La ministra de sanidad asegura que la sanidad pública está preparada para absorber a los funcionarios de muface

Muface a la pública: el cálculo que no cuadra​

La ministra de Sanidad sostiene que la sanidad pública está preparada para absorber a los mutualistas de Muface. El dato que desmonta media discusión: según los números que maneja el propio sistema, en torno a 1,5 millones de personas están adscritas a Muface y de ellas 1.007.322 han elegido aseguradora privada, mientras que un 32,7% ya recibe asistencia a través del Sistema Nacional de Salud. Es decir, el trasvase real no es de millón y medio de pacientes nuevos, sino de algo más de un millón. La diferencia entre las dos cifras es la primera trampa del relato.

El segundo problema es que las aseguradoras no quieren el contrato. Adeslas, Asisa y DKV son las tres que prestan el servicio, y el concierto está en el aire. Si ninguna firma, el mutualista cae a la pública por defecto. La discusión se ha llenado de cuentas cruzadas: cuotas de unos 50 euros mensuales, coste por mutualista, listas de espera que ya se miden en meses.

Cuántos mutualistas pasarían realmente a la sanidad pública​

El desglose desmonta la cifra redonda que circula. De los mutualistas de Muface, un 67,3% está en aseguradoras privadas y el tercio restante ya está en el sistema público. El impacto por comunidades tampoco es uniforme: Ceuta (5,27%) y Melilla (5,13%) encabezan la presión, seguidas de Castilla y León (3,12%), Extremadura (3,02%) y Andalucía (2,94%). En el otro extremo, País Vasco (0,65%), Navarra (1%) y Cataluña (1,20%) apenas notarían el golpe. Madrid se queda en un 2,24% y la Comunidad Valenciana en un 2,23%.

Hay quien sostiene que el trasvase es manejable precisamente por ese tercio que ya está dentro. En contra pesa el argumento de que la red ya opera al límite y que sumar pacientes sin sumar recursos es una forma elegante de romperla. El cálculo completo, comunidad a comunidad, deja porcentajes que sorprenden por lo desigual.

El coste real: cuotas, conciertos y quién paga la fiesta​

La cuota media que paga un mutualista ronda los 50 euros al mes o menos, una cifra que el sistema público no cubriría con ese dinero. Ese es el nudo del asunto: si el mutualista entra en la pública, alguien tiene que poner la diferencia. Y ese alguien es el contribuyente.

La otra pata es el modelo. Muface no es sanidad privada pura: es un concierto con aseguradoras que a su vez derivan a la red privada. Los médicos del propio sistema han planteado romper con las aseguradoras y concertar directamente con hospitales y profesionales, argumentando que sería más barato y de mayor calidad. La propuesta, recogida por ABC, apunta a un modelo de prestación directa que eliminaría al intermediario.

Por qué las aseguradoras se están bajando del barco​

El problema no es solo Muface. Las empresas están revisando sus propios seguros de salud: el 83% ofrece cobertura a sus empleados, pero solo el 48% asume el coste íntegro, cuando en 2021 lo hacía el 55%. El 17% restante ni siquiera paga nada y se limita a ofrecer descuentos. La tendencia es clara: el seguro de salud como beneficio laboral se está desmontando por el lado del que paga.

Si las empresas privadas están recortando, el concierto público con aseguradoras no va a ser más generoso. La pregunta que flota es si el Estado terminará pagando más por el mismo servicio o si, simplemente, dejará de pagarlo.

El agravio comparativo: ISFAS, MUFACE y Mugeju​

La comparación entre cuerpos es inevitable. La Guardia Civil tiene ISFAS, los jueces y personal de justicia mantienen Mugeju, y la Policía Nacional y los funcionarios civiles dependen de Muface. La pregunta que se repite: por qué unos sí y otros no. La respuesta oficial es que la Guardia Civil es un cuerpo militar y la Policía Nacional no, pero eso no cierra la herida.

Hay quien recuerda que desde 2011 los mutualistas están incluidos en el Régimen General a efectos de pensiones, aunque mantienen la elección anual de asistencia sanitaria. Esa elección anual es, precisamente, lo que el nuevo modelo podría eliminar: pasar a una elección única y definitiva. El argumento oficial es tener un cálculo más fiable del coste. El efecto real sería que muchos se quedarían en la pública para siempre.

El trasfondo político: reventar la sanidad para señalar al PP​

La lectura política del movimiento es explícita en muchos análisis: con el PP gobernando varias autonomías, inyectar pacientes en la sanidad pública sin aumentar recursos deja al adversario la patata caliente de las listas de espera. El modelo se aplicó en Madrid contra Ayuso y ahora se escala.

La ironía es que los principales perjudicados serían los propios funcionarios, un colectivo con fama de votar a la izquierda. Disfrutar lo votado, resume el resquemor. Y en el fondo, la pregunta incómoda: si el sistema público es tan bueno, por qué la propia ministra no se trata en él.

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El punto exacto donde el análisis se atasca: nadie ha explicado todavía cómo se financia el trasvase sin subir impuestos ni recortar servicios. Y sin esa cifra, todo lo demás es literatura.