El PSOE contactó con narcotraficantes para que actuaran contra la juez instructora del caso del hermanísimo.

La jueza Biedma señala al narco en la trama contra ella​

Un escrito de la jueza de instrucción de Badajoz, Beatriz Biedma, sostiene que la «cloaca» atribuida al PSOE contactó con clanes de narcotráfico «con la finalidad de comprometer su seguridad personal por razón del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales». La pieza se difundió el 16 de septiembre de 2026 y la jueza ha pedido personarse como acusación en el caso cloacas tras ponerse en riesgo su integridad. No es una denuncia de trámite: es una instructora apuntando a la red que, según las informaciones publicadas, intentó torpedear la causa en la que resultó condenado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Primero los hechos. Después, el edificio de conclusiones que ya se ha levantado encima.

Qué causa instruía Beatriz Biedma antes del caso cloacas​

Antes de que su nombre apareciera en las cloacas, Biedma firmó la instrucción contra David Sánchez. La condena quedó fijada en dos años de inhabilitación, una cifra convertida en munición en la conversación pública: hay quien sostiene que el castigo fue liviano y que el lío real está en que el condenado no era funcionario, lo que complica cualquier reclamación de cantidades cobradas. La trama que el escrito sitúa en el punto de mira está liderada, según Vozpópuli, por Leire Díez, exmilitante socialista fotografiada a la salida del aparcamiento de la Audiencia Nacional el 13 de diciembre de 2025.

El clan colombiano de los Rochos y la seguridad de la jueza​

El escrito habla de clanes del narcotráfico y las informaciones difundidas apuntan a uno concreto: el clan colombiano de los Rochos, una familia marcada por tiroteos y asesinatos en la provincia de Badajoz. Lo llamativo no es la coacción procesal al uso —un recurso, una recusación, un escrito de parte—, sino la finalidad que se le atribuye: que la jueza se sintiera sola, señalada y vulnerable en su vida diaria, no solo en su juzgado. Sobre esa sospecha se ha construido ya una etiqueta política completa. Y una etiqueta no instruye nada.

Plus Ultra, Delcygate y el audio «como un calcetín»​

Quien quiera encajar la pieza en una serie tiene material a mano. El traslado de «dinero, drogas y material peligroso» entre Guinea y España en maletas facturadas a pasajeros sin su conocimiento que la prensa atribuye a Plus Ultra. Las «gratificaciones» que el comisario de Barajas habría recibido del llamado Grupo Zapatero por facilitar negocios ilícitos en el marco del Delcygate. O el audio de la presidenta del PSOE reconociendo ante un juez que querían dar la vuelta a los casos judiciales «como un calcetín». Son piezas distintas, de causas distintas, y juntarlas no demuestra nada. En la dirección opuesta circula el argumentario contrario: el narcotráfico como etiqueta pegada a cualquier dirigente de izquierdas, un recurso ya muy trabajado años atrás en varios países latinoamericanos.

La sospecha que no se puede esquivar en ninguna dirección​

Hay una corriente que no se fía de nadie y sostiene que las dos grandes formaciones se reparten el mismo traje: los escándalos que tardan años en llegar al Congreso, la complicidad en Europa y las mociones de censura que nunca alcanzan los votos. Otra mira a los ochenta: la desindustrialización, la entrada en la entonces CEE y la heroína que arrasó los barrios obreros, con la pregunta de si todo aquello fue casualidad. Ninguna de las dos hipótesis cabe en un juzgado. Y ninguna se puede enterrar del todo.

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El escrito está sobre la mesa, la jueza ha pedido ser acusación y el relato corre más rápido que la instrucción. Si hubo contacto con un clan criminal, alguien tendrá que acreditarlo con algo más que una filtración. Si no lo hubo, la bola seguirá rodando igual, porque la causa del hermano y la guerra política llevan tiempo fundidas en un solo procedimiento. Ahí se atasca el análisis: pendiente de una resolución que concrete lo que hoy es, únicamente, una afirmación contenida en un escrito.