La DUI duró 44 segundos: el independentismo como declaración de intenciones
El texto que proclamó la República Catalana como «Estado independiente y soberano» tuvo una eficacia real de
44 segundos, según recoge la Wikipedia. Su propio firmante, el president de la Generalitat, la suspendió antes de que se enfriara la tinta. Desde entonces, cada hito del procés ha seguido el mismo patrón: mucha declaración, cero consecuencias jurídicas. El acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura lo deja por escrito sin disimulo: ambas partes «reconocen sus profundas discrepancias» y constatan que se pueden alcanzar pactos «sin renunciar a las respectivas posiciones». Traducido: nadie se mueve, todos cobran.
Qué dice el pacto PSOE-Junts sobre el referéndum
El documento es un ejercicio de equilibrismo. Junts considera «legítimo» el resultado del
1-O y la declaración del
27 de octubre de 2017. El PSOE niega «toda legalidad y validez» a ambos y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral. Y con esas dos posiciones incompatibles, firman. El PSC lo repite sin complejos: no habrá referéndum y no se moverán de la Constitución. La mesa de diálogo, mientras tanto, es calificada por Junts de «vía agotada».
Hay quien sostiene que todo esto es una coreografía pactada para que cada parte cobre su relato. En contra pesa un dato: los acuerdos se firman, se publican y se ejecutan en lo que sí importa —traspasos, financiación,
amnistía— mientras el objeto declarado del conflicto, la independencia, sigue exactamente donde estaba en 2017.
El traspaso de Rodalies o cómo discutir por la letra pequeña
Junts ha pedido la comparecencia de Aragonès por aceptar el «engaño» del traspaso de Rodalies. Su tesis: si la gestión va a una empresa de titularidad mixta, no hay transferencia «integral y total». ERC, en cambio, quiere dilatar la tramitación para torpedear un regreso rápido del expresident que le permita presentarse a las elecciones catalanas. La CUP lo llama directamente «pacto de rendición». Los CDR piden movilizaciones porque «ni pactos ni renuncias». Cada cual defiende su parcela con la misma energía con la que antes defendía la república.
La CUP y los CDR: los últimos que se lo creen
ERC y Junts rechazaron la nueva ley de referéndum que quería impulsar la CUP. El partido anticapitalista acusa a los dos grandes de abandonar la independencia. Los Comités de Defensa de la República consideran que «la movilización debe persistir, más organizada y numerosa para seguir empujando a la clase política y seguir desestabilizando al Estado». Es la paradoja final: quienes más ruido hacen son los que menos poder tienen, y quienes gobiernan ya han convertido la independencia en un tema de gestión.
El objetivo real: concierto económico y menos ruido
Hay quien sostiene que la independencia nunca fue el fin, sino la palanca. El PNV insiste en que Pujol y Roca no quisieron asumir el riesgo del concierto económico. Según un cálculo que circula en el foro, la excepción catalana en la LOFCA permitiría a la Generalitat quedarse con el
100% de los tributos pagados en Cataluña. Ese sería el premio que sí se cobra. Mientras, el relato oficial se desmorona por el flanco económico: el procés ha condenado a Cataluña a la cola de crecimiento entre las grandes autonomías, con casi tres puntos menos que la Comunidad de Madrid en términos de población.
El coste social que nadie firma
El
26,7% de los barceloneses ha sido víctima de un delito en 2022, según los datos que circulan. Más del
73% de los delitos quedan impunes. La Generalitat culpa a la inmigración de los malos resultados del informe PISA, con Cataluña a la cola de España y el peor nivel en lectura desde 2006. La alcaldesa de Ripoll inicia una gira contra la «invasión» migratoria. Las tres crisis del Govern de Aragonès se resumen en una frase que circula: «Sin agua, a oscuras y los niños no saben leer, escribir ni sumar».
¿Cuánto tiempo puede sostenerse un relato que ya no promete nada y solo gestiona lo que queda?