Airbnberos isleños buttraped: cerco y represión al alquiler turístico en Baleares y Canarias

Baleares y Canarias mueven ficha contra el piso turístico​

El Govern balear ultima un decreto de emergencia habitacional y el Consell de Ibiza se prepara para precintar pisos que se alquilen a turistas sin licencia. La presidenta Prohens lo justificó así: «Es ir en contra de una actividad económica ilegal, como precintar cualquier negocio que no tenga los permisos correspondientes». En paralelo, Canarias anunció que redactará su propia ley para dar base jurídica al alquiler vacacional, un fenómeno que ya representa el 33% de la oferta alojativa del archipiélago, con más de 42.000 viviendas y 179.000 camas según el INE de 2023. Dos comunidades, dos vías, un mismo diagnóstico: el suelo es limitado y el uso turístico le come terreno al residencial.

Qué dice la ley balear y qué persigue​

El marco jurídico balear no inventa nada nuevo, sostiene el Govern: se trata de aplicar a la vivienda turística el mismo rasero que a cualquier negocio. Permisos, inspección y, si no los hay, precinto. La tesis oficial es que el intrusismo tensiona el mercado residencial y expulsa a los residentes de los cascos urbanos. La consellera de Turismo canaria liderará en los próximos meses la redacción de una norma equivalente, lo que convierte el archipiélago en el cuarto territorio con más unidades de alquiler vacacional, por detrás de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña.

La cifra que nadie discute es la de Canarias: 179.000 camas turísticas en viviendas particulares. La que se discute es la causa. Hay quien sostiene que el problema no es el turista, sino el propietario que prefiere rentabilidades de dos dígitos a un inquilino con nómina. Y hay quien responde que el turista paga más y no da problemas de impago.

El argumento del propietario: mi casa, mis reglas​

La defensa del alquiler vacacional se apoya en tres patas. Primera: es mi propiedad y dispongo de ella. Segunda: el servicio es mejor y más barato que el hotelero, y por eso ha triunfado. Tercera: si el Estado empieza a precintar, ¿dónde para? Una parte del análisis avisa de que la reforma de la LAU y el cierre de vías de escape —alquiler de habitaciones, alquiler temporal de menos de doce meses— están en la hoja de ruta del próximo gobierno. Es decir, que el cerco no acabaría en el piso turístico.

El contraargumento más repetido es que el alquiler vacacional no es un servicio doméstico entre particulares, sino una actividad económica encubierta. Un cálculo que circula entre los críticos apunta a que en Madrid el 98% de los pisos turísticos del centro incumple la normativa de acceso independiente que ya exigía el consistorio años atrás. La norma existe. La inspección, no.

¿Se puede precintar un piso sin orden judicial?​

Sí, con autorización judicial. La secuencia es conocida: un juez autoriza la entrada, se presenta la policía, funcionarios de Hacienda y un secretario judicial, y el precinto se ejecuta en el acto. Quien crea que el Estado es incapaz de llegar a un inmueble concreto se equivoca de herramienta: un piso no se mueve, no se esconde y paga IBI. La comparación con el fracaso de la guerra contra las drogas no aplica, porque la droga viaja y el ladrillo no.

Lo que sí es cierto es que la capacidad sancionadora depende de los recursos asignados. La ley no multa sola. Y ahí entra el pulso político: Baleares y Canarias quieren convertir el alquiler turístico en el chivo expiatorio de un problema mayor, el de una vivienda convertida en activo financiero.

El paisaje, la huerta y el turista que no mira los pinos​

El debate derivó hacia lo que se vende cuando se vende Ibiza. Una parte defiende que el atractivo es la armonía entre construcción y naturaleza, el silencio, la vegetación mediterránea. Otra responde con sorna que a la isla se va a otra cosa y que el paisaje lo ven poco hasta los propios residentes. La discusión sobre rascacielos en la Toscana o en la isla sirve para ilustrar el fondo: si se destruye el entorno, se destruye el negocio. La paradoja es que el propio éxito turístico es lo que está comiendo el paisaje que lo sostiene.

Qué pasa con el inquilino de a pie​

Mientras se discute el precinto, el mercado residencial ya ha hecho su ajuste. Un piso de tres habitaciones en una capital de provincia que costaba 500 euros hace unos años hoy no baja de 1.000. La oferta se ha estrechado, los multipropietarios concentran el stock y el alquiler turístico compite con el inquilino tradicional por el mismo inmueble. La conclusión que se impone en el análisis es incómoda: si el Estado no construye, si no libera suelo y si no toca la fiscalidad del ladrillo, precintar cuatro pisos en Ibiza será un gesto, no una política de vivienda.

¿Y si el problema no fuera el turista, sino que España lleva dos décadas tratando la vivienda como un fondo de inversión con tejado?