El fin de la prostitución: ¿o solo un golpe al mercado?

El PSOE registra la ley que persigue al proxenetismo​

Cerrar los prostíbulos de España no se consigue con una ley. O no solo con una. El PSOE ha registrado en el Congreso una norma para prohibir el proxenetismo y la ha envuelto en una frase que funciona como diagnóstico: «Hay demasiados prostíbulos en nuestro país». El anuncio llegó en forma de tuit, con la etiqueta de ley antiprostíbulos, y abrió una discusión que va bastante más allá del titular.

El objetivo declarado es el negocio: quien organiza, lucra o facilita la prostitución ajena. No la persona que la ejerce. Esa distinción, que sobre el papel parece obvia, se complica en cuanto la norma baja al suelo y toca locales, licencias y contratos de alquiler. Ahí empieza el problema real.

Qué prohibiría la ley antiprostíbulos​

Sobre el papel, el texto persigue al proxeneta, no a quien vende sexo. La lectura más repetida es que una norma así no acaba con la prostitución, sino que estrecha el mercado que la sostiene: menos locales, menos anuncios, menos oferta visible. Hay quien lo formula sin rodeos: no se está acabando con la prostitución, se está reduciendo el acceso al mercado.

El propio anuncio aporta el dato grueso y ninguna cifra fina. Se habla de «demasiados prostíbulos» sin concretar cuántos, dónde ni con qué licencia operan. Ese vacío es el que luego llena cada cual con su propia experiencia de carretera.

Si el proxenetismo ya era delito, ¿qué cambia?​

La objeción más inmediata es de manual: el proxenetismo ya está penado desde hace décadas, igual que la trata de seres humanos. Si ya era delito, ¿para qué una ley nueva? La respuesta que se maneja apunta al perímetro: no cambia la prohibición, cambia hasta dónde llega la responsabilidad de quien pone el local, cobra la habitación o prefiere no preguntar.

Ese matiz es el que convierte una ley aparentemente simbólica en algo con consecuencias económicas. Porque el negocio del sexo de pago no se sostiene solo sobre quien lo ejerce; se sostiene sobre una cadena de intermediarios que cobran sin mancharse.

El alquiler, el cuello de botella que nadie mira​

El efecto más citado no está en la calle, sino en los contratos. Si el propietario que alquila a sabiendas puede acabar imputado como proxeneta, la reacción natural del mercado es no alquilar. Y eso, según el relato que llega desde Cataluña, ya ocurre: hay propietarios que rechazan a grupos de mujeres jóvenes por el simple hecho de sospechar que allí se va a ejercer.

El resultado sería una mudanza hacia fórmulas más opacas: pisos ocupados, contratos cortos, intermediarios de conveniencia. Cuanto más se estrecha la vía legal, más se ensancha la que no lo es. No es una predicción exótica; es cómo funciona cualquier mercado que se prohíbe sin cerrar la demanda.

Hoteles, copas y habitaciones: el negocio camuflado​

Una parte del problema es de etiquetado. Un local con licencia de hotel que cobra por la habitación y por las copas no es, técnicamente, un prostíbulo. Tú pagas por la habitación, no por la chica, resume el argumento más socorrido: el negocio se factura como hostelería y así esquiva la foto fija que la ley persigue. Ocurre que esos establecimientos también entran en el punto de mira cuando la norma quiere apretar.

Y luego está la geografía. Hay quien se queja de la presencia de estos locales en tramos concretos de autovía, en la frontera entre provincias, y de que esa estampa sea lo primero que ve un visitante. También hay quien lo reduce a márketing turístico: sol, alcohol barato y oferta sexual accesible como reclamo de un modelo económico concreto.

El efecto que nadie admite: ¿sube la violencia sexual?​

Aquí el asunto se calienta. Una corriente sostiene que prohibir y esconder la oferta empuja a parte de la demanda a canales sin control, con peores condiciones para quien ejerce y más riesgo de agresiones. Otra añade que la falta de alternativas elevaría las agresiones sexuales en el conjunto de la sociedad. Ese segundo pronóstico no viene avalado por ninguna evidencia aportada en la discusión; es una hipótesis lanzada a futuro.

En el lado contrario, la lectura es distinta: una sociedad sin prostitución visible se considera más civilizada y avanzada, y el coste de esconderla se asume como parte del precio. Las dos posiciones comparten un mismo punto ciego: nadie sabe cuántos locales cerrarían de verdad.

La tesis de la burbuja sexual​

Hay una explicación económica que se repite con insistencia: la prostitución apenas tiene recorrido donde el sexo sin pagar abunda, y se dispara donde no. Se cita el caso de países en los que un joven encuentra pareja con facilidad y donde el burdel sería un residuo, no un sector.

El corolario es el de siempre: prohibir no elimina. La cocaína está prohibida y se vende igualmente en cualquier esquina. Con el sexo de pago ocurriría lo mismo, dicen, salvo que con menos luz y más intermediarios. Sobre esa base, el debate de fondo no es legal sino de demanda: mientras haya quien pague, habrá quien cobre.

Con la ley registrada y el trámite parlamentario por delante, lo razonable es esperar que el número de locales cambie menos de lo que promete el titular. Probablemente el negocio no desaparezca: se mueva. Dónde y a qué precio, eso todavía no lo sabe nadie.