Cuatro agentes para apagar un altavoz en el Tierno Galván
En Madrid no se puede bailar en un parque con altavoz. Eso aprendieron una veintena de mujeres con ropa de ejercicio, a
39 grados a la sombra, cuando dos coches de la Policía Municipal entraron en el anfiteatro del parque Enrique Tierno Galván y les cortaron la clase de zumba. La normativa no prohíbe el baile. Prohíbe la megafonía sin autorización y la ocupación del espacio público con beneficio económico. La distancia entre una cosa y la otra son
cuatro euros por clase.
¿Por qué no puede darse una clase de zumba en un parque público?
La explicación oficial cabe en una frase: cualquier actividad que repercuta en un beneficio económico en la vía pública necesita autorización para ocupar el espacio. Aquí el beneficio son cuatro euros por clase. A eso se añade que la megafonía entra en el ámbito de la
ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, que exige permiso municipal y otras obligaciones para los organizadores. Las instructoras sostienen que pidieron la autorización dos veces a la Junta Municipal de Arganzuela y que nunca obtuvieron respuesta. «Hemos seguido haciéndolo porque creemos que producimos un beneficio a la gente», defiende Ana Córdoba, una de las tres monitoras del grupo.
El despliegue fue de dos patrullas: una bajó al escenario improvisado, otra flanqueó la salida desde arriba. Cuatro agentes para un altavoz. Algunos vecinos, desde lejos, les gritaban que las dejasen en paz.
El doble rasero del anfiteatro: festivales de 45 euros y campañas electorales
El mismo recinto que la Policía desalojó un martes por la tarde ha estado
cerrado un mes por la tanda de festivales privados que allí se celebran, entre ellos el Tomasvistas, con entradas a
45 euros. Durante esas semanas, media parte del parque quedó clausurada, el césped arrasado y los vecinos arrinconados en los miradores para pasear al perro o hacer ejercicio. Ese mismo escenario acoge ese mismo viernes el cierre de campaña de Sumar, con Yolanda Díaz. Y el Brunch in the park, de música electrónica, inhabilita el parque para el uso público cuando aterriza.
De ahí sale el argumento más repetido en la calle: lo que cuesta dinero, sí; lo que es de tranquis, no. Lucía Quiroga, que acude los domingos con su pandilla, lo resume así: «Cosas que cuesten pasta, sí, pero una actividad de tranquis, no». Ella habla de grupos de hasta
100 personas los fines de semana, y de entre 20 y 30 entre semana. Las clases son martes, jueves y domingos, y vienen de la pandemia, cuando un grupo de profesores de zumba trasladó al aire libre lo que antes era virtual.
El ruido: el conflicto que nadie mide
Aquí el asunto deja de ser jurídico y se vuelve cultural. En España el ruido ajeno se sufre como un impuesto y quien se queja carga además con el sambenito de aguafiestas. Quienes respaldan la actuación policial sostienen que no son cinco personas con un casete: son decenas con un altavoz a todo volumen, tres días por semana, y que hay gente que duerme de día por motivos de trabajo. La instructora lo niega con un dato de oído: «No se escucha la música hasta que no coronas el anfiteatro».
Sin sonómetro no hay cifra, y sin cifra todo el mundo tiene razón. La Policía Municipal asegura que acude siempre tras una queja y que, si los organizadores tienen autorización y un tercero se queja igualmente, habría que hacer mediciones acústicas para comprobar si se superan los decibelios permitidos. Nadie ha medido nada en el Tierno Galván.
¿Se puede bailar con cascos para no molestar?
Es la propuesta que un agente hizo allí mismo y la que más ha circulado después. Córdoba la rechaza: los auriculares «te aíslan y lo que pretenden precisamente es sacar a la gente de ahí». En el foro hay quien plantea que cada participante se conecte a un mismo móvil por bluetooth para bailar sin amplificar un solo vatio, y un usuario asegura que en el Retiro ya lo hacen con cascos. La fórmula tiene su trampa: si cada participante se dispersa cien metros, el resultado puede ser un goteo de músicas simultáneas en lugar de un único foco localizable.
El grupo de Arganzuela lleva desde la pandemia juntándose en el mismo anfiteatro. Entre las asistentes hay un consenso que trasciende el baile: «Somos todas mujeres del barrio», cuenta Quiroga, que recuerda que después de la clase muchas se quedan a tomar una cerveza y que de ahí han salido amistades nuevas. Una de cada dos semanas, la clase se corta.
Lo que viene
Con la autorización sin resolver, el altavoz encendido y las quejas sin medición, lo previsible es que el grupo vuelva el próximo domingo y que alguien vuelva a llamar. Si la respuesta administrativa sigue tardando lo mismo que hasta ahora, la convivencia en ese anfiteatro seguirá decidiéndose por un criterio mucho menos técnico: quién marca antes el número de teléfono. Mientras no haya una cifra de decibelios sobre la mesa, la ley no bastará para cerrar la discusión, y el sentido común tampoco.