como tal desactiva denuncias reales. En este caso concreto no hay resolución alguna que declare falsa la acusación. Lo que hay es un auto que ordena investigar.
Y una derivada que suele quedar fuera del foco: el aforamiento. Que la instrucción pase por el TSJM no acelera nada, la ralentiza. Mientras el procedimiento se ordena y se reordena, el diputado conserva su escaño y su portavocía. No es un privilegio exclusivo del PSOE —le ocurre a todos los grupos—, pero sí es el mecanismo que explica por qué el caso sigue sin una sola declaración del denunciado.
Con las diligencias de vuelta en el juzgado, lo previsible es que la instrucción se alargue varios meses más: la denunciante tendrá que ratificar el relato, la jueza valorará si hay indicios y, solo entonces, el caso volvería al tribunal superior. Cabe esperar, con esta arquitectura procesal, que el asunto se resuelva en los tribunales mucho antes de que lo haga en las urnas. Aunque con lo que tardan unos y otras, tampoco conviene apostar.