El primer ministro sueco convoca al jefe del ejército para hacer frente a la delincuencia importada.

Suecia estudia implicar al ejército frente a la violencia de bandas​

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha convocado al jefe del ejército para estudiar cómo las fuerzas armadas pueden apoyar a la policía frente a una oleada de tiroteos y atentados que, en el mes de referencia, se ha cobrado una docena de vidas en todo el país, entre ellas adolescentes y transeúntes. La medida es insólita en un Estado que durante décadas se vendió como el paraíso del bienestar escandinavo. Que un gobierno tenga que plantearse sacar a los militares a la calle para combatir bandas no es un asunto estrictamente policial: es el acta de defunción de un relato.

Según se recoge en los mensajes del hilo, el mismo anuncio incluiría la construcción de cárceles para menores. Menos titulares, misma dirección: endurecer, ocupar espacio y hacer visible una presencia institucional que hasta hace poco se mantenía discreta.

Qué ha decidido el gobierno sueco y por qué es excepcional​

Apoyar con militares tareas de orden público es una medida poco habitual en Europa y muy poco habitual en Suecia. El ejecutivo lo admite sin eufemismos: se trata de implicar a las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia. El cuadro que describe el caso no es el de una banda aislada, sino el de una secuencia casi diaria de tiroteos y atentados repartidos por el territorio.

Nada de esto sale gratis en términos políticos. Un gobierno que autoriza soldados en barrios residenciales asume que la seguridad ciudadana pasa a ser su principal indicador de gestión. Y asume, de paso, que el discurso que hace una década se despachaba como alarmismo ha terminado escribiendo la agenda oficial.

¿Cuánto pesa realmente la inmigración en la violencia de las bandas?​

Una parte de la conversación pública sueca vincula el aumento de la criminalidad violenta con la llegada de población migrante y con la consolidación de redes criminales en barrios segregados. Los datos desglosados por origen que respaldarían esa tesis no aparecen por ningún lado; lo que sí aparece es una sucesión de episodios, víctimas adolescentes y una sensación de descontrol que ya casi nadie discute en el terreno de la percepción.

La calidad del diagnóstico importa por una razón muy práctica: de él depende la respuesta. Si el problema es policial, se resuelve con más agentes y mejores jueces. Si es social, exige otra cosa. Si es de control de fronteras, cualquier solución choca con el marco europeo y con la propia legislación sueca. Elegir mal el diagnóstico no sale barato.

Del «nunca pasa nada» al plan de implicar al ejército​

La evolución del relato es el dato más revelador. Según se recuerda en los mensajes del hilo, cuando se señalaba a Suecia como ejemplo de lo que podía salir mal con determinadas políticas migratorias, la respuesta oficial y periodística era tajante: allí no pasaba nada. Ese nunca pasa nada se sostuvo hasta que los tiroteos empezaron a ser casi diarios y, según los mensajes recogidos, el primer ministro compareció ante la nación para anunciar medidas excepcionales.

Hay quien sostiene que esta secuencia —crisis, shock, excepción— responde a un guion preparado de antemano y que lo que viene es un endurecimiento general de las libertades. Es una hipótesis que no se puede verificar con lo que hay sobre la mesa, pero explica por qué tantos leen el anuncio como el comienzo de algo y no como un simple refuerzo puntual. Otros, en cambio, responden con una pregunta incómoda: si en El Salvador se ha podido, ¿por qué no en Suecia?

¿Más impuestos y menos libertades?​

Todo despliegue militar tiene coste, y en un país con presión fiscal alta el coste se traslada a quien ya paga. Una de las lecturas que más se repite en el hilo apunta en la misma dirección: subida de impuestos para los contribuyentes que queden y una merma de derechos justificada por la seguridad. Es el patrón clásico, y no hace falta ir muy lejos a buscarlo.

Donde sí hay números, aunque sea para polemizar, es en el gasto social. Circulan listados de adjudicatarios de ayudas al alquiler que se usan para sostener que las prestaciones acaban concentradas en determinados colectivos; también hay quien recuerda que esas ayudas no son exclusivas de nadie y que su rastro se puede consultar en cualquier registro público. El desglose completo de esos listados —expedientes, titulares y cuantías— es el tipo de material que no cabe en un titular y que conviene mirar con lupa antes de sacar conclusiones.

El espejo salvadoreño y la tentación de la mano dura​

La comparación que más se repite en el hilo es la de El Salvador: supercárceles, expulsiones masivas y resultados visibles en la reducción de la violencia de las bandas. Es una analogía con letra pequeña. Suecia no es El Salvador, ni sus bandas operan con la misma estructura, ni el coste en derechos es equiparable. Pero la tentación de copiar el método sin copiar el contexto es la que está ordenando la conversación.

A España le miran desde la barrera. Un mensaje del hilo recoge la advertencia de un representante sindical policial que, en un congreso, sostuvo que el país va copiando punto por punto medidas ensayadas antes en Francia y en Suecia y que el resultado se vería con unos años de retraso. Si el aviso se cumple, está por ver.

Con estos mimbres, lo razonable es esperar un endurecimiento progresivo: más presencia militar, más reformas penales y más dinero público destinado a seguridad. Lo que nadie firma es el resultado. Los despliegues militares se retiran; las bandas que se han organizado en un territorio, rara vez.