VOX exige al Gobierno la creación de un plan nacional de construcción de vivienda social en toda España

VOX exige vivienda social: el plan que nadie sabe cómo pagar​

¿Cuánto tiene que costar una vivienda social para que siga siendo social? Es la pregunta que recorre el debate abierto tras la exigencia de VOX al Gobierno de un plan nacional de construcción de vivienda social en toda España. La formación pide algo que, sobre el papel, responde a una necesidad evidente: más pisos y más baratos. El problema aparece en la letra pequeña, que nadie ha detallado todavía: quién los construye, dónde, a qué precio y con qué dinero.

El planteamiento inicial es tan sencillo como difícil de ejecutar. Alquileres de 250 a 300 euros serían razonables; por encima de esa cifra, se argumenta, de social queda poco. La horquilla no es casual: en zonas tensionadas ni en municipios alejados del centro se encuentran viviendas decentes a ese precio. Y ahí empieza el primer choque.

¿Cuánto debe costar una vivienda social?​

La discusión sobre el precio esconde otra sobre el modelo. Hay quien defiende que la vivienda pública sea siempre en régimen de alquiler y no heredable bajo ninguna circunstancia: si el inquilino fallece, el piso vuelve a la bolsa pública. El argumento es que un bien social debe ir al necesitado, no al hijo del necesitado. Otros replican que la propiedad también es una fórmula válida y que el problema no es el régimen, sino el precio de referencia y la especulación posterior.

El ejemplo que se pone es el de las promociones protegidas con precio tasado. Un propietario que compró una vivienda con algún tipo de protección no puede alquilarla por lo que quiera: está regulado. Si le destinan a otra ciudad, se queda con el piso cerrado porque la norma no le permite rentabilizarlo. La paradoja es evidente: se aprovechó dinero público para una vivienda que no cumple su fin público.

El suelo: el problema que nadie resuelve​

Construir vivienda social exige suelo, y el suelo no está donde está la demanda. En Madrid hay municipios del entorno con servicios y posibilidades, pero la ecuación no cierra: todo el mundo quiere vivir en el centro y a precio de periferia. La pregunta que sobrevuela es cómo se obliga a alguien a vivir en una localidad sin transporte, sanidad o educación aceptables. En Castilla y León, se advierte, la periferia no ofrece esas condiciones, y sin ellas no hay candidatos a residente.

El diagnóstico más repetido apunta a que el problema no es solo de dinero. Hay vivienda de sobra cerrada a cal y canto, sostienen algunas voces, en manos de propietarios que no necesitan vender ni alquilar y que esperan que el Estado les dé aún más. Otros añaden que el ladrillo lleva dos décadas siendo un cáncer sin freno, y que ningún gobierno ha puesto una medida coherente encima de la mesa.

¿Basta con construir o hay que liberalizar?​

La receta técnica se divide en dos. La primera: construir vivienda pública a cascoporro para aumentar la oferta. La segunda: liberalizar el mercado y dejar que la iniciativa privada construya y el propio mercado regule el precio. Facilitar la ocupación, intervenir precios y otras medidas similares, se argumenta, reducen la oferta y empujan los precios hacia arriba.

El cálculo más optimista asume que un par de millones de viviendas de protección oficial normalizarían los precios. El escenario pesimista parte de que un plan raquítico de 100.000 unidades no mueve la aguja. Entre ambos, la desconfianza sobre la ejecución: un millón destinado a vivienda pública puede acabar en 900.000 de mordidas, comisiones y sueldos, según la estimación más cínica que circula. La alternativa que se propone es fiscal: cero impuestos durante 20 años a la construcción o rehabilitación de viviendas para alquiler y seguridad jurídica para los propietarios que pongan sus pisos en alquiler de largo plazo.

Quién entra y quién se queda fuera​

El debate sobre los beneficiarios es el más áspero. Una parte sostiene que las ayudas deben ir a parejas jóvenes de ingresos bajos y medios, con un mínimo de años cotizados a la Seguridad Social. Otra advierte de que el sistema se usa para ordeñar al Estado y pide filtros más duros. Y una tercera corriente, más radical, directamente niega que el problema sea de oferta: sostiene que sobran viviendas y faltan residencias de ancianos y planes para los mayores.

La discusión deriva hacia el modelo europeo. Se recuerda que en otros países la vivienda social acabó copada por colectivos distintos de los previstos, y se usa ese precedente para justificar el inmovilismo. El contraargumento es que la ausencia de vivienda social no ha evitado nada: solo ha dejado el problema sin resolver durante décadas.

El precedente que nadie quiere repetir​

La nostalgia juega un papel central. Se añora el modelo anterior al euro y a la burbuja: viviendas de Protección Oficial de 90 metros a 15 millones de pesetas, pagaderas a quince años. Ajustado a inflación, el precio sería asumible; el problema serían los intereses. Aquel sistema funcionó durante años y se desmanteló sin que nadie haya explicado del todo por qué.

Hoy, la pregunta sigue sin respuesta: ¿alguien conoce promociones reales de VPO en marcha? El silencio es la respuesta. Mientras tanto, el plan nacional que se exige al Gobierno sigue siendo una promesa sin memoria económica, sin suelo asignado y sin criterios de adjudicación. Un titular que suena bien y un agujero que nadie quiere cuantificar. Lo de siempre: piden algo muy necesario y a gran escala. De otros seguimos esperando.