Los extranjeros con pasta están comprando España

El capital extranjero que compra vivienda para alquilarla​

Un piso pequeño de un dormitorio en un barrio obrero, cerca de una parada de metro. Sale al mercado y desaparece en poco tiempo: lo compra un inversor de fuera que no va a vivir ahí. La vivienda pasa a ser alojamiento turístico y el siguiente inquilino español que llame a esa puerta no encontrará nada parecido por lo que gana. El patrón se describe en Málaga, en Alicante, en Canarias y en Madrid, donde el alquiler turístico se ha extendido.

Qué se compra y para qué: la vivienda como activo turístico​

El diagnóstico que recorre estas conversaciones no culpa solo a la llegada de población: señala a los compradores con capital que adquieren pisos no para residir, sino para explotarlos como alquiler vacacional a través de las plataformas digitales. El efecto sobre el comprador local es directo, porque compite con alguien que puede pagar más y que recupera la inversión con rentas de corta estancia.

La queja no es nueva. En Málaga llevan más de 20 años comprando extranjeros, y quien lo recuerda sostiene que ahora está mucho peor: más inseguridad, peores servicios públicos y un coste de vida que se ha multiplicado por cuatro en dos décadas. La novedad no es el comprador, es la escala y el radio de acción.

Ese radio lo ilustra la extensión del metro hasta el centro de Málaga. Barrios obreros con pisos viejos entran de golpe en el mapa del visitante, y el inversor compra ahí porque sale más barato y el turista llega en pocos minutos. El resultado es una tensión de precios sobre zonas deterioradas, con infraestructuras débiles y problemas sociales ya de por sí serios.

Canarias, Alicante, Madrid: el mismo patrón con otro nombre​

En Canarias el fenómeno tiene una forma muy concreta: los pisos más demandados son los pequeños, precisamente los que le servirían a un joven para emanciparse, y desaparecen del mercado en cuestión de segundos para colocar a una pareja viajera. Sobre ese suelo, la administración autonómica mantiene campañas para atraer jubilados europeos y nómadas digitales.

En Canarias se añaden otras piezas: hoteles orientados al turismo sanitario y de rehabilitación en Tenerife, y ayuntamientos que permiten convertir locales comerciales y oficinas en viviendas. En Alicante la presión se describe en términos parecidos. Y en Madrid el vector es otro: la captación activa de fondos de inversión internacionales, con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, defendiendo en Nueva York que invertir en la región es invertir en calidad de vida, en un almuerzo de trabajo con gestores de fondos.

El origen del dinero: la sospecha que nadie cuantifica​

Junto al comprador europeo de renta alta, una parte del análisis sostiene que aterrizan capitales de procedencia opaca y que apenas se comprueba el origen de los fondos. Es una acusación vieja y repetida, pero conviene ser preciso: no consta cuantificación alguna. Sin datos que la dimensionen, se queda en sospecha sobre la que nadie ha abierto una estadística.

La contra: «el problema es que en España somos pobres»​

La objeción más incómoda no niega el fenómeno, niega el diagnóstico. Si el problema fuera el comprador extranjero, bastaría con cerrarle la puerta; si el problema es la renta media española, cerrarle la puerta solo encarece lo que ya no podemos pagar. Con ese argumento se avisa de que la receta que se pide a gritos —más intervención, más regulaciones, más prohibiciones— es exactamente la que mantiene bajo el poder de compra.

Añaden otro matiz: los que tienen dinero compran en todas partes, españoles incluidos, y muchos de ellos lo hacen fuera de España. Y una advertencia sobre el espejo: en los noventa los españoles veraneaban en países cuyos habitantes eran más pobres; hoy el pobre frente al turista es el español. El país convertido en la Tailandia de Europa, en palabras que circulan por la conversación.

Qué se propone: impuestos al alquiler turístico y más suelo​

La vía fiscal es la más mencionada: desincentivar el alquiler vacacional con IRPF e IBI más altos, para que el propietario que quiera hacer negocio con la vivienda pague por ello y el ayuntamiento ingrese algo. La traba es comunitaria: se apunta que la normativa europea impide subir el IBI a las viviendas que no sean habituales o sin acreditar alquiler de larga estancia.

Enfrente, la tesis de la oferta: liberalizar suelo, sostener que por decreto se pueden levantar millones de viviendas y recordar que la intervención estatal fue la palanca de economías asiáticas. Y una advertencia de volatilidad: el día que el queroseno suba y el vuelo low cost de 15 euros deje de cuadrar, el negocio se deshincha solo.

El metro llega al centro, el piso del barrio obrero se convierte en alojamiento turístico y el joven que quería mudarse sigue en casa de sus padres. La cifra que mejor resume el asunto no sale en ningún informe oficial: cuatro veces más caro en veinte años, según el balance de quien lleva décadas mirando el mismo mercado.