390 euros de pensión después de 44 años trabajando como abogado: la otra realidad detrás de la toga

390 euros de pensión tras 44 años ejerciendo de abogado​

¿Cuánto le queda a un abogado después de cuarenta y cuatro años de ejercicio? En el caso de Luis Mariano López Benito, 390 euros al mes. Se colegió en 1980, cuando darse de alta en la Mutualidad de la Abogacía no era una elección sino la condición para poder ejercer, y a los 68 años sigue trabajando porque con esa cifra no se mantiene. El colectivo que impulsa la protesta #J2 calcula que hay 100.000 abogados y procuradores en una situación similar, con rentas de jubilación entre los 300 y los 500 euros mensuales después de décadas de aportaciones. La pregunta que asalta al leer su caso —cómo no lo vieron venir— tiene una respuesta incómoda: lo vieron tarde y con la información que les dio su propio colegio.

Dos nombres, una misma ratonera​

María Victoria Bolaños se colegió diez años después que Mariano. Cuando le toque jubilarse le espera una renta de 600 euros al mes. A ella le aseguraron 100.000 pesetas que se han quedado congeladas en el tiempo: sin pagas extraordinarias, sin pensión de viudedad y sin orfandad llegado el caso. «Dejándonos atrapados en una ratonera sin salida», resume el relato de ambos. Mariano aportaba 6.000 euros al año y ha repartido su fondo calculando llegar a los 88 años para que la retirada completa no le penalizara. Resultado garantizado: 390 euros al mes que, dice, no le dan ni para mantenerse. La Mutualidad de la Abogacía no ha respondido a estas denuncias.

¿Cuánto cotizaban de verdad los mutualistas?​

Aquí arranca la pelea gruesa. Hay quien sostiene que las aportaciones fueron ridículas —se mencionan cuotas de 20 a 50 euros al mes y menos de 200 euros mensuales durante buena parte de la carrera profesional— y que con ese esfuerzo no se puede pretender una pensión pública. La versión opuesta asegura que las aportaciones eran crecientes, superaban el mínimo de autónomos a mitad de carrera y llegaban a duplicarlo cerca de la edad de jubilación. Mariano afirma que pagaba 6.000 euros anuales. También está sobre la mesa el argumento de que la información recibida «no ha sido fidedigna, era muy parcial»: según su versión, les repitieron durante años que aportando lo mismo que en el RETA en la Mutualidad les quedaría más.

De mutua obligatoria a aseguradora privada: las fechas que lo explican​

1980 y alta obligatoria. 1995, primera oportunidad de elegir entre seguir en la Mutualidad o pasar al RETA: muchos no lo hicieron porque calculaban que ya no llegarían a cotizar los años suficientes para una pensión pública. 1996: la entidad deja de ser obligatoria y se convierte en alternativa. 2005: pasa de un sistema de reparto a uno de capitalización. 2013: se introduce por primera vez un mínimo de aportación del 80% respecto a la cotización a la Seguridad Social. En los años previos funcionó sin exigencias de aportación mínima ni garantías equivalentes a las del régimen público, y en ese hueco se fue cociendo el desfase que hoy estalla.

¿Quién puede pasar al RETA y quién se queda fuera?​

La pasarela al RETA se limita, según lo que se ha trasladado a los interesados, a los mutualistas anteriores a 1995 que tengan derechos consolidados que se perderían al cambiar de régimen. Los mutualistas voluntarios, los que entraron a partir de 1996, quedarían fuera: su elección se considera libre. Tampoco los ya jubilados, salvo prestaciones asistenciales. La propuesta más reciente abriría la puerta a quienes, aplicada una equivalencia de cuotas, no alcancen los 15 años de cotización que dan derecho a prestación pública. Todo apunta a que la pasarela irá con contrapartida: compensar, en euros o en años, la diferencia de cotización que no se pagó.

La ventana se estrecha: baby boom y años cotizados​

La generación que protagoniza estos casos es la del baby boom, que se jubilará aproximadamente entre 2025 y 2035. Eso deja poco margen para negociar. Y añade una asimetría cruel: quien descubrió el agujero a los 55 años ya no tenía tiempo material para completar 15 años de cotización real en el RETA y acceder a la pensión pública. Muchos siguen trabajando «mientras la cabeza y el cuerpo aguanten». La única salida que contemplan es pasarse al sistema de autónomos llevándose el dinero invertido.

El espejo incómodo: autónomos, mínimo y complemento​

El argumento que más duele dentro de la profesión es comparativo. Cualquier autónomo con la base mínima tiene garantizada una pensión con catorce pagas. Un abogado que cotizó 15 años a la Seguridad Social y acumuló 70.000 euros en su fondo puede acabar con la pensión mínima, en torno a 800 euros, y sacar el resto en quince años para no superar el umbral que le retiraría el complemento. Fuera del sistema, se señala que el Ingreso Mínimo Vital puede duplicar la renta de un mutualista con pocos años acreditados. Con esa comparación encima de la mesa, el agravio se sostiene solo.

Al final, el consejo más repetido estos días tiene una elegancia circular: que se busquen un abogado bueno que les explique lo que firmaron. El problema es que el gremio completo va en el mismo barco.