Destituyen a Ensenada, el arquitecto del plan de exterminio del pueblo […]

La Gran Redada de 1749: un exterminio diseñado para ser rentable​

En 1749 la corona española puso en marcha una operación que no debía limitarse a detener y deportar a la población gitana del reino. Debía, además, ganar dinero con ella. El plan, atribuido al marqués de la Ensenada y respaldado por Fernando VI, preveía que el trabajo forzado de los detenidos amortizara el coste del propio operativo. La contabilidad de un exterminio, en sentido literal.

¿Qué fue la Gran Redada de 1749?​

La Gran Redada fue el operativo que, en la medianoche del 30 de julio de 1749 y por sorpresa, cercó los accesos a los barrios gitanos de las principales ciudades del reino. En los primeros días, la corona detuvo y deportó a un mínimo de 12.000 personas. La maniobra se había perfilado un año antes, en 1748, cuando Ensenada ya ejercía como primer ministro.

Tras la detención, las familias se separaron por edades. Las mujeres, las niñas y los niños de hasta ocho años acabaron en fábricas textiles de titularidad real, las Reales Fábricas. Los hombres y los niños mayores de ocho años fueron deportados a los astilleros reales. Unos y otros quedaron bajo el mismo régimen: trabajos forzados, maltratos e infraalimentación, agravada por la aparición de enfermedades.

El operativo se mantuvo activo durante cinco años. La estimación de víctimas mortales asciende a unas 20.000 personas de etnia gitana.

Por qué el plan debía autofinanciarse​

Aquí está el detalle que rompe el manual. La reclusión no buscaba solo castigar o hacer desaparecer: tenía que producir. El objetivo del régimen de trabajo era provocar la muerte después de generar un rendimiento económico para las arcas de la corona, con el que amortizar el gasto del propio operativo. Dicho de otro modo: el presupuesto de la operación se cubría con el trabajo de quienes iban a morir en ella.

La caída de Ensenada, en 1754​

En 1754, y a medianoche, un pelotón militar arrestaba y encarcelaba en Madrid a Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, primer ministro del reino desde 1748. El relato histórico sitúa el hecho 269 años atrás. Con su detención desaparecía el arquitecto del plan de 1749.

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De la sospecha de trampa al fondo histórico​

La recepción del asunto se dividió en dos tiempos. El primero fue de desconfianza: se extendió la idea de que el propio planteamiento funcionaba como una celada destinada a provocar comentarios denunciables. El segundo entró de lleno en el fondo. Ahí convivieron lecturas frontalmente críticas con el plan, alguna reivindicación de la medida junto al lamento por que quedara a medias, y dudas sobre la magnitud de las cifras.

El escepticismo encontró su argumento más concreto en la lógica económica. Si los reclusos debían amortizar el coste del operativo, ¿por qué matarlos de hambre justo cuando ya sabían trabajar? Es una pregunta razonable, aunque no desmonta el diseño documentado de la operación: autofinanciarse no exige que el negocio sea eficiente, solo que alguien lo intente.

También apareció una línea comparada. Se señaló que políticas de este tipo se aplicaron en otros países europeos, dirigidas a población gitana o judía, y se citó el caso de las esterilizaciones de mujeres gitanas en Suecia o Finlandia a comienzos del siglo anterior.

Qué se pregunta el lector​

Las dos preguntas que más aparecen tienen respuesta corta. La primera, cuántas personas fueron detenidas en total, choca con un dato que solo se ofrece como mínimo. La segunda, por qué cayó Ensenada cinco años después, queda sin explicación cerrada.