Tick Tock Langostos: Guerra al piso vacío en San Sebastián: eleva al 150% el recargo del IBI

Guerra al piso vacío en San Sebastián: IBI un 150% más caro​

Un piso cerrado en San Sebastián pagará desde enero un recargo del 150% en el IBI. Uno que se alquile a turistas, ninguno. La paradoja está escrita en negro sobre blanco en las ordenanzas fiscales que el Ayuntamiento de Donostia, gobernado por el PNV de Eneko Goia, ha aprobado para 2024: recargo del 150% para las viviendas deshabitadas —unas 1.500 en el municipio— y exención expresa para los pisos turísticos y los de estudiantes. Las dos categorías que algunos participantes señalan como motor de la tensión de precios quedan, precisamente, fuera del castigo. Bilbao ha movido ficha en paralelo con un recargo del 25% del IBI aplicado solo a los pisos turísticos. Cada consistorio grava lo que puede, no siempre lo que más molesta.

Cuánto sube el recibo y a quién alcanza​

El contexto importa para entender la escala de la medida. En el debate se afirma que San Sebastián es una de las capitales con el metro cuadrado más caro del país, en torno a 5.800 euros, y que el alquiler de un piso duplica el de Bilbao y Vitoria, las otras dos capitales vascas. Con esos precios, el propietario de una vivienda cerrada no vive del alquiler: vive de la revalorización del ladrillo.

El importe ayuda a calibrar el golpe. En un caso citado en la discusión —un piso en Bidebieta la Paz con una cuota de IBI de 183,07 euros—, el cálculo que circula en el hilo cifra en 91 euros el recargo del 50% vigente hasta ahora. Con el salto al 150%, el propietario pagaría 274,60 euros más al año y su cuota final quedaría en 457,67 euros. El desglose completo, partida a partida, deja una cifra que a muchos lectores les va a sorprender por lo pequeña.

El recargo que el propietario apenas nota​

Ahí aparece la primera grieta del relato oficial. Un recargo del 150% suena a expropiación y, traducido a euros, se queda en menos de lo que cuesta un mes de tabaco, según resume un participante. Hay quien sostiene que a un propietario con el piso cerrado le da exactamente igual pagar 183 o 457 euros: la medida no le cambia la decisión, solo le engorda la cuenta al ayuntamiento. Medida recaudatoria de un consistorio tieso, resumen quienes defienden esa lectura.

La réplica oficial es otra: por algún sitio hay que empezar, y el recargo es el peloteo previo al partido. Se sube poco a poco, primero un 50%, ahora un 150%. La duda es si el partido llega alguna vez.

Sin seguridad jurídica no hay oferta​

El segundo frente del debate no es fiscal, es procesal. La tesis que más veces reaparece es que las viviendas no saldrán al mercado por un recargo, sino cuando el propietario deje de temer al inquilino. Si no se siente seguro, pagará 1.500 euros de IBI en lugar de 1.000 y a otra cosa.

Las agencias públicas de alquiler son la prueba que se cita. Quien llama para ofrecer un piso se encuentra, según varios relatos, con que no quieren más vivienda: tienen muchas y lo que les falta son inquilinos solventes. La morosidad acaba cubierta con dinero público, según esas mismas versiones, y el propietario privado mira la escena desde la barrera. A eso se suma, según un participante, que los bancos ya no conceden hipotecas a 30 años, con lo que la compra como refugio de ahorro pierde parte de su sentido.

Zulos heredados y jubilados en el punto de mira​

Hay un tercer bloque de casos que el debate deja a la vista: pisos heredados, sin reformar desde hace décadas, que no se alquilan porque no cumplen condiciones mínimas. Y jubilados con pensiones modestas que necesitan la renta de un piso para llegar a fin de mes, en el mismo saco que el inversor con una cartera de inmuebles. Las generalizaciones sobre este colectivo son el punto más caliente de la conversación y también el más injusto: no todos los propietarios son grandes tenedores, y no todas las pensiones dan para dos vidas.

La corriente que pide vivienda pública sostiene que el objetivo debe ser ampliar el parque social, no castigar al vecino con un piso. La que exige intervención responde que el mercado no se corrige solo. Y en medio, el dato tozudo: la medida afecta a 1.500 viviendas en una ciudad donde el alquiler se ha convertido en un lujo.

¿Se puede gravar el piso vacío y librar el turístico?​

Esa es la pregunta que divide las aguas. La ordenanza exceptúa el uso turístico y el de estudiantes, y el argumento más repetido es que ahí está el origen del problema. El consistorio defiende que la regulación de los pisos turísticos es «equilibrada», en palabras de su alcalde, y que se trata de conciliar intereses contrapuestos. Con una cifra: 1.500 viviendas alcanzadas frente a un parque turístico que sigue operando con normalidad.

Si el recargo apenas mueve la aguja del bolsillo y el inquilino sigue siendo el riesgo que nadie quiere asumir, ¿qué cambia exactamente cuando el reloj marque enero?