Pagarán los ricos: los coches ECO que gastan 10 litros y sí circulan
¿Por qué un todocamino de tres toneladas y 18 litros a los 100 km puede seguir entrando en el centro de Madrid mientras un diésel que gasta 4,3 litros se queda en la puerta? La respuesta oficial se llama distintivo ambiental. La que da el sentido común no cabe en un folleto.
La clasificación vigente no mide el consumo real, sino la tecnología con la que está construido el vehículo. Cualquier coche con hibridación —incluida la llamada
hibridación ligera, que en la práctica no lo mueve ni un metro en modo eléctrico— accede a la etiqueta ECO. El resultado, según se sostiene en este debate, es un mercado en el que el distintivo se compra: se citan vehículos homologados como ECO que superan los 10 litros a los 100 km y que cuestan más de 130.000 euros.
¿Por qué un híbrido de 130.000 euros tiene etiqueta ECO y un urbano de 1.000 cc no?
Porque la norma premia el sistema de propulsión, no el resultado medioambiental. Un urbano de gasolina de 1.000 cc se queda en la etiqueta C, y un diésel que gasta 4,3 litros —que un participante presenta como más eficiente que la mayoría de los vehículos autorizados— tampoco pasa de ahí, por mucho que tenga la ITV en regla y la documentación al día.
Ahí está el nudo del asunto. El criterio administrativo separa al dueño de un utilitario diésel del dueño de un SUV híbrido, y no lo hace precisamente por lo que contamina cada uno. La conclusión que se repite es que se está premiando al que puede permitirse la etiqueta y castigando al que no:
circo, lo llaman, con el argumento de que el listado de coches autorizados incluye modelos de consumo de dos dígitos.
Las multas como negocio: el cálculo de 20 millones en un mes
Hay quien sostiene que el objetivo real no es reducir emisiones, sino renovar el parque automovilístico a base de sanciones. Un cálculo que circula en este asunto sitúa la recaudación municipal por multas ligadas al CO2 por encima de los
20 millones de euros en un solo mes, con los conductores de los municipios del extrarradio como principales pagadores. Es una estimación sin verificar, y así hay que leerla.
La otra lectura es más incómoda: la medida obliga a comprar coche nuevo a quien no puede, y quien no puede comprarlo paga igual. La tesis de fondo es que el coche particular se está convirtiendo en un lujo reservado a minorías, no por una prohibición explícita sino por un filtro económico de normas, tasas y sanciones. Es un patrón que ya se ha visto en otros ámbitos: no se prohíbe, se encarece hasta que la mayoría se aparta sola.
El problema de fondo: la oficina se mudó al lado del chalé del jefe
El transporte no se arregla cambiando de etiqueta, y hay un dato de estructura que se repite: los puestos de trabajo se concentran donde vive y trabaja la dirección. En la práctica, un trabajador del extrarradio puede encadenar dos o tres horas diarias entre la M30 y la M40 mientras el responsable de su empresa tarda diez minutos en llegar, y solo los días que pasa por la oficina.
Se relata incluso el caso de un traslado al revés: cuando la esposa del dueño, con puesto administrativo en la empresa, tuvo un hijo, los cuarenta minutos de trayecto al centro se hicieron insoportables. La sede se movió junto a la urbanización de chalés donde vivían sus propietarios y todos los demás empleados pasaron a comerse tres horas de transporte público al día. La moraleja es difícil de discutir: quien decide dónde está la oficina decide cuánto tiempo pierde el resto.
Londres y Oslo: peaje para todos, sin etiquetas de por medio
Las comparaciones internacionales que aparecen en la discusión van en la misma dirección. En Londres y en Oslo se optó por un peaje directo para todos los que entran en la zona restringida, sin disfrazarlo de etiqueta tecnológica. El resultado, vienen a decir, es menos hipócrita: se aparta a quien no puede pagar el acceso, pero se hace a la vista de todo el mundo y sin fingir que se salva el planeta.
En el tramo final de la conversación asoma también la advertencia, sin confirmar, sobre una normativa europea que dificultaría reparar vehículos usados y empujaría al consumidor hacia la compra de uno nuevo. Encaja con la tesis general que atraviesa el asunto: el objetivo declarado es el clima; el efecto observable, concentrar recursos en quien tiene dinero mientras el ciudadano medio pierde capacidad de moverse.
¿Ha servido de algo la restricción? El tráfico no se ha notado
Aquí las posturas se separan con datos de la calle. Una parte asegura que Madrid sigue imposible a todas horas y que la limitación no se ha notado en absoluto: el mismo atasco, las mismas colas, la misma sensación de que el aire no cambia por mucha etiqueta que se pegue en el parabrisas.
Frente a eso, otro testimonio apunta a un efecto colateral muy distinto: un recorrido por la capital permite comprobar que casi todas las matrículas vistas son de las series más recientes, con las letras más antiguas cada vez más escasas. Si eso se confirma, la medida no ha reducido el número de coches, ha acelerado el reemplazo del parque móvil. Madrid tendría así uno de los parques automovilísticos más nuevos del país, con el coste que eso supone para las familias que han tenido que financiarlo.
El eslogan de campaña y el escudo social
La política aparece en segundo plano, pero aparece. Se recuerda la promesa electoral de acabar con Madrid Central y el giro posterior, y se subraya la coincidencia entre quienes denuncian las restricciones desde la oposición y quienes las mantienen desde el gobierno. La etiqueta ha dejado de ser un asunto técnico para convertirse en munición de campaña.
También circulan las acusaciones de que ciertas normas se diseñan pensando en los coches oficiales y en quien las redacta, y de que existe un clasismo de manual en todo el diseño del sistema. Son afirmaciones que se lanzan sin pruebas y que, formuladas como acusación cerrada, no resisten el escrutinio. Como descripción de un malestar, en cambio, explican bastante bien por qué el asunto enciende a tanta gente. Con estos mimbres, lo sorprendente no es que la etiqueta ECO haya generado polémica: es que alguien siga pensando que el distintivo mide el aire que respiras.